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Opinión
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COLUMNA DE OPINIÓN
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La descalificación del ministro Poduje al presidente Javier Milei es un punto de inflexión. El Gobierno ha tenido episodios de indisciplina comunicacional y polémicas por falta de capacidad de conducir la acción comunicacional. Pero la conducta gratuita e irreverente del ministro ocurre en medio de tensiones estratégicas entre Chile y Argentina, afecta una relación presidencial que podía servir como mecanismo de contención ante las tensiones y abre interrogantes acerca de los incentivos políticos que quizás busca uno de los ministros mejor evaluados del gabinete y que podría llevar este impasse a una sospecha de una jugada política y no de un exabrupto. La cuestión ya no es solamente qué dice un ministro, sino cuánto riesgo puede introducir en asuntos que trascienden por completo su responsabilidad sectorial.
El gobierno de José Antonio Kast ha tenido problemas recurrentes con sus vocerías. Pero el diagnóstico sería insuficiente si se redujera a las dificultades de quienes han desempeñado formalmente la función de portavoz. El problema es más amplio: no parece existir una doctrina comunicacional suficientemente unificadora ni mecanismos eficaces de contención de las aventuras narrativas emprendidas por los propios integrantes del gobierno.
Esto ha producido una sucesión de controversias y contradicciones que han obligado al Ejecutivo a dedicar parte importante de sus energías a resolver problemas creados por sus propias autoridades. El caso de Mara Sedini fue la primera manifestación visible de esta situación. Sus declaraciones sobre las conversaciones previas al nombramiento de Trinidad Steinert, la controvertida caracterización del Estado como un organismo en quiebra y sus dificultades para enfrentar preguntas sobre asuntos institucionales fueron debilitando su posición hasta su salida, el 19 de mayo.
Pero sustituir a la vocera no significó resolver el problema. La dispersión de las comunicaciones entre ministros y autoridades del Segundo Piso produjo nuevas dificultades de coordinación. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, terminó asumiendo una responsabilidad comunicacional que lo expone permanentemente a controversias. Incluso el presidente ha debido intervenir para rectificar versiones o definir públicamente cuál es, finalmente, la posición de su administración.
La propia prensa ha advertido sobre esta situación. En septiembre, una editorial de La Tercera abordó expresamente las dificultades para construir una voz gubernamental unificada, observando las contradicciones entre ministros y la necesidad de que Kast aclarara personalmente asuntos que deberían haber sido resueltos por sus equipos.
Existe aquí un problema que trasciende la comunicación. Un gobierno puede tolerar distintas sensibilidades, perfiles y estilos individuales. Lo que no puede hacer sin pagar costos es permitir que cada ministro actúe como un centro autónomo de producción de posiciones políticas.
Porque los ministros no son comentaristas de la actualidad. Sus palabras tienen consecuencias institucionales y, en ciertas materias, pueden afectar intereses que exceden ampliamente su ámbito de competencia.
En política, a las dificultades que se originan sin presión externa suficiente para explicarlas se las puede denominar como en el tenis, esto es, “errores no forzados”. Son especialmente costosos porque no responden a conflictos inevitables ni a decisiones sustantivas que deban asumirse. El gobierno los produce y luego debe invertir autoridad, tiempo y capital político en resolverlos.
Sin embargo, no todos los errores no forzados tienen la misma gravedad. Y ninguno de los episodios comunicacionales examinados del gobierno parece haber acumulado simultáneamente tantos factores de riesgo como las declaraciones de Iván Poduje sobre Javier Milei.
El 16 de octubre, en el foro empresarial «Conoce a tu ministro», organizado por Icare, el ministro de Vivienda defendió la importancia de la inversión pública en infraestructura.
Su planteamiento económico tenía coherencia interna. La infraestructura puede contribuir a reducir costos logísticos, mejorar la productividad y facilitar el funcionamiento de los mercados. Es perfectamente legítimo que un ministro chileno defienda esas inversiones y cuestione las políticas de un gobierno extranjero que propone restringirlas, aunque la crítica al país vecino es forzada pues su modelo de gestión de vivienda nadie lo ha reivindicado para Chile.
Lo cierto es que, detalles más o detalles menos, Poduje decidió dar un paso adicional.
Después de calificar como una «tontera» la posición de Milei frente a la obra pública, afirmó que el mandatario argentino estaba «cada vez más loco». La primera es una imputación insultante, aunque en el fondo podría considerarse todavía sectorial, incluso considerando que ya era impertinente el tono. Pero la segunda referencia ya no tiene bordes analíticos que permitan excusarla.
Con esa frase, una discusión económica se transformó en un agravio personal a un jefe de Estado extranjero.
Las consecuencias internas fueron inmediatas. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, cuestionó la imprudencia del ministro y advirtió sobre el riesgo de afectar las relaciones con Argentina. Parlamentarios libertarios reclamaron disciplina gubernamental. Poduje terminó ofreciendo disculpas y el propio presidente Kast, desde Bolivia, lamentó las expresiones y aseguró que no volverían a repetirse.
El episodio podría interpretarse como otra manifestación del estilo confrontacional del ministro. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente.
La gravedad de una declaración política no depende solamente de su contenido verbal. También depende del contexto en que se produce, de los intereses que puede comprometer y de la utilidad que persigue.
Y el caso Poduje reúne tres circunstancias que lo diferencian de una controversia comunicacional ordinaria.
Chile y Argentina no se encuentran en una situación de enfrentamiento abierto, pero sí administran controversias estratégicas delicadas en el extremo austral.
El Estrecho de Magallanes, las interpretaciones argentinas sobre sus espacios marítimos, las relaciones comerciales con las islas Malvinas y los intereses económicos y geopolíticos asociados a la proyección austral constituyen asuntos de considerable sensibilidad.
Estas controversias tienen, además, una historia larga. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 resolvió una crisis que había situado a ambos países peligrosamente cerca de un enfrentamiento militar. Su importancia no reside solamente en haber permitido superar aquel conflicto, sino en haber establecido un marco jurídico de estabilidad cuya preservación sigue siendo fundamental.
En ese contexto, la reactivación de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Malvinas introduce nuevas complejidades. El proyecto contempla el transporte de mercancías desde Chile hacia las islas mediante una conexión marítima que puede facilitar el abastecimiento y ampliar las oportunidades económicas de Magallanes. Desde la perspectiva argentina, sin embargo, existen inquietudes sobre sus eventuales vínculos con la explotación de hidrocarburos en territorios cuya soberanía reivindica Buenos Aires.
La situación adquirió una dimensión particularmente sensible cuando, el 8 de octubre, Bío Bío Investiga publicó antecedentes atribuidos a fuentes de inteligencia chilenas acerca de un posible «evento crítico» relacionado con el futuro zarpe del buque Danstar hacia las Malvinas.
La investigación mencionaba la eventualidad de un incidente con autoridades marítimas argentinas. Se trataba de una advertencia sobre un escenario posible, no de un hecho consumado. Posteriormente, el canciller argentino Pablo Quirno descartó acciones militares contra la embarcación y expresó una preferencia por la vía diplomática. Precisamente esa diferencia entre riesgo y materialización resulta fundamental.
El asunto había adquirido suficiente relevancia como para que el senador Alejandro Kusanovic solicitara una sesión secreta destinada a revisar los antecedentes. El parlamentario sostuvo que había advertido a autoridades del gobierno sobre las posibles consecuencias diplomáticas de la conexión comercial con las Malvinas.
Todo esto ocurría antes de las declaraciones de Poduje.
Es decir, el ministro se permitió descalificar personalmente al presidente argentino cuando existían advertencias públicas sobre posibles incidentes bilaterales relacionados con asuntos estratégicos. No es necesario suponer que Poduje conociera los antecedentes reservados de inteligencia. Basta constatar que las tensiones eran públicas y que el gobierno disponía de información sobre la sensibilidad del momento.
La imprudencia adquiere una dimensión particular porque una controversia personal entre autoridades podía añadir tensión a un escenario que ya requería cautela.
Las relaciones entre Estados no se explican exclusivamente por las simpatías ideológicas de sus presidentes. Chile y Argentina pueden tener mandatarios políticamente próximos y, al mismo tiempo, mantener intereses nacionales diferentes, incluso contradictorios. Esa es precisamente una de las razones por las cuales las relaciones personales y políticas entre jefes de Estado pueden desempeñar un papel importante.
La afinidad entre Kast y Milei constituye un recurso diplomático potencial y que, hoy, puede ser un recurso relevante para mantener contenidas las fricciones. En una relación bilateral donde existen asuntos difíciles de resolver, la confianza política personal puede facilitar conversaciones, disminuir la intensidad de las controversias y permitir que determinados desacuerdos se administren sin convertirse en enfrentamientos públicos.
Esto no significa que la cercanía ideológica resuelva los problemas. Mucho menos que los intereses nacionales deban subordinarse a afinidades partidarias. Significa que esa cercanía puede proporcionar un canal adicional de entendimiento. Y la historia de la política muestra que esas relaciones personales han logrado ser relevantes en ocasiones álgidas.
Poduje introdujo una dificultad exactamente en ese canal, el del vínculo entre gobiernos que, problemas y tensiones más o menos, lo cierto es que cultivan o cultivaban una relación de confianza. Y es que el presidente chileno había cultivado una relación políticamente favorable con Milei. Un ministro de ese mismo gobierno decidió descalificar personalmente al mandatario argentino durante una intervención pública que no tenía como propósito abordar asuntos bilaterales.
La paradoja resulta evidente: mientras los intereses estratégicos aconsejaban preservar los espacios de confianza, un integrante del gabinete abrió una controversia innecesaria con quien ocupaba uno de los extremos de esa relación. Una situación como esta necesariamente (en cualquier país) obliga a despertar líneas de trabajo de inteligencia.
Cualquier país, ante dichos provenientes de un supuesto exabrupto, debe necesariamente analizar si considera que fue un mero desatino o hubo algo más relevante. Y por tanto se llena de carpetas que puedan ayudar a revisar declaraciones que pudieran revelar algún grado de problemática. Ya ese ejercicio supone una sospecha subyacente que, por lo demás, es innecesaria.
La gravedad institucional reside también en que esta función no es propiedad individual de Poduje. Las relaciones internacionales corresponden a la conducción presidencial y a las instituciones competentes del Estado. Un ministro sectorial no puede disponer libremente de los activos diplomáticos que permiten administrar controversias entre países.
Para ser precisos, si analizamos los dichos de Poduje, hay que reconocer que la expresión de una diferencia económica es legítima como crítica, aunque si esto hubiese quedado ahí de todos modos habría generado consecuencias porque al menos habría sido descuidado, ya que en la primera crítica estaba mencionando en demérito a Milei.
Pero la segunda referencia es sencillamente insólita y está a la altura de las declaraciones de Trump cuando hace imputaciones personales ajenas a la materia de un gobernante. Y claro, el trumpismo tiene alguna lógica si es el líder de la potencia mundial el que hace y deshace con sus dichos, que resultan soportables porque no queda otra. Pero que un ministro sectorial de un país pequeño salga a tildar de loco a un presidente de una nación aliada de su gobierno, es realmente escalofriante. Tamaño error habla de un ministro fuera de control, cruzando los límites más básicos de la conducta política; o de un estratega que tiene un plan y cuyo camino claramente no se relaciona con mantener su puesto ni su lealtad en el gobierno.
Una tercera circunstancia hace todavía más difícil comprender la actuación del ministro: no existía necesidad política o institucional de formular el agravio. Incluso, era impertinente la alusión a Argentina para él (o a cualquier país del mundo). Y hay más, sus dichos ni siquiera estaban en el flujo de su alocución. De hecho, hizo un paréntesis para decirlo. ¿Fue corriente de la conciencia? ¿Se convirtió Poduje en un personaje de Joyce o de nuestro Carlos Droguett? Podría ser, uno nunca sabe cuándo se convierte en un personaje de novela. Pero es indudable que la ruta que tomó es inusual y cuestionable.
Solo sabemos que Poduje quería o no pudo evitar defender la inversión estatal y que de ello surgió un enredo irresoluble y extraño. Desde esa defensa del gasto público (incómodo para su gobierno incluso antes del exabrupto) pasó cuestionar las políticas de infraestructura de ciertos países e incluso avanzó a sostener que determinadas concepciones libertarias perjudican el desarrollo económico. Para ser justos, también se burló de Keynes.
Para decirlo en simple, ninguneó todas las rutas que los economistas señalan como orientaciones posibles en la gestión del estado. Tampoco propuso ninguna, asunto normal porque no es experto y porque estaba en un seminario acotado que debió ocupar para explicar su ruta de política pública y cómo llegaría a los resultados antes previstos y prometidos.
Todo esto ya era impertinente. Pero nada de eso conducía a referirse a Javier Milei como una persona que está cada vez más loca. La descalificación no agrega evidencia al argumento económico, no mejora su capacidad explicativa y no defiende ningún interés nacional identificable. Simplemente introduce una posibilidad adicional de conflicto.
Existen intervenciones públicas que buscan producir una controversia. A veces procuran instalar una discusión, movilizar apoyos, redefinir una agenda o provocar la respuesta de un adversario. Un ejemplo histórico, aunque muy diferente por su naturaleza y alcance, fue el discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, en septiembre de 2006. Allí citó una dura crítica del emperador bizantino Manuel II Paleólogo sobre Mahoma y la violencia, en el marco de una exposición acerca de la fe y la razón. Las protestas internacionales fueron intensas y el Vaticano debió realizar aclaraciones posteriores.
No puede demostrarse que Benedicto XVI buscara deliberadamente producir aquel conflicto. Sin embargo, la cita polémica formaba parte de una argumentación intelectual reconocible. Existía un propósito discursivo que podía examinarse y discutirse.
En las palabras de Poduje el agravio no estaba al servicio de una estrategia diplomática, no modificaba favorablemente la posición chilena en ningún conflicto y tampoco parecía diseñado para conseguir una ventaja política específica.
Pero el punto es simple: ¿es solo un exabrupto, una estupidez? ¿O hay algo más?
La otra dimensión que exige examinar los dichos de Poduje más allá de su declaración sobre Milei es la que abordamos acá. El ministro no llega a esta controversia sin antecedentes de confrontaciones públicas. Durante los últimos meses ha protagonizado desacuerdos con autoridades regionales, críticas a procedimientos presupuestarios y diferencias relacionadas con los recursos que considera necesarios para desarrollar su gestión. Es un polemista duro que atemoriza a interlocutores y que ha generado importantes conflictos al interior del gobierno.
Especialmente significativo fue su cuestionamiento al funcionamiento de la Dirección de Presupuestos y su demanda de mayores recursos para Vivienda. En el debate sobre presupuesto las distintas cifras coinciden en lo sustantivo: la asignación fue considerablemente inferior a la solicitada. El ministro reconoció públicamente esa situación con una expresión reveladora: «No tan bien, pero me fue bien». También destacó incrementos en partidas específicas y reafirmó su compromiso con las metas de la cartera. Al menos era una reacción mejor dispuesta que aquella frase que acusó al ministro de Hacienda de ser devoto de la “virgen del puño”, discusión que se produjo en la etapa que conduce a la definición de presupuesto.
Con estos dichos, críticos pero menos beligerante, parecía que el asunto del dinero estatal quedaba atrás. Pero los dichos sobre Milei en el marco de una crítica a las políticas de austeridad, al menos en esta materia, demuestran que el problema está lejos de alejarse.
Está clara la tensión objetiva entre las aspiraciones presupuestarias de un ministro y la estrategia fiscal del gobierno. Pero hay algo más. Poduje no solo es un ministro problemático, sino que además ha cultivado un perfil público con cierto gusto del respetable público.
En las encuestas de la plaza siempre aparece disputando la mejor evaluación de los ministros del gobierno y con puntajes más altos que los del presidente. Lo cierto es que Poduje dispone de un reconocimiento público significativo en un gobierno que enfrenta un escenario de aprobación considerablemente más difícil.
Esta situación plantea un problema clásico de la política gubernamental.
¿Qué ocurre cuando un ministro acumula capital político individual mientras la administración de la que forma parte enfrenta dificultades de respaldo ciudadano y restricciones para financiar las políticas de su cartera? Una respuesta posible es que ese ministro se transforme en un activo particularmente valioso para el presidente. Otra es que comience a disponer de una autonomía relativa que complique la disciplina del gabinete.
Ambas situaciones pueden coexistir. Depende del personaje qué ruta puede tomar en este tipo de escenario. Y es que no es menor considerar, asunto obligatorio en el análisis, la pregunta incómoda: ¿y si fue a propósito? ¿Si fue un dicho semejante a un desliz, pero pensado y decidido? Y si es así, ¿por qué? ¿Quiere salir?
Entramos acá en una dimensión del análisis que es especulativa, pero que es indispensable porque el hecho ocurrido se divide en dos rutas muy distintas: fue un exhabupto o fue un deliberado. Todo cambia a partir de esto.
Para Poduje, permanecer en el gobierno ofrece beneficios evidentes. El Ministerio de Vivienda proporciona capacidad ejecutiva, presupuesto, equipos técnicos, visibilidad pública y oportunidades de desarrollar políticas que pueden consolidar una trayectoria política. Un ministerio es un sistema operativo extraordinario. Además, la experiencia de dirigir una cartera relevante permite construir una legitimidad diferente de la obtenida exclusivamente mediante opiniones o intervenciones en el debate público.
Pero permanecer también significa asumir costos.
Las metas habitacionales deberán confrontarse con los resultados efectivos de gestión. Las dificultades presupuestarias tendrán consecuencias concretas y las decisiones adoptadas por Hacienda condicionarán la capacidad del ministerio para cumplir sus compromisos. Los juicios vigentes, algunos de los cuales no parecen ir bien para el ministro, serían de menor impacto estando fuera del ministerio. Y si el gobierno mantiene deterioro, es mejor no tener que alimentarse de unos recursos que se convierten, como puede ocurrir en escenarios de crisis, en caminos que solo conducen a un lugar peor.
Estamos en el cálculo. Y si un líder político quiere ser presidente (y es el caso) es evidente que predomina el cálculo.
Para decirlo en simple, es posible que Poduje se encuentre ante un dilema o quizás ya en la decisión respecto al dilema.
Un ministro bien evaluado puede encontrar conveniente permanecer para obtener resultados que fortalezcan su posición. Pero también puede considerar que una salida oportuna permite conservar capital político antes de quedar asociado a incumplimientos que no controla completamente.
La existencia de esa duda ante unas alternativas manifiestamente evidentes no demuestra que Poduje haya decidido abandonar el gobierno. Tampoco permite afirmar que sus declaraciones sobre Milei constituyan una maniobra destinada a provocar su salida. Pero es inevitable analizar el escenario de decisiones en su amplitud. Y si esas palabras fueron una decisión, con solo eso, ya está claro que no estamos hablando de algo normal.
En ese caso, una eventual salida del gabinete permitiría desarrollar un discurso político propio, incluso crítico de determinadas decisiones gubernamentales, con una legitimidad particular: la experiencia de haber participado en su conducción y otra legitimidad añadida: el poder hablar desde dentro de los errores del gobierno, lo que le permitiría una salida temprana y sin contaminación. Por supuesto, es una jugada de altísimo riesgo, es todo o nada. Puedes ser un gran jugador para la prensa pero no tener votos o…puede ser un gran salto.
Bueno, ya sabemos, los sueños de la ambición engendran monstruos.
Pero no necesariamente es el caso.
En este escenario adquiere especial interés la discusión sobre un eventual reajuste ministerial. Se distribuyen rumores sobre la existencia de presiones internas para efectuar cambios de gabinete en diciembre, mientras que el presidente preferiría esperar hasta marzo de 2027, coincidiendo con el cumplimiento del primer año de gobierno.
Para Kast, esperar hasta marzo tendría una racionalidad institucional. En cambio, hay quienes dicen que esperar muchos meses, si acaso son intensos, podría suponer llegar más debilitados a ese cambio de gabinete. Es un dilema. La situación de Poduje es extraña: se considera un activo comunicacional y un problema político. Y en este punto está probablemente el mayor de todos los dilemas mencionados: si será objeto de cambio en una eventual reestructuración del gabinete, es decir, si a Poduje el presidente piensa sacarlo, entonces al ministro le conviene irse antes, molesto, crítico, apesadumbrado por las casas que no se podrán construir. Pero si no se piensa en palacio removerlo, entonces tiene sentido esperar.
Pero la existencia del dilema permite comprender por qué el conflicto entre disciplina de gabinete y proyección política individual puede volverse especialmente delicado cuando se acerca un período de reorganización ministerial. Y, en cualquier caso, esto ocurrirá después.
La deriva presidencial de Poduje, sin embargo, ha chocado con su impugnación a un líder ya gobernante como Milei y que obligó a su propio presidente a quitarle el piso advirtiendo que por lo demás no volvería a ocurrir. Su conducta puede ser un error o una táctica, pero en ambos casos pierde la capacidad de mostrar sus capacidades como gobernante. Y es que la declaración de Poduje permite observar, finalmente, una distinción fundamental entre política gubernamental y política de Estado. Y Poduje las puso a chocar.
La política gubernamental corresponde al programa, las prioridades y las decisiones de una administración determinada. La segunda, la política de estado, involucra intereses de mayor continuidad: soberanía, tratados internacionales, seguridad, relaciones diplomáticas y responsabilidades que sobreviven a los gobiernos.
Un ministro puede participar intensamente en la política gubernamental. Puede defender determinadas orientaciones, criticar ideas rivales y promover una agenda sectorial. Puede incluso tener una disputa con otro ministro, como él mismo lo ha reivindicado. Pero no dispone de la misma libertad cuando sus intervenciones pueden afectar asuntos de Estado cuya conducción corresponde a otras instituciones.
He aquí el problema.
No estamos frente a un ministro que haya debido defender una posición nacional controvertida. Tampoco ante una declaración destinada a responder una agresión diplomática. Estamos frente a una autoridad que introdujo, por iniciativa propia, un factor adicional de tensión en una relación internacional que ya requería especial cuidado.
No sabemos si el episodio producirá consecuencias diplomáticas relevantes. Hasta ahora, las consecuencias públicas documentadas se concentran en la rectificación ministerial, la crítica política interna y la intervención presidencial. Pero evaluar una conducta exclusivamente por el daño consumado supone una comprensión insuficiente de la responsabilidad de gobierno.
Las autoridades también deben responder por los riesgos previsibles que introducen cuando actúan en representación del Estado. La diplomacia consiste, entre otras cosas, en administrar riesgos y preservar caminos de soluciones. Una palabra imprudente puede estrechar esas opciones, incluso si posteriormente una disculpa consigue contener el episodio.
El gobierno de Kast ha debido enfrentar numerosas dificultades comunicacionales. Algunas fueron errores factuales. Otras, discrepancias entre ministros. Varias constituyeron controversias que podían haberse evitado con mayor coordinación. Pero Poduje ha introducido un problema cualitativamente diferente: ha mostrado que la autonomía discursiva de un ministro puede proyectarse sobre relaciones internacionales estratégicamente sensibles. Bajo este argumento es que el diputado Mario Olavarría señaló la necesidad de la renuncia del ministro, pero todavía eso no adquiere un peso importante en el sistema político. Sin embargo, dada la complejidad actual de la relación con Argentina, es posible que la presión aumente.
En cualquier caso, el asunto es inusual y grave. Y es que una cosa es que un ministro provoque un conflicto y otra, considerablemente más delicada, es que lo haga sin necesidad, en un escenario previamente tensionado y comprometiendo recursos diplomáticos que no le pertenecen.
Para colmo, no fue bajo presión, no fue una pregunta difícil de responder, no fue estando frente a un periodista agudo y amenazante. No. Fue exponiendo en un espacio cómodo y con un libreto que pudo preparar con sus equipos por semanas.
Pero claro, todo esto no quita la pregunta que sigue vigente: ¿se le escaparon las palabras? ¿O apareció una incipiente ruta de acción política que solo comprenderemos con el paso de las semanas o los meses? La imprudente osadía puede tener fondo. O simplemente puede ser una torpeza. Lo que está claro es que el límite fue visitado, pero por fuera. Y no cabe duda que el ministro carismático y problemático ha llegado demasiado lejos.