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Empresario recibe primera condena por delitos ambientales en Chile; evitará prisión y pagará 30.000 UTM

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Escrito por:Gustavo Donat Sandoval

Un empresario recibió una pena de cinco años de libertad vigilada intensiva y el pago de una multa de 30 mil UTM, al ser el primer condenado en Chile en virtud de la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales.

Se trata de Cristian Zaro, sometido a un juicio oral por daños a un humedal y la tala de árboles en un terreno situado en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos.

La resolución se dio a conocer este lunes, y en ella se dispuso además que el empresario deberá cumplir programas formativos en materia ambiental.

Los hechos indagados se remontan a 2023 y 2024 en el predio El Lluca, en el sector Yeco, donde se realizaron trabajos que comprendieron el corte de árboles y el vertido de material en un humedal próximo al río Lingue.

Según la acusación del Ministerio Público, esas labores se llevaron a cabo sin las autorizaciones pertinentes, ocasionando daños ambientales en la zona.

En el transcurso del juicio, la Fiscalía pidió una pena de ocho años de cárcel y una multa que superaría los 1.700 millones de pesos.

Por su parte, la defensa, liderada por el abogado Juan Carlos Vidal, puso en duda la magnitud del perjuicio que se le imputa a las obras y afirmó que su cliente disponía de los permisos y de un Plan de Manejo de Conaf.

“Se ha exagerado esto de tal forma que parece una catástrofe, al tratarse de la primera causa a nivel nacional”, afirmó el abogado durante el proceso.

En contraste, el fiscal Carlos Bahamondes respaldó la aplicación de la nueva normativa, señalando que las sanciones están claramente fijadas en la ley.

“La pena está prevista en la ley. No es una invención de nadie; la hipótesis investigada encaja dentro de lo que la norma contempla y ésta le asigna una sanción”, sostuvo el persecutor.

Así, el asunto constituye la primera condena emitida en el país amparada por la nueva ley de delitos medioambientales, imponiendo una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, una multa de 30 mil UTM y la obligación de asistir a programas de formación ambiental.