El Congreso Nacional aprobó este martes un proyecto de ley orientado a acelerar las expulsiones administrativas de migrantes, incorporando la facultad de que la Policía de Investigaciones (PDI), previa autorización judicial, pueda ingresar a domicilios para detener a quienes cuenten con órdenes de expulsión firmes y ejecutoriadas.
La tramitación finalizó luego de que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta con 37 votos a favor y una abstención, sumando este respaldo al previo de la Cámara de Diputados, que registró 128 votos a favor y 11 en contra.
La aprobación se produjo pocas horas después de que el presidente José Antonio Kast instara al Parlamento a respaldar la iniciativa, en el contexto de las gestiones del Gobierno para expulsar a seis extranjeros detenidos durante los incidentes del 18 de octubre.
Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto dispone que la PDI podrá solicitar por escrito autorización a un juez de garantía para ingresar a un inmueble, exclusivamente con el propósito de detener a una persona que tenga una orden de expulsión administrativa firme y ejecutoriada.
Eso implica que la policía no podrá entrar a cualquier domicilio únicamente porque una persona esté en situación migratoria irregular. Además, la medida quedará sujeta al cumplimiento de requisitos legales y al control previo de un tribunal.
La iniciativa también eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso al país para extranjeros expulsados administrativamente y refuerza el registro de datos biométricos de personas en situación irregular.
Igualmente, incorpora mecanismos para obtener información que facilite la notificación de los procedimientos de expulsión, contemplando restricciones para proteger a niños, niñas y adolescentes, y excluyendo a establecimientos educacionales y de salud.
Según el Senado, la presidenta de la Comisión Mixta, Danisa Astudillo, subrayó que los acuerdos incorporaron las recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
No obstante, en el debate parlamentario también se plantearon advertencias acerca de las dificultades prácticas para aplicar las nuevas disposiciones.
Los senadores advirtieron que su implementación exigirá recursos económicos, capacidad policial y coordinación internacional, por lo que insistieron en incluir financiamiento en el Presupuesto 2027.
Así, aunque el Congreso culminó la tramitación de la reforma, su despacho no garantiza por sí solo un aumento de las expulsiones. La iniciativa todavía debe superar los trámites constitucionales previos a su promulgación, publicación y entrada en vigor.
El llamado de Kast y las expulsiones ligadas al 18-O
Conviene recordar que el despacho de la iniciativa se produjo tras un llamado del presidente José Antonio Kast al Congreso para respaldar el proyecto, en el que cuestionó las dificultades del Ejecutivo para materializar las expulsiones.
Desde la Región de Atacama, el Mandatario instó a los parlamentarios a no poner por delante diferencias políticas frente a las necesidades de seguridad del país.
“Quienes votan en contra de la seguridad deben asumir las consecuencias, al igual que quienes votaron en contra de ampliar el plazo para retener a inmigrantes ilegales”, afirmó.
“Es inviable realizar el trabajo si sólo hay cinco días para localizar, retener y expulsar al extranjero. Hago un llamado a los diputados para que no cobren cuentas políticas a costa del dolor de los chilenos”, agregó.
Sus declaraciones coincidieron con el anuncio del Servicio Nacional de Migraciones sobre el inicio de gestiones para expulsar a seis extranjeros detenidos durante los incidentes registrados en la conmemoración del estallido social.
Se trata de tres ciudadanos peruanos, dos haitianos y un venezolano. Según el organismo, cinco de ellos cuentan con residencia definitiva en Chile, por lo que se iniciaron procedimientos administrativos para evaluar la revocación de sus permisos; respecto del sexto, se analiza su expulsión por ingreso irregular.
Entre los antecedentes policiales señalados figuran detenciones por porte de arma cortante, infracciones a la Ley de Drogas y otras situaciones registradas con anterioridad.
Es importante subrayar que estos seis procedimientos no derivan de la nueva iniciativa despachada por el Congreso. Las gestiones fueron iniciadas por el Servicio Nacional de Migraciones haciendo uso de las facultades que ya contempla la legislación vigente y deberán cumplir las etapas administrativas y legales correspondientes.
Libertarios exigen mano dura
En ese escenario, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, diputado Hans Marowski, pidió al Ejecutivo actuar con mayor firmeza contra los extranjeros que cometan delitos en Chile.
“Quien llega a Chile para delinquir y destruir el orden público no puede pretender que nuestro país le abra las puertas y le garantice permanencia”, afirmó.
El parlamentario añadió que “lo relevante no es anunciar las expulsiones, sino ejecutarlas”, y afirmó que “en Chile debería regir la norma de que quien no aporta, se deporta”.
En tanto, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante la administración de Gabriel Boric, Luis Thayer, señaló en conversación con La Radio que las medidas anunciadas por el Gobierno mantienen elementos de continuidad con los procedimientos aplicados desde 2022.
“El proyecto aprobado ayer por la Cámara de Diputados concede al subsecretario del Interior la facultad para expulsar no solo por vulneración de la seguridad pública, sino también por actos que vulneren el orden público”, explicó.
En su opinión, si las expulsiones anunciadas se enmarcan en esas facultades, estarían dando continuidad a la política migratoria implementada en los últimos años.
De este modo, aunque el Congreso haya completado la aprobación de una reforma destinada a facilitar las expulsiones administrativas, el Gobierno deberá llevar a cabo los procedimientos anunciados por los incidentes del 18 de octubre con las herramientas legales actualmente disponibles, ya que las nuevas facultades policiales no podrán aplicarse hasta que la normativa entre en vigor.
