En un contexto de señalamientos sobre corrupción y probidad que afectan al Poder Judicial, la Corte Suprema determinó la quina de aspirantes destinada a sustituir al exministro Diego Simpértigue, quien fue removido luego de una acusación constitucional ligada a la llamada trama bielorrusa.
La resolución llega en el momento en que el máximo tribunal se alista para llevar a cabo dos jornadas de reflexión, previstas para este jueves y viernes, en un ambiente atravesado por recientes controversias que han puesto en tela de juicio el funcionamiento de la justicia.
La lista quedó conformada por Eliana Quezada, Hernán Crisosto, Juan Cristóbal Mera, Maritza Villadangos y Teresa Carolina Figueroa.
Corresponde ahora al Presidente de la República elegir a uno de los cinco postulantes para elevar su nombramiento al Senado, instancia donde necesitará el apoyo de dos tercios de los legisladores en funciones.
La plaza quedó disponible tras la destitución de Simpértigue en diciembre de 2025, a raíz de la aprobación de una acusación constitucional en su contra.
Entre las críticas dirigidas al exmagistrado figuraron sus lazos con abogados vinculados a la trama bielorrusa y un viaje en crucero por Europa en compañía de Eduardo Lagos Herrera, representante de Belaz Movitec en su conflicto judicial con Codelco.
Posturas de quienes aspiran a la Corte Suprema
En sus presentaciones ante el máximo tribunal, varios aspirantes se refirieron al papel de los jueces, a los límites de la función jurisdiccional y a la necesidad de restablecer la confianza ciudadana en la justicia.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, sostuvo que los magistrados deben aplicar la normativa vigente y no usurpar facultades que son propias del Congreso.
“Resulta extraño que lo feliciten o lo tilden de osado por afirmar que los jueces deben fallar conforme a la ley. Pero así son las cosas. Los jueces debemos cumplir lo que juramos al asumir: acatar la Constitución y la ley”, dijo.
En tanto, la ministra de la Corte de Santiago, Maritza Villadangos, habló sobre los límites que deben respetar los tribunales en el desempeño de sus funciones.
“Una Corte Suprema prudente no debería dedicar sus esfuerzos a ampliar el derecho más allá de lo que admite su intención. Eso implica difuminar la función que el ordenamiento jurídico le ha otorgado y fragiliza la estructura del sistema judicial”, afirmó.
Por su parte, Teresa Carolina Figueroa, jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, subrayó la relevancia de argumentar las sentencias como modo de reforzar la legitimidad institucional.
“La autoridad del Poder Judicial no se apoya en mecanismos de representación política, sino en la confianza que propicia la racionalidad de sus resoluciones”, sostuvo.
Apertura de un nuevo sumario por conversaciones con Luis Hermosilla
La resolución sobre la quina coincide con otro episodio que vuelve a poner sobre la mesa las dudas respecto a la probidad dentro del Poder Judicial.
La Corte de Apelaciones de Santiago inició un sumario administrativo contra la fiscal judicial Ana María Hernández, tras la divulgación de conversaciones con el abogado Luis Hermosilla vinculadas a gestiones para obtener su nombramiento.
Aunque este asunto difiere de los elementos que originaron la destitución de Simpértigue, ambos hechos ocurren en un contexto de escrutinio sobre los procesos de nombramiento y las relaciones entre miembros del Poder Judicial y abogados externos.
Así, la selección del nuevo integrante de la Corte Suprema se lleva a cabo en un marco especialmente complejo para el máximo tribunal, que tendrá que enfrentar los cuestionamientos institucionales a lo largo de sus jornadas de reflexión esta semana.
