Un cambio profundo en la forma en que el Estado chileno fiscaliza la actividad económica. Ese es el objetivo de una iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados que propone eliminar la separación institucional entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
Al integrarse o constituirse una nueva entidad, se crearía un único organismo encargado de vigilar las operaciones tributarias, aduaneras y de comercio exterior.
La propuesta, formalizada en la solicitud de resolución N.º 266, fue impulsada por los diputados PPD Carlos Cuadrado y José Montalva, y busca modificar la forma en que el Estado afronta la evasión fiscal, el contrabando, el comercio ilícito y las estructuras financieras empleadas por el crimen organizado.
El documento, presentado el 19 de octubre, solicita al presidente de la República, José Antonio Kast, hacer uso de su facultad de iniciativa exclusiva para remitir al Congreso un proyecto de ley que permita crear el denominado Servicio de Impuestos Internos y Aduanas (SIIA).
La propuesta parte de la idea, discutida en los últimos años, de que las organizaciones criminales y las maniobras económicas fraudulentas operan de forma integrada, mientras que el aparato fiscalizador del Estado permanece fragmentado en instituciones separadas y sin el intercambio de información necesario para intervenir eficazmente.
En uno de sus fundamentos, los parlamentarios señalan: “Hoy una misma operación puede involucrar una empresa, una factura, una importación o exportación, una transferencia financiera, una valoración aduanera, una estructura societaria y, en determinados casos, mecanismos destinados a ocultar o legitimar recursos de origen ilícito”.
El diagnóstico plantea que los organismos públicos enfrentan dificultades para reconstruir operaciones que conjugan delitos tributarios, infracciones aduaneras y movimientos financieros destinados a enmascarar la procedencia de los recursos.
Un nuevo servicio para seguir la ruta del dinero
En su origen, el proyecto busca reunir la capacidad de analizar de forma simultánea operaciones de comercio exterior, declaraciones tributarias, transferencias financieras y estructuras societarias, todo dentro de una sola plataforma.
En sus fundamentos, los autores advierten que la actual fragmentación institucional puede abrir espacios de descoordinación, dispersión de información y obstáculos para detectar a tiempo operaciones económicas complejas.
La iniciativa sostiene que el crimen organizado ya no se reduce al contrabando de bienes, sino que requiere entramados económicos que permitan introducir, trasladar, ocultar y finalmente blanquear recursos obtenidos por medio de actividades ilícitas.
En esa línea, identifica prácticas como la subvaloración o sobrevaloración de mercancías, el empleo de documentación falsa, las sociedades fachada, la triangulación comercial y la facturación ficticia, aspectos que el Ministerio Público ha señalado durante años como focos centrales.
El documento afirma que: “El combate eficaz contra el crimen económico exige que el Estado sea capaz de analizar conjuntamente información que actualmente se encuentra distribuida entre distintas instituciones y sistemas”.
Sus impulsores sostienen que la integración permitiría descubrir patrones que hoy pasan desapercibidos cuando cada organismo examina únicamente una porción de la operación económica.
Inteligencia artificial y fiscalización integrada
Un eje central de la iniciativa es la creación de una unidad especializada de Fiscalización Integrada y Crimen Económico, orientada a identificar, analizar y coordinar respuestas institucionales frente a operaciones sospechosas.
Esta unidad abordaría de manera simultánea casos de evasión tributaria, fraude fiscal, contrabando, comercio ilícito, documentación apócrifa, lavado de activos y otras formas de criminalidad económica.
El planteamiento incluye también la creación de un Sistema Integrado de Información Tributaria, Aduanera y de Comercio Exterior, que permitiría cruzar antecedentes para detectar incumplimientos y elaborar perfiles de riesgo.
En ese marco, se propone incorporar tecnologías de análisis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial como herramientas auxiliares de la fiscalización.
No obstante, el documento establece límites para su empleo. Los sistemas automatizados deberían incorporar controles humanos, trazabilidad, auditorías y mecanismos de revisión, sobre todo cuando sus resultados pudieran afectar los derechos de los contribuyentes.
La iniciativa además toma en cuenta las exigencias de la Ley N.º 21.719 sobre protección de datos personales, cuyo nuevo régimen general comenzará a regir en diciembre de 2026.
Inteligencia artificial y fiscalización integrada
Un eje central de la iniciativa es la creación de una unidad especializada de Fiscalización Integrada y Crimen Económico, orientada a identificar, analizar y coordinar respuestas institucionales frente a operaciones sospechosas.
Esta unidad abordaría de manera simultánea casos de evasión tributaria, fraude fiscal, contrabando, comercio ilícito, documentación apócrifa, lavado de activos y otras formas de criminalidad económica.
El planteamiento incluye también la creación de un Sistema Integrado de Información Tributaria, Aduanera y de Comercio Exterior, que permitiría cruzar antecedentes para detectar incumplimientos y elaborar perfiles de riesgo.
En ese marco, se propone incorporar tecnologías de análisis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial como herramientas auxiliares de la fiscalización.
No obstante, el documento establece límites para su empleo. Los sistemas automatizados deberían incorporar controles humanos, trazabilidad, auditorías y mecanismos de revisión, sobre todo cuando sus resultados pudieran afectar los derechos de los contribuyentes.
La iniciativa además toma en cuenta las exigencias de la Ley N.º 21.719 sobre protección de datos personales, cuyo nuevo régimen general comenzará a regir en diciembre de 2026.
La advertencia sobre Aduanas: evitar que quede subordinada al SII
Un aspecto relevante de la propuesta es que la integración institucional no debería implicar la pérdida de las funciones especializadas del Servicio Nacional de Aduanas.
Los parlamentarios recuerdan que Aduanas realiza más que labores recaudatorias: ejecuta control fronterizo, fiscalización de mercancías, prevención del contrabando, facilita el comercio legítimo y protege la seguridad económica del país.
Por ello, el documento exige: “La garantía de que la integración institucional no signifique la subordinación de las funciones aduaneras a una lógica exclusivamente tributaria o recaudatoria”.
La vía planteada contempla estructuras técnicas diferenciadas dentro de una misma institución, con una administración superior común, pero resguardando la especialización y autonomía técnica de las funciones tributarias y aduaneras.
Los autores citan experiencias internacionales de países como España, Portugal, Perú, Argentina, Paraguay, Reino Unido y Sudáfrica, aunque reconocen que no existe un único modelo de integración y que se podrían evaluar cambios al sistema vigente.
¿Qué pasará con los funcionarios de Aduanas?
La iniciativa también aborda uno de los puntos que podría generar mayor resistencia institucional: las consecuencias de una fusión para el personal de ambos servicios.
El texto dispone que cualquier proceso de integración debe garantizar la continuidad de los derechos y condiciones estatutarias del personal, incluyendo antigüedad, remuneraciones, grados, asignaciones y derechos previsionales.
También propone un periodo de transición gradual para unir las plantillas, estructuras orgánicas, sistemas informáticos, bases de datos, patrimonio, contratos y procedimientos administrativos, incorporando la participación técnica de funcionarios y asociaciones representativas de ambas instituciones.
El antecedente de la comisión contra el fraude y el crimen organizado
Los autores recurren además a un antecedente administrativo para respaldar su planteamiento: el Decreto Exento N.º 194 de 2025, del Ministerio de Hacienda, que creó la Comisión de Lucha contra la Evasión Fiscal, el Contrabando, el Fraude Tributario y Aduanero, el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Crimen Organizado.
Dicha instancia agrupa organismos como el SII, Aduanas, la Tesorería General de la República y la Unidad de Análisis Financiero.
Para los diputados Cuadrado y Montalva, la existencia de esa comisión demuestra que el propio Estado ha reconocido la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de fiscalizar y perseguir operaciones económicas ilícitas.
Sin embargo, el documento plantea abrir el debate sobre si esa coordinación es suficiente o si corresponde avanzar hacia una estructura institucional permanente y unificada, que sería la justificación para haber enviado el proyecto de acuerdo.
La decisión queda en manos del Ejecutivo
La iniciativa aún no constituye un proyecto de ley de fusión institucional. Se trata de una solicitud de resolución mediante la cual los parlamentarios buscan que la Cámara exprese su voluntad política y pida al Ejecutivo presentar una propuesta legislativa.
Por tanto, una eventual aprobación de la resolución no fusionaría de forma automática al SII y Aduanas, ni obligaría jurídicamente al Gobierno a presentar el proyecto. Los diputados solicitan que el Ejecutivo acompañe su propuesta con una evaluación de impacto institucional, fiscal, tecnológico y sobre el personal, con el fin de determinar costos, beneficios y riesgos de la reforma.
