“Este proyecto está fundado en prejuicios, definiciones identitarias y francamente ideológicas de un sector que apoya al Gobierno”. Con esa frase, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, expresó su rechazo a la reforma que el Ejecutivo remitió a la Cámara para alterar las atribuciones y la estructura del organismo.
Ljubetic afirmó este martes que la iniciativa trasciende la simple restricción sobre la presentación de nuevas querellas criminales —uno de los puntos defendidos por el ministro de Justicia, Fernando Rabat— y, a su juicio, persigue desactivar al INDH:
“Este es un proyecto que, esencialmente, apunta a neutralizar al INDH como un instrumento efectivo de protección y promoción de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio nacional. Eso es evidente”, afirmó en ADN.
Aunque esperaban una propuesta del Gobierno de José Antonio Kast, el director comentó que “lo que nos sorprende es la radicalidad y el carácter extremo de los contenidos del proyecto”.
Qué propone la reforma al INDH que ingresó el Gobierno
El texto busca suprimir la potestad del INDH para iniciar nuevas querellas criminales, aunque mantendría la opción de poner en conocimiento de la Fiscalía posibles delitos y de presentar recursos de amparo y protección.
Las querellas ya presentadas antes de la modificación podrían seguir su curso hasta que haya una sentencia firme.
En términos prácticos, el organismo continuaría informando sobre hechos punibles, pero perdería la facultad de incorporarse como querellante en nuevas investigaciones penales, una herramienta que le permite participar activamente en los procesos y solicitar diligencias.
El proyecto plantea además reducir el Consejo de once a cinco miembros y crear una Dirección Ejecutiva, cuyo nombramiento se realizaría por medio de Alta Dirección Pública, con el objetivo de distinguir la administración cotidiana de la conducción institucional.
No obstante, Ljubetic advirtió que los efectos serían más profundos, afectando tanto la autonomía del INDH como su posibilidad de atender casos fuera de Santiago.
“Es un proyecto que además desmantela el INDH. Le quita recursos y explícitamente elimina sus sedes regionales. Hoy somos una institución presente en todas las regiones del país y vamos a pasar a ser una institución con domicilio legal en Santiago”, sostuvo.
Además, señaló que el informe financiero contempla una reducción importante del equipo jurídico: “Además, está explícitamente señalado en el informe financiero el despido del 70% de las personas que son abogadas en la institución”.
“Es decir, este es un proyecto que afecta gravemente la autonomía, mutila atribuciones relevantes para el instituto y lo desmantela desde el punto de vista de su presencia y eficacia a nivel nacional”, agregó.
Rabat defiende un rol consultivo y Ljubetic cuestiona el acuerdo transversal
Desde el Ejecutivo, el ministro Rabat sostuvo que el INDH debería centrar su trabajo en una función consultiva, manteniendo la facultad de formular denuncias penales.
“Realzar que este Instituto, siguiendo lo que fue, en los llamados Principios de París, tiene un rol consultivo en materia de Derechos Humanos y no un rol perseguidor en materia penal”, señaló el secretario de Estado.
Rabat sostuvo que la Constitución entrega al Ministerio Público la responsabilidad de ejercer las acciones penales. Añadió que la separación de las funciones del Consejo y de la Dirección Ejecutiva busca optimizar el funcionamiento y la utilización de recursos del organismo.
Otra discrepancia se centra en el origen del planteamiento. Mientras el ministro afirma que proviene de un trabajo transversal desarrollado durante 2025, Ljubetic asegura que las medidas principales van en la dirección opuesta.
“Este es un proyecto de ley que en su base fundamental se encuentra en un informe transversal que surgió al alero de la Ley de Presupuesto del año 2025 y por tanto no debiera complejizar absolutamente nada”, afirmó Rabat, al ser consultado por eventuales dificultades en la relación con la oposición.
El director del INDH rechazó esa interpretación. Señaló que la comisión de fortalecimiento proponía ampliar las atribuciones del instituto y ponía énfasis en la relevancia de su presencia regional.
“Esta comisión planteó transversalmente el fortalecimiento de las atribuciones del INDH. De hecho, en materia de querellas ampliaba su alcance desde el punto de vista del tipo de delitos que podía perseguir el instituto”, sostuvo.
Ljubetic admitió que existe coincidencia en la idea de separar la gestión administrativa de la dirección institucional, pero aseguró que las demás propuestas no se reflejaron en el proyecto.
“Yo creo que es posible afirmar, a partir de los contenidos del proyecto, que esta es una iniciativa orientada no a reformar el instituto, sino derechamente a deformar el INDH”, cuestionó.
