El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) señaló que la judicialización de las órdenes de expulsión de extranjeros provoca situaciones de “irregularidad perpetua”, al impedir su salida de Chile sin ofrecerles un mecanismo para regularizar su estatus migratorio.
La institución aclaró el alcance de la cifra de 3.738 deportaciones detenidas por recursos judiciales interpuestos ante las Cortes de Apelaciones del país durante 2026.
Según detalló el servicio, esa cifra corresponde a recursos constitucionales presentados por ciudadanos extranjeros que intentan anular sus órdenes administrativas de expulsión.
La aceptación a trámite de esos recursos suspende de forma preventiva los procedimientos de deportación mientras se tramita la causa judicial. Este escenario incluso ha impedido la salida del país cuando las personas afectadas ya se encontraban a bordo de aeronaves.
Sermig alerta sobre impactos en seguridad y empleo
En ese marco, el director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, afirmó que el 19% de estos recursos son acogidos por los tribunales, lo que coloca a las personas afectadas en una situación migratoria que, advirtió, carece de una solución definitiva.
Sauerbaum aclaró que la anulación de una orden de expulsión por una resolución judicial no implica la otorgación de una visa ni la residencia legal en Chile.
Añadió que quienes quedan en esa situación permanecen en condición irregular, imposibilitados de ser expulsados, y al mismo tiempo sin opciones para normalizar su estancia en el país.
“Al permanecer en un estatus de irregularidad permanente, se ven impedidos de optar a un empleo formal o a prestaciones sociales”, declaró el director nacional.
Decisiones judiciales
Como muestra del efecto operativo de estas resoluciones, el servicio señaló que durante el año 73 extranjeros en situación irregular fueron retirados de aeronaves cuando intentaban abandonar el territorio nacional.
El organismo igualmente advirtió acerca de las repercusiones, en su opinión, que tiene la prolongación de estos procesos judiciales sobre la fiscalización migratoria.
Según explicaron, los tiempos para resolver pueden extenderse por semanas o meses, sobre todo cuando los expedientes llegan a la Corte Suprema. Esto, señalaron, puede complicar la localización de los implicados y dejarles fuera del control de las autoridades policiales.
El Sermig afirmó que esa circunstancia no solo obstaculiza la puesta en marcha de las sanciones estatales, sino que además genera dificultades para el control migratorio y el mantenimiento del orden público.
