La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó una reforma constitucional destinada a impedir que quienes hayan sido condenados por violación y abuso sexual obtengan rebajas de pena amparándose en normas previas. La iniciativa busca además dejar sin efecto los beneficios otorgados administrativamente durante los seis meses anteriores a la eventual entrada en vigor de la modificación.
La propuesta, impulsada por la diputada Ximena Ossandón (RN), aparece en medio de la polémica por los 56 decretos de rebaja de condena dictados por el Ministerio de Justicia entre marzo y septiembre de 2026, que corresponden a 27 condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación, según publicó Interferencia.
Según cifras difundidas por Emol, en los últimos gobiernos se han concedido 332 beneficios: 276 en la administración de Gabriel Boric y 56 en el actual mandato del presidente José Antonio Kast.
El antecedente legislativo relevante es la Ley 21.421, aprobada en 2022, que dejó fuera de los beneficios de reducción de condena a personas sentenciadas por determinados delitos sexuales contra menores de edad.
No obstante, la aplicación de esa norma a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor ha suscitado diversas interpretaciones en la judicatura, incluidas resoluciones de la Corte Suprema durante 2026.
¿En qué consiste la reforma constitucional?
Ante este contexto, la bancada RN propone incorporar una nueva disposición al artículo 19 de la Constitución que estipule que los beneficios de reducción de condena y demás mecanismos de término anticipado de penas para condenados por delitos sexuales se rijan por la normativa vigente al momento de decidir su concesión.
Con ello, la iniciativa pretende que las restricciones actuales también se apliquen a las solicitudes formuladas por personas condenadas por hechos cometidos con anterioridad a las modificaciones legales.
Igualmente, contempla que la nueva regla sea de aplicación a todos los procedimientos que estén pendientes de resolución, sin considerar la fecha en que se cometió el delito.
Otro punto del proyecto establece que los beneficios otorgados mediante resoluciones administrativas durante los seis meses anteriores a la publicación de la eventual reforma quedarán sin efecto automáticamente.
El texto aclara que no pretende cambiar de forma retroactiva las penas impuestas por los tribunales, sino definir las condiciones para acceder a reducciones del tiempo efectivo de privación de libertad.
Parlamentarios respaldan la iniciativa
La diputada Ximena Ossandón afirmó que la propuesta busca fijar con mayor claridad las restricciones aplicables a quienes cumplen condenas por delitos sexuales.
“No podemos tolerar que violadores y abusadores reduzcan sus penas y se amparen en regímenes legales que ya tenemos superados como sociedad”, sostuvo.
En tanto, la diputada Claudia Mora señaló que no se puede admitir que las interpretaciones contradictorias de la ley terminen abriendo espacios para rebajar condenas que deben cumplirse plenamente.
Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) recordó que en 2022 se aprobó una norma orientada a restringir estos beneficios, aunque su aplicación a sentencias anteriores continúa generando debate.
“Esto tiene que terminar. Por eso, hemos presentado una reforma para que esta prohibición sea sin excepciones y cerrar la puerta a estos beneficios”, afirmó.
El proyecto cuenta con el apoyo de otros legisladores de RN y deberá seguir el trámite legislativo correspondiente antes de entrar en vigencia.
