Austria planea implantar por primera vez un sistema de asistencia social que distingue entre los nacionales y quienes tienen derecho a asilo, condicionando para estos últimos el acceso completo a las prestaciones al cumplimiento de requisitos de integración laboral, cultural y lingüística.
De acuerdo con el borrador de enmienda a la ley correspondiente, acordado por los tres socios de la coalición de Gobierno (conservadores, socialdemócratas y liberales), los ciudadanos austriacos con capacidad de trabajo recibirán un ‘importe base’ de 1.016 euros, mientras que los refugiados empezarán con una prestación inicial menor, establecida en 861 euros.
Para poder alcanzar los 1.016 euros, las personas con derecho a asilo deberán acreditar un esfuerzo de integración que contempla, entre otras medidas, el aprendizaje del alemán y la participación en cursos sobre los valores democráticos del país.
Asimismo, tendrán que cumplir una ‘fase de observación’ o periodo de espera obligatorio de cuatro meses antes de acceder a ese complemento.
La reforma todavía necesita la aprobación del Parlamento
Según lo previsto en la reforma, que debe ser ratificada por el Parlamento y entraría en vigor el 1 de enero de 2027, dejará de ser automático el cobro del importe total de la asistencia social para cualquier persona en edad laboral, sea cual sea su nacionalidad.
Sólo percibirán el monto íntegro quienes acrediten haberse cotizado previamente a la seguridad social o participen activamente en los programas y cursos del Servicio Público de Empleo (AMS).
Si no prueban su disposición a trabajar o incumplen las obligaciones de integración, la ayuda sufrirá un recorte inmediato de al menos el 25 %, e incluso podría suspenderse por completo.
Las exigencias de inserción laboral no se aplicarán a menores, a personas con discapacidad que no puedan trabajar, a jubilados ni a quienes tengan responsabilidades de cuidado familiar.
La ministra de Asuntos Sociales, la socialdemócrata Korinna Schumann, defendió este jueves en Viena las modificaciones planteadas, subrayando que el esquema pretende combinar protección con exigencia. «Proteger, exigir, ofrecer oportunidades: con ese criterio evaluamos esta reforma», dijo la responsable, según la agencia local APA.
«La asistencia social no es caridad, es la última red de seguridad. Esa red debe sostener a las personas cuando atraviesan dificultades», añadió.
