El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió haber aprobado 56 reducciones de pena por delitos sexuales contra menores, apoyándose en lo que él describió como “una jurisprudencia bastante generalizada” que ha aceptado este tipo de solicitudes.
Al ser consultado sobre el tema, el secretario de Estado recordó que “en 2022 se realizó una reforma legal que deja fuera a quienes estén condenados por delitos sexuales para obtener estos beneficios. Por tanto, desde esa fecha no se han concedido más de estos beneficios”.
Sin embargo, advirtió que “existe un principio constitucional según el cual no se puede aplicar una ley de forma retroactiva en perjuicio del condenado”, motivo por el cual, según su criterio, “hay una jurisprudencia, bastante generalizada, que ha acogido recursos de amparo respecto de aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y se les negó”.
En ese sentido, sobre las rebajas concedidas por su cartera explicó que “lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es aplicar el principio constitucional consagrado en el artículo 19, número 3, y también se ha fundamentado en la jurisprudencia vigente. Y eso ha sido explicitado en cada una de las resoluciones emitidas, subrayando la gravedad de estos delitos”.
De este modo, sostuvo que existe jurisprudencia sobre estos asuntos y resaltó que, por ello, “nos parecen muy relevantes los proyectos de ley que han presentado parlamentarios, tanto diputados como senadores (…), que sin duda ayudarán a subsanar el vacío legal que dejó la modificación de 2022”.
Rabat responde sobre decisiones de administraciones previas
Al preguntarle por qué en gobiernos anteriores se habían rechazado este tipo de rebajas desde el Ministerio de Justicia, a diferencia de lo ocurrido ahora, Rabat contestó: “Creo que el resultado es el mismo. Durante el Gobierno anterior también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas en que se acogieron estos beneficios”. Con eso, apuntó al desenlace de los recursos ante la justicia.
“Esos 275 casos pertenecen a la misma materia, y lo importante, como les digo, es comprender que aquí existe un problema legal de irretroactividad de la ley penal dictada en 2022. Por eso celebro que los parlamentarios hayan presentado proyectos de ley para resolver este inconveniente; claramente estamos de acuerdo con la intención de cerrar ese vacío que quedó en la legislación de 2022”, ahondó.
También se le insistió sobre por qué no se rechazaron los recursos para que fuesen resueltos posteriormente por tribunales. En respuesta, dijo: “Eso tendría que resolverse mediante una reforma legal y, por lo tanto, bienvenidos sean los proyectos de ley que están presentando los parlamentarios”.
Finalmente, ante otra consulta sobre las decisiones de administraciones pasadas de negar estas rebajas, concluyó: “Ese es un problema de aplicación de la ley. Es decir: aplicación de la Constitución y de la ley, que es la función que debe cumplir un ministerio. Y ello se apoya, además, en una jurisprudencia mayoritaria sobre la materia”.
Chevesich evita confirmar la jurisprudencia invocada por Rabat
Respecto a la jurisprudencia que citó el ministro, fue consultada la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
En primer término, respondió que “sobre la materia no voy a pronunciarme. Ya lo dije ayer: fue el ministro de Justicia quien dictó decretos en ejercicio de las facultades legales que posee. Y tampoco me pronunciaré sobre las decisiones adoptadas por la Corte Suprema, porque cada caso se analiza de forma individual, cada caso concreto”.
No obstante, ante la presión sobre si existe o no un criterio uniforme de la Suprema en estos asuntos, añadió: “Lo cierto es que para poder afirmarlo tendría que revisar cada una de las sentencias a las que se hace referencia y así determinar si existe o no jurisprudencia, y esa tarea corresponde a los doctrinarios, a los especialistas que estudian las resoluciones de la Suprema”.
De ese modo, la ministra evitó pronunciarse de forma definitiva sobre la existencia de la jurisprudencia invocada por Rabat.
