La polémica sobre las reducciones de pena no se limita a los casos de delitos sexuales contra menores. Según la información recopilada por BioBioChile, el Ministerio de Justicia también firmó dos decretos que implicaron una disminución de la condena para internos de Punta Peuco: uno ligado a un secuestro calificado y otro a tortura.
Esos decretos forman parte de un conjunto de tres medidas por esos mismos delitos dictadas desde el 11 de marzo, fecha en que asumió el gobierno de José Antonio Kast. El tercero igualmente se refiere a un secuestro calificado, aunque los documentos revisados por este medio no precisan en qué recinto cumple pena la persona favorecida.
Este antecedente amplía la controversia que involucra al ministro Fernando Rabat. Desde la cartera sostienen que las rebajas deben concederse cuando se cumplen los requisitos legales, pero aún no se ha informado cómo acreditaron esos requisitos los condenados ni cuánto tiempo se les descontó de la pena.
Justicia también autorizó rebajas de pena para internos de Punta Peuco
Un oficio de la Subsecretaría de Justicia da cuenta de tres decretos de reducción de condena: dos por secuestro calificado y uno por tortura.
El escrito indica que dos de ellos corresponden a personas alojadas en el Centro de Detención Preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco: uno por secuestro calificado y otro por tortura.
Ese penal es reconocido por alojar a sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. No obstante, el oficio no individualiza a los beneficiados ni detalla sus causas, por lo que falta establecer los hechos concretos por los que fueron condenados y cuántos meses se les restaron de la pena.
Cómo se gestionan las reducciones de pena
Según explica Justicia, la Ley 19.856 permite acortar el tiempo de condena a quienes demuestren una conducta sobresaliente y no incurran en una causal legal de exclusión.
Una Comisión de Reducción de Condenas evalúa aspectos como educación, trabajo, rehabilitación y conducta. Gendarmería elabora anualmente la nómina de postulantes y, tras la evaluación, remite los antecedentes a la Seremi de Justicia correspondiente.
La Seremi revisa que se cumplan los requisitos y remite la postulación al ministerio, que acepta o rechaza el beneficio mediante un decreto exento, usando la fórmula “Por orden del Presidente de la República”.
Ese es el procedimiento habitual. No obstante, los documentos consultados por BioBioChile no explican qué informes respaldaron las rebajas de condenados por delitos sexuales ni las de Punta Peuco, ni de qué manera se acreditaron los requisitos en esos casos. Tampoco queda claro si se consideró a las víctimas al evaluar el beneficio.
Una controversia que sigue en aumento
Los nuevos antecedentes amplían una polémica que ya había generado críticas desde diversos sectores políticos debido a las 56 rebajas de condena concedidas a sentenciados por delitos sexuales contra menores.
Ahora, la cartera y el ministro Fernando Rabat también deben aclarar el alcance de los beneficios otorgados en Punta Peuco.
La discusión incluye además la defensa que Rabat ha realizado de las rebajas, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema. BioBioChile analizó cuatro causas por delitos sexuales en las que el máximo tribunal respaldó negar el beneficio por hechos anteriores a la reforma de 2022, tres de ellas resueltas en el actual gobierno.
Esos fallos no prueban que las 56 rebajas sean ilegales, pero ponen en duda que concederlas haya sido la única opción conforme al criterio de la Suprema, tal como ha alegado Justicia.
Con lo ocurrido en Punta Peuco aumentan las interrogantes: quiénes recibieron las reducciones, cuántos meses se les descontaron y con qué antecedentes se aprobaron.
