El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, reiteró su respaldo a las 56 reducciones de pena otorgadas por delitos sexuales contra menores durante la presente administración. Frente a las críticas, afirmó que la cartera actuó conforme a la ley y a una interpretación avalada por la Corte Suprema.
Su defensa se apoya en la reforma de febrero de 2022 que dejó fuera estos delitos del beneficio. Desde el ministerio sostienen que esa prohibición no resulta aplicable a conductas previas a su vigencia, ya que implicaría agravar de forma retroactiva las condiciones del cumplimiento de la pena.
La aclaración no ha apaciguado la controversia: legisladores expresaron reparos, el PC intentará interpelarlo y la Defensoría de la Niñez solicitará antecedentes. El exministro Jaime Gajardo criticó además que la actual administración otorgue las reducciones de forma directa, cuando en su gestión se negaban las peticiones y se defendía esa postura en tribunales.
Rabat mantiene su defensa por las rebajas de pena
“Lo que ha pasado aquí fue la aplicación de la ley. Hay un principio constitucional que impide la aplicación retroactiva de la ley”, dijo Rabat este jueves.
El ministro reiteró su respaldo en la jurisprudencia del máximo tribunal para fundamentar las resoluciones del ministerio.
“Esa lectura también fue avalada por una doctrina en un recurso de amparo ante la Excelentísima Corte Suprema, por lo que es apropiado que los parlamentarios impulsen hoy una modificación legal en este ámbito”, afirmó.
En términos sencillos, el ministerio sostiene que no puede aplicar una norma posterior para privar a esos condenados de una posibilidad de reducción que existía al momento en que se cometió el delito.
Responsabilidad del Ministerio de Justicia
El secretario de Estado añadió que “la rebaja la firma única y exclusivamente el ministro de Justicia”.
Ante la consulta sobre si se eximía de responsabilidad, contestó: “Quiero aclarar, no es que la Corte Suprema no tenga responsabilidad, lo que ocurre aquí es que existe un principio constitucional que debe ser respetado”.
“No se puede aplicar la ley en forma retroactiva en perjuicio del imputado o condenado, y así lo dispone la Constitución”, añadió.
Pese a que Rabat reitera el respaldo judicial, las 56 reducciones no obedecieron a mandatos individuales de la Suprema, según la información disponible y la explicación anterior del propio ministro. El ministerio las otorgó de manera directa aplicando el criterio fijado en sentencias de otros casos.
La cartera ha justificado ese procedimiento por motivos de eficiencia: argumenta que obligar a presentar nuevos recursos judiciales prolongaría el trámite de beneficios que considera procedentes en derecho.
Interferencia dio a conocer que Justicia emitió 56 decretos de reducción de pena entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación.
El ministerio afirmó a BioBioChile que los casos aprobados cumplen con los requisitos y que no ha otorgado reducciones por hechos de esa índole cometidos a partir del 9 de febrero de 2022.
Las recientes manifestaciones de Rabat repiten la defensa jurídica del Gobierno, pero no especifican cómo se comprobó el cumplimiento de requisitos en los 56 expedientes ni qué medidas de protección se adoptaron para las víctimas de los delitos.
