La jefa de la bancada de diputados UDI, Flor Weisse, junto a la integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la cámara baja, Marlene Pérez, y las diputadas UDI Natalia Romero, Macarena Santelices, Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo, instaron al Gobierno y al Ministerio de Justicia a analizar la factibilidad jurídica de dejar sin efecto los 56 decretos que, desde el 11 de marzo pasado, han concedido rebajas de pena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Aunque las parlamentarias informaron que presentarán un proyecto para que, de manera excepcional, pueda aplicarse con retroactividad la reforma aprobada en 2022 —que impide a los condenados por abuso sexual y violación de menores acceder a reducciones de pena—, calificaron como “urgente” encontrar una solución respecto de los beneficios que ya han sido otorgados.
En ese marco, y pese a coincidir con el Ejecutivo en que existen fallos de la Corte Suprema que han rechazado aplicar esa limitación a hechos anteriores a la entrada en vigor de la norma, advirtieron que en otras oportunidades el máximo tribunal ha adoptado un criterio distinto, permitiendo la aplicación retroactiva de la reforma.
Diputadas UDI equiparan el caso con las pensiones de gracia vinculadas a Boric
En esa línea, las UDI rememoraron las gestiones que realizaron durante la administración anterior para que se dejaran sin efecto decretos que habían otorgado pensiones de gracia por hechos ocurridos en el denominado “estallido social”, lo que terminó con la determinación del Gobierno de solicitar la anulación de 27 de esos beneficios, luego de que la Contraloría confirmara su facultad para invalidar dichas resoluciones.
“El compromiso que siempre hemos asumido con la protección de la infancia y con los menores de edad no puede quedarse en meras buenas intenciones; debe traducirse en acciones concretas. Y si en el pasado fue posible dejar sin efecto decretos mediante los cuales distintos delincuentes y violentistas del estallido social recibieron millonarias pensiones de gracia, estimamos que lo más prudente ahora es que el Ministerio de Justicia analice una alternativa análoga”, señalaron.
“Somos conscientes de que las situaciones pueden ser muy distintas y que cualquier resolución debe ajustarse a la ley, pero no podemos renunciar a buscar una vía que impida que este tipo de criminales resulten beneficiados por interpretaciones ambiguas”, subrayaron las diputadas.
Finalmente, Weisse, Pérez, Romero, Santelices, Valdebenito y Naranjo exhortaron a la oposición a no convertir el tema en materia de enfrentamiento político dada la gravedad de los delitos involucrados, afirmando que “cuando hay circunstancias tan delicadas que incluso pueden provocar revictimizaciones, lo mínimo que se espera es que ningún sector de nuestra sociedad intente sacar provecho político”, y reiteraron que “lo que esperan los chilenos no son disputas políticas ni acusaciones cruzadas, sino soluciones concretas que impidan que esto vuelva a ocurrir en nuestro país”.
