El diputado Luis Cuello (PC) solicitó la remoción del ministro de Justicia, Fernando Rabat tras la controversia por las 56 reducciones de pena otorgadas a personas condenadas por violación y abuso de menores, y señaló que acudió a Unicef para alertar sobre el asunto.
De igual modo, expresó su rechazo al conocerse que el Ministerio de Justicia también aplicó rebajas de condena a sentenciados por crímenes de lesa humanidad, como los internos de Punta Peuco.
A raíz de ello, el parlamentario calificó la situación de injustificable y ubicó la responsabilidad de forma directa en el ministro a cargo de la cartera de Justicia.
“Conceder reducciones de pena a quienes fueron condenados por delitos sexuales contra menores y, además, a dos personas por crímenes de lesa humanidad coloca al ministro de Justicia en una postura insostenible”, afirmó.
Cuello además puso en duda las afirmaciones del secretario de Estado, que, según sostuvo, fueron “desmentidas por la Corte Suprema”. Por ese motivo consideró que debe dejar el cargo y adelantó que la oposición podría impulsar otras iniciativas.
“La Corte Suprema lo desmintió. En mi opinión, el ministro de Justicia tiene que dar un paso al costado y renunciar, sin perjuicio de las acciones que, como oposición, acordemos colectivamente”, aseguró.
Añadió además: “En diciembre del año pasado, en el contexto de la campaña presidencial, un vocero del entonces candidato Kast señaló y aceptó que se otorgaran beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad”.
Parlamentarios acuden a Unicef
En ese marco indicó que, junto a un grupo de parlamentarios, recurrieron a Unicef para advertir sobre esta situación.
“Unicef respondió subrayando que estos delitos provocan efectos profundos y duraderos, y que el Estado está obligado a imponer sanciones proporcionales a la gravedad de tales delitos”, afirmó.
Es importante señalar que la polémica ha llevado a diversas fuerzas políticas a considerar distintas acciones contra Fernando Rabat.
Entre las medidas sobre la mesa se menciona la posibilidad de una interpelación e incluso la presentación de una Acusación Constitucional.
