El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), cuestionó de manera directa al presidente José Antonio Kast y al titular de Justicia, Fernando Rabat, por las reducciones de pena concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad.
El dirigente socialista puso en contraste las promesas de campaña del mandatario con las resoluciones adoptadas por su administración: “Kast en su campaña prometió mano dura contra la delincuencia y hoy su gobierno libera a pedófilos y violadores de derechos humanos”.
“¿Al gobierno le importan realmente los niños? Los mismos que le niegan los computadores a los escolares le rebajan las condenas a los pedófilos”, declaró en La Tercera.
Sus críticas se sumaron a las que ha recibido el Ejecutivo por los 56 decretos que redujeron penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Hasta ayer, la cartera justificó su actuar sosteniendo que la jurisprudencia de la Corte Suprema impedía aplicar la exclusión incorporada en 2022 a hechos cometidos con anterioridad a su vigencia.
Sin embargo, este viernes el Ministerio de Justicia echó pie atrás, y anunciaron la suspensión de nuevas tramitaciones de rebajas de condena.
Álvaro Elizalde a Fernando Rabat: “No estaba obligado a conceder estos beneficios”
Elizalde rechazó esa explicación y responsabilizó al ministro por la firma de los decretos que autorizaron las rebajas.
“Rabat está tratando de sacarse los pillos, pero los hechos son claros: firmó decretos para liberar anticipadamente a pederastas condenados por la justicia. No basta con recurrir a una supuesta jurisprudencia para eximir de responsabilidad decisiones administrativas que le corresponden exclusivamente, tal como lo señaló la Presidenta de la Corte Suprema”, afirmó.
El exministro también cuestionó que existiera una interpretación judicial homogénea que obligara al Ejecutivo a aprobar estas reducciones.
“La llamada jurisprudencia uniforme que invoca Rabat no existe realmente. Existen fallos en direcciones diversas, por lo tanto no puede sostenerse que haya un criterio judicial único e inequívoco que obligue a otorgar estos beneficios”, sostuvo.
Desde su perspectiva, el Gobierno debía litigar en tribunales para sostener la aplicación de la norma que excluía de las rebajas a quienes fueron condenados por delitos sexuales contra menores.
Debate por la jurisprudencia
El socialista recordó que, en su etapa como senador, respaldó la promulgación de la Ley 21.421 y explicó que, durante su tramitación, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que la norma se aplicaría a solicitudes presentadas después de su publicación, sin importar la fecha del delito o de la condena.
Partiendo de esa interpretación, Elizalde distinguió entre acatar una sentencia judicial y usar su razonamiento para beneficiar a terceros.
“Fernando Rabat no estaba obligado a conceder estos beneficios. Una cosa es cumplir una resolución dictada para un caso concreto y otra muy distinta es extender esa lógica a otras personas mediante actos administrativos, obviando el carácter relativo de las sentencias”, señaló.
“Por ese efecto, las sentencias no se convierten automáticamente en una instrucción general para resolver todos los casos de la misma forma”, añadió.
El exministro afirmó que las administraciones previas solían rechazar estas peticiones y defendían esa postura cuando eran impugnadas en tribunales.
“Frente a una exclusión expresamente establecida por el legislador, lo razonable era no conceder administrativamente estos beneficios y defender esa decisión ante los tribunales si era impugnada”, concluyó.
