El Frente Amplio y el Partido Comunista solicitaron la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, tras conocerse que se habrían otorgado rebajas de pena a violadores y agresores de menores, un hecho que el Gobierno vincula a la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Al revelarse que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habría firmado más de 56 rebajas de condena a personas condenadas por abuso sexual y violación de menores, además de tres decretos en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos, ambas colectividades pidieron al presidente José Antonio Kast que exija la dimisión del ministro.
Frente Amplio exige la salida de Rabat
En primera instancia, la bancada del Frente Amplio (FA) reprochó que el Ministerio de Justicia haya abandonado el criterio que mantenían las administraciones previas, que consistía en rechazar este tipo de peticiones y sostener esa postura ante los tribunales.
En ese marco, la diputada y jefa de bancada del FA, Emilia Schneider, afirmó que “la gestión del presidente Kast ha evidenciado un completo desprecio por las víctimas, porque han mostrado empatía y consideración hacia violadores de derechos humanos y ahora también hacia quienes agreden sexualmente y violan a niños y niñas”.
La parlamentaria demandó que el Ejecutivo impulse con urgencia la discusión de los proyectos relacionados, con el objetivo de alcanzar un acuerdo transversal que impida la repetición de estos hechos. Asimismo, pidió “transparentar la información de estas causas para dejar todo claro, para que las familias y las víctimas conozcan” lo sucedido.
“Y, por supuesto, que el Gobierno le explique al país, que deje de echar culpas y que diga claramente quién modificó este criterio, quién tomó la decisión que permitió la liberación de estos delincuentes tan repudiables que hicieron tanto daño a nuestra sociedad. Como Frente Amplio, no seremos cómplices de la impunidad ni de la crueldad que pretende institucionalizar este gobierno”, enfatizó.
De este modo, la bancada del FA exigió que Kast solicite de inmediato la renuncia del ministro Rabat y planteó estas demandas:
– Restablecer de forma inmediata el criterio de rechazo a estas solicitudes y mantener esa negativa ante los tribunales.
– Hacer públicos los 56 decretos, precisando cuántas personas se beneficiaron, las fechas de los hechos, los antecedentes evaluados y si se notificó a las víctimas.
– Aclarar quién decidió cambiar el criterio y cuál fue la motivación.
– Tramitar con urgencia los proyectos que impidan estos beneficios por cualquier interpretación, entre ellos la iniciativa impulsada por la diputada Emilia Schneider.
Partido Comunista exige igualmente la salida del ministro
Por su parte, el Partido Comunista (PC) publicó una declaración en la que planteó varias medidas al Gobierno y pidió la renuncia de Rabat.
Desde esa colectividad recordaron que “la protección de las víctimas debe ser el eje central del funcionamiento de los órganos del Estado. Cuando se trata de víctimas de delitos sexuales que son niños, niñas y adolescentes, esa obligación es aún mayor. Ninguna autoridad puede priorizar el beneficio de un agresor sobre la seguridad y la dignidad de quien sufrió el delito”.
“Proteger a la infancia es lo fundamental para el país. Por eso, en 2022 se aprobó una ley que excluye a abusadores y violadores de menores de las rebajas de condena. Fue una decisión democrática, transversal y clara: ante estos delitos no proceden beneficios”, señalaron.
En ese sentido, desde la organización afirmaron que, a su juicio, “el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dejó de aplicar ese criterio y ha incumplido gravemente con sus responsabilidades”.
“Entre marzo y septiembre de este año firmó 56 decretos que reducen las penas de 29 condenados por violación y 27 por abuso sexual de menores, sin que ninguno respondiera a una orden judicial. Lo hizo de forma silenciosa, sin informar al país ni a las víctimas. Y, en lugar de rectificar, ha declarado públicamente que mantendrá ese criterio”, agregaron.
El PC remarcó que “los ministros de Justicia de las administraciones de los presidentes Piñera y Boric rechazaron estas solicitudes y sostuvieron esa posición frente a los tribunales”, mientras que “Rabat decidió apartarse de ese camino por su propia determinación”.
“No se trata de una orden judicial ni de una laguna legal: es una decisión política que pone en peligro a las víctimas y deja desprotegidos a nuestros niños y niñas”, añadieron.
“Por todas estas razones, el ministro Rabat no puede continuar en su cargo. Ha mostrado insensibilidad hacia las víctimas y no ha asumido responsabilidades. Exigimos al presidente José Antonio Kast que le solicite la renuncia de inmediato”, demandaron.
En consecuencia, los comunistas reclamaron la salida de Rabat y además pidieron “revertir” su enfoque “y volver a rechazar las peticiones de rebaja de condena por delitos sexuales contra menores, como lo hicieron los gobiernos anteriores; revisar y dejar sin efecto los decretos ya emitidos en la medida que la ley lo permita; notificar a cada una de las víctimas y a sus familias sobre la situación de sus agresores, y garantizarles protección”.
“Anunciar proyectos de ley no sustituye la responsabilidad política: para dejar de firmar estos decretos no se necesita una nueva norma, se necesita voluntad. El Partido Comunista apoya todas las acciones que emprenda nuestra bancada de diputadas y diputados para que se asuman las responsabilidades y esto no vuelva a ocurrir”, concluyeron.
Justicia suspende la tramitación de rebajas de condena
Es relevante señalar que el Ministerio de Justicia comunicó este viernes la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condenas, en medio de las críticas por los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Además, la cartera anunció que impulsará cambios legales con discusión inmediata. Esto ocurre luego de que el ministro Rabat defendiera lo actuado, presentando las rebajas como una obligación amparada en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
