El Ministerio de Justicia comunicó este viernes la suspensión de la tramitación de los decretos de rebajas de pena, en medio de las críticas por los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y por violaciones a los derechos humanos.
La cartera agregó que promoverá cambios legales con discusión inmediata.
La declaración se produce tras la enérgica defensa del ministro Fernando Rabat, quien presentó las rebajas como una obligación respaldada por la jurisprudencia de la Suprema; esa explicación fue cuestionada por parlamentarios, abogados y el exministro Jaime Gajardo.
Ahora, según el comunicado de la institución, un análisis de la normativa permitió detectar un “vacío legal” vinculado a las restricciones para personas sentenciadas antes de 2022 en casos de delitos sexuales contra niños.
El escrito no detalla el fundamento jurídico de la suspensión ni señala que se anularán las rebajas ya concedidas.
“Vacío legal”: Justicia detiene la tramitación de rebajas de condena
Según el comunicado, el Ejecutivo intentará ahora evitar que quienes fueron condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sigan accediendo a estas reducciones.
“Lo que haremos ahora es enfrentar este problema, impulsando y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló el ministro Rabat en el documento.
“Mientras tanto, dejaremos en suspenso la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos resolver esta situación en poco tiempo y entregar tranquilidad a la ciudadanía”, añadió.
La cartera no precisó la duración de la suspensión ni explicó cómo actuará ante solicitudes amparadas por órdenes judiciales. Aunque el anuncio está centrado en delitos sexuales contra menores, no aclara si la medida se aplicará a otros condenados.
La controversia que rodea el anuncio
El conflicto se desencadenó cuando se dio a conocer que Justicia emitió 56 decretos de rebaja por delitos sexuales contra menores durante la presente administración: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Esos antecedentes, publicados inicialmente por Interferencia, generaron críticas en el Parlamento y el anuncio del PC de reunir firmas para interpelar a Rabat.
La explicación ministerial se sustentó en la reforma de 2022 que incorporó exclusiones al beneficio. Según la cartera, la interpretación mayoritaria y reiterada de la Suprema impedía aplicar esa restricción a delitos cometidos antes del 9 de febrero de ese año.
No obstante, BioBioChile revisó cuatro causas en las que el máximo tribunal respaldó negar el beneficio por hechos anteriores a la reforma, tres resueltas durante el actual gobierno. Esos fallos no prueban que las 56 rebajas sean ilegales, pero ponen en duda que su concesión fuera jurídicamente inevitable.
El debate también se amplió a los condenados por delitos cometidos durante la dictadura.
Justicia informó tres decretos por secuestro calificado y tortura, dos correspondientes a internos de Punta Peuco. Este medio, además, accedió al decreto que descontó 19 meses a César Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado por los secuestros de cinco detenidos desaparecidos de 1987.
Qué propone modificar Justicia
Entre las medidas anunciadas se incluye un proyecto para reformar el procedimiento de reducción de condena, sus causales de exclusión y las reglas que determinan qué requisitos deben exigirse a los solicitantes según la fecha.
El ministerio también anunció normas para garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas, junto con indicaciones e iniciativas destinadas a restringir estos beneficios.
En paralelo, el Ejecutivo impulsará el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, que, según el comunicado, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
