La llegada del exsubsecretario general de Gobierno José Francisco Lagos al Segundo Piso de La Moneda volvió a poner en discusión la función de los asesores presidenciales y la continuidad de exautoridades en cargos públicos.
Lagos se integró al equipo liderado por Alejandro Irarrázaval apenas dos días después de abandonar la Subsecretaría General de Gobierno. Su designación se suma al de Natalia Duco, quien se incorporó a esta instancia tras dejar el Ministerio del Deporte, en un contexto de críticas por la utilización de un vehículo fiscal.
El llamado “Segundo Piso” tomó forma durante la administración de Ricardo Lagos, cuando se creó un grupo de asesores cercanos al mandatario para colaborar en la estrategia política y en la elaboración de políticas públicas. Desde entonces, tanto su influencia como sus atribuciones han sido motivo de debate.
La determinación también provocó cuestionamientos dentro del oficialismo. El diputado UDI Mario Olavarría objetó que el Segundo Piso opere como una opción para quienes dejan sus puestos y señaló que los profesionales con trayectoria en el Estado podrían tener otros espacios donde desempeñarse.
El diputado socialista Nelson Venegas, desde la oposición, señaló una inconsistencia entre estos nombramientos y los cuestionamientos previos del Gobierno al aparato estatal, que había descrito como sobredimensionado e ineficiente.
Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, sostuvo que esta instancia se ha apartado de su objetivo inicial —asesorar al presidente en la formulación de políticas públicas— y se ha transformado en un lugar para reubicar autoridades. Asimismo, detalló las restricciones legales que existen para supervisar sus labores.
El diputado del Frente Amplio Matías Fernández cuestionó que exautoridades se incorporen al Segundo Piso y acusó al Gobierno de recompensar una gestión deficiente. A su juicio, las dificultades del Ejecutivo no son comunicacionales, sino políticas, pues sus decisiones repercuten directamente en las familias y en sus bolsillos.
También persisten las dudas sobre si los asesores presidenciales pueden conservar sus dietas de consejeros regionales, pese a los compromisos de campaña de Kast respecto de recibir simultáneamente ingresos públicos.
El presidente ha defendido el carácter estratégico de sus asesores, pero las objeciones se centran en la transparencia y pertinencia de estos nombramientos, así como en su compatibilidad con el discurso de austeridad del Gobierno.
la información fue reportada por Cristopher Aguilera
