La polémica por las rebajas de condena otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores ha aumentado la tensión en el oficialismo. Aunque el presidente Kast sigue respaldando al ministro Rabat, voces de la derecha alertan que las pugnas internas pueden perjudicar al Gobierno.
El debate se desató luego de que se supiera que el Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Fernando Rabat defendió los decretos y afirmó que actuó conforme a la legislación vigente y a los criterios establecidos por la Corte Suprema.
No obstante, aparecieron dudas sobre si era posible denegar las solicitudes. El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, admitió que el proceso podría haberse llevado a cabo de otra forma, pero reafirmó que el presidente confía en el ministro.
La controversia afectó uno de los principales ejes de la derecha: la protección de la infancia y la familia, impulsada a través del Plan Chile Renace.
En medio de este escenario, la diputada republicana Paz Charpentier arremetió contra quienes cuestionaron al Ejecutivo y sostuvo que su sector tiene como objetivo resguardar a los menores.
Las diferencias quedaron más expuestas después de que el exministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, señalara que promovió la reforma de 2022 para limitar estos beneficios. También afirmó que resoluciones recientes hacen posible rechazarlos.
En respuesta, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, mencionó los vínculos de Hernán Larraín con Colonia Dignidad e hizo referencia a su fundador, Paul Schäfer. Sus dichos generaron críticas desde Chile Vamos.
Frente al cruce, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, respaldó al exministro, tildó de injuriosas e inaceptables las palabras de Arturo Squella y advirtió que las disputas entre aliados dañan al Gobierno.
Por su parte, el analista político Cristóbal Bellolio señaló que el apoyo de José Antonio Kast a Fernando Rabat prolonga la crisis, pues hasta ahora no se han asumido responsabilidades políticas.
Como respuesta a la controversia, el Gobierno detuvo la tramitación de nuevos decretos y anunció cambios legales para limitar las rebajas, precisar cómo se aplican a condenas dictadas antes de 2022 y asegurar que las víctimas puedan ser escuchadas. Asimismo, promoverá la creación de tribunales especializados que decidan sobre estos beneficios.
Fernando Rabat se reunirá el próximo lunes con representantes del oficialismo para intentar aplacar las tensiones internas. Entretanto, las 56 rebajas ya otorgadas siguen vigentes.
