El senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro enfrenta un difícil escenario ante la justicia después de perder las elecciones presidenciales de Brasil. Hay investigaciones en curso contra él por lavado de dinero, entre otros posibles delitos, y un juez le prohibió salir del país.
Además, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro dejará su puesto en el Senado en febrero próximo, cuando comience el nuevo periodo legislativo.
Flávio, abogado, dejó su trayectoria parlamentaria para competir por la Presidencia con el respaldo de su padre, quien está inhabilitado, condenado y bajo arresto domiciliario por intentar organizar un golpe de Estado después de perder la reelección ante Lula en 2022.
Como le ocurrió a su padre, el senador fue derrotado por el líder progresista en la segunda vuelta (52% – 48%) y tampoco admitió el resultado electoral.
De este modo, desde 2027 será la primera vez desde 2003 que no ocupe un cargo público. Flávio acumula más de dos décadas de trayectoria pública: fue diputado regional de Río de Janeiro entre 2003 y 2019, y senador de 2019 a 2027, periodo marcado por varios escándalos.
Hasta ahora, ninguno de esos casos ha sido llevado a juicio.
Dos causas bajo investigación
A sus 45 años, Flávio enfrenta actualmente dos investigaciones. La Corte Suprema lo tiene como investigado en una causa por el presunto financiamiento ilegal de una película sobre su padre. La Policía encontró indicios de posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.
Las pesquisas se centran en millonarios pagos atribuidos a Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master y ahora en prisión preventiva por un fraude financiero de gran magnitud. El dinero habría estado destinado a producir ‘Dark Horse’, una película basada en la vida de Jair.
En varios audios, Flávio solicitó al banquero 134 millones de reales (26 millones de dólares) para financiar el filme y lo llamó su “hermano”.
Las autoridades sostienen que Vorcaro desembolsó cerca de la mitad de esa suma. La Policía, no obstante, sospecha que los fondos terminaron en cuentas estadounidenses vinculadas a la familia Bolsonaro y se utilizaron en beneficio personal.
El senador sostiene que sus negociaciones con Vorcaro se ajustaron a la ley.
Por otra parte, poco antes de la segunda vuelta, los periódicos O Estado de S. Paulo y O Globo informaron que Flávio también es investigado por la Corte Suprema en otra causa, esta vez por presunto blanqueo de capitales.
En esta investigación aparece Willer Tomaz, abogado y estrecho amigo de Flávio, a quien se identifica como responsable de una estructura empresarial con movimientos financieros sospechosos relacionados con las apuestas deportivas.
De acuerdo con información policial citada por medios de comunicación, Flávio figuró como usuario con amplios permisos en una cuenta compartida con Tomaz. Este último también es investigado por un caso de corrupción vinculado a descuentos irregulares en las pensiones de millones de jubilados.
En este contexto, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien estuvo a cargo del proceso que terminó con Jair Bolsonaro en prisión, dispuso que Flávio entregara sus pasaportes, incluido el diplomático. El senador lo denunció este lunes en sus redes sociales.
De haber ganado las elecciones, las dos investigaciones habrían quedado frenadas, pues la legislación brasileña impide responsabilizar a los jefes de Estado durante su mandato por hechos anteriores a su investidura.
Asimismo, la mayoría de los especialistas en derecho opina que, mientras ocupara la Presidencia, tampoco podrían avanzar las investigaciones para presentar una eventual acusación una vez que dejara el cargo. Así lo explicó a EFE Luisa Ferreira, doctora en Derecho y académica de la Fundación Getulio Vargas (FGV).
Milicias y un negocio de chocolates
En 2020, mientras su padre ejercía la Presidencia, la Fiscalía presentó una acusación formal contra el hijo mayor de Jair por “organización criminal, malversación, blanqueo de capitales y apropiación indebida”.
La causa se refería a la supuesta incorporación de amigos, familiares y vecinos como empleados “fantasma” durante su periodo como diputado en Río, con la presunta intención de apropiarse de una parte de sus sueldos.
La Fiscalía sostuvo que los fondos se habrían lavado a través de gastos personales, una tienda de chocolates y transacciones inmobiliarias pagadas en efectivo. Sin embargo, la acusación fue archivada después de que se anularan varias pruebas.
También se ha cuestionado la relación de Flávio con grupos paramilitares de Río, integrados por policías corruptos que someten a barrios enteros mediante extorsiones y violencia.
Entre los familiares de milicianos que habrían ocupado puestos de empleado “fantasma” durante su etapa como legislador en Río estaba Adriano da Nóbrega, un sicario considerado peligroso que murió en un operativo policial en 2020.
