Con 68 votos favorables, 42 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde este miércoles a una resolución que solicita al presidente José Antonio Kast la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y de sus subsecretarios, Luis Silva y Pablo Mira. La votación estuvo marcada por las abstenciones de legisladores oficialistas de RN y la UDI, incluido el presidente de esta última colectividad.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sufrió un nuevo revés político este miércoles en el Congreso, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la única resolución de la jornada que planteaba explícitamente su salida del Gobierno.
La propuesta, impulsada por legisladores opositores, también solicita que dejen sus cargos el subsecretario de Justicia, Luis Silva, y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, por las responsabilidades políticas y administrativas que les atribuye en la polémica por los decretos de reducción de condenas.
La iniciativa obtuvo 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones. El resultado reflejó las diferencias de opinión entre los parlamentarios oficialistas sobre la petición dirigida al mandatario.
Abstenciones de RN y la UDI destacan en votación que pide la salida de Rabat
Se abstuvieron los diputados de Renovación Nacional Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán y Francisco Orrego, junto con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, Marco Antonio Sulantay y Flor Weisse. También lo hizo Juan Marcelo Valenzuela, representante del Partido de la Gente (PDG).
En cambio, los oficialistas Jorge Alessandri (UDI), Diego Schalper (RN), Constanza Hube (UDI) y Agustín Romero (Republicanos), entre otros, votaron contra la resolución.
Entre los parlamentarios opositores que respaldaron la propuesta estuvieron Jorge Díaz (DC), Raúl Soto (PPD), Marcos Barraza (PC) y Emilia Schneider (Frente Amplio), además de otros legisladores.
Piden invalidar decretos y resguardar a las víctimas
La resolución fue presentada por los diputados Cristian Tapia, Raúl Leiva, Jorge Díaz, Luis Malla, Daniela Serrano y Emilia Schneider. En ella solicitan al presidente Kast asumir las responsabilidades políticas y administrativas pertinentes, en particular disponiendo la salida del ministro Rabat y de los subsecretarios Silva y Mira.
Asimismo, plantea poner en marcha un programa urgente de apoyo para las víctimas de delitos sexuales contra menores, crímenes de lesa humanidad y delitos relacionados con el crimen organizado, cuando los responsables hayan obtenido rebajas de sus condenas.
El texto también pide ordenar la invalidación de los decretos que otorgaron beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, además de dejar formalmente suspendidos, mediante una medida administrativa, nuevos procedimientos de esta naturaleza.
Como parte de sus argumentos, los parlamentarios citan los 56 decretos de rebaja de condena concedidos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, así como otros tres beneficios otorgados a condenados por secuestro calificado y tortura.
El documento alude además a información difundida por BioBioChile sobre 33 de las personas beneficiadas que fueron identificadas y están en libertad. En algunos casos, Gendarmería había advertido en sus informes de un riesgo elevado de reincidencia.
Aunque fue aprobada, la resolución no es vinculante. Por ello, solo el presidente José Antonio Kast puede decidir si mantiene en sus cargos o solicita la renuncia de las autoridades cuestionadas; hasta ahora, ha respaldado la permanencia del ministro Rabat mientras se aborda la controversia.
