Luego de la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre las rebajas de condena otorgadas por el Gobierno a delincuentes, incluidos pederastas y violadores de derechos humanos, la oposición ratificó que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La jefa de bancada del comité del Partido Comunista e Independientes, Daniela Serrano, comunicó la decisión después de que el ministro expusiera ante la Sala.
Serrano recordó que su sector había dado al Gobierno 48 horas para entregar los decretos, plazo que, según indicó, no fue respetado. Luego cuestionó que el ministro no se ajustara a la ley y se arrogara atribuciones que no le competen, por lo que confirmó que promoverán la acusación constitucional.
La diputada señaló que el primer paso consistía en escuchar las explicaciones del Gobierno sobre una decisión que consideran injustificable. Sostuvo que el ministro se retiró sin responder a la Cámara y que, por ese motivo, los partidos y parlamentarios presentes impulsarán la acusación de forma responsable.
La oposición buscará establecer responsabilidades políticas
Serrano indicó que la Cámara aprobó un proyecto de resolución en que se solicitaba la renuncia de Rabat y sus subsecretarios. Sin embargo, dijo que esa medida no es suficiente y planteó que se deben determinar las responsabilidades políticas hasta sus últimas consecuencias.
Afirmó que, cuando el Gobierno remueve a sus ministros, suele nombrarlos como asesores —incluso en el segundo piso— o asignarles cargos diplomáticos. Por esa razón, agregó, y tanto por convicción política como por proteger a las víctimas, su sector continuará adelante con la iniciativa.
La iniciativa fue aprobada con 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones. Entre otros puntos, solicita al presidente José Antonio Kast que adopte las medidas políticas y administrativas pertinentes, incluida la petición de renuncia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, al subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrazaval, y al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira Hurtado.
