El ministro de Justicia, Fernando Rabat, habría sido advertido en tres ocasiones de las consecuencias políticas que podría tener otorgar rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales, antes de que el beneficio concedido a 56 condenados provocara una crisis en el Gobierno del presidente José Antonio Kast.
Una investigación de Reportajes Teletrece, difundida este jueves, indica que las advertencias se realizaron entre febrero y mayo de 2026 e incluyeron objeciones técnicas y políticas al cambio de criterio que finalmente hizo posible aprobar las reducciones de penas.
La primera alerta se habría presentado el 2 de febrero, en una reunión de traspaso de mando entre Rabat y su antecesor, Jaime Gajardo. En esa ocasión, el exministro le señaló que la administración previa rechazaba las solicitudes para reducir condenas por delitos sexuales contra menores, excepto cuando la Corte daba lugar a los recursos de los condenados.
T13 informó que en la reunión también se examinaron documentos que indicaban la importancia de tomar en cuenta la edad de las víctimas al revisar las sentencias. El medio identificó ese punto como la primera advertencia técnica recibida por Rabat sobre el tema.
La segunda advertencia
Más adelante, el 26 de marzo, el ministro de Justicia empezó a estudiar opciones ante el alza de los recursos judiciales interpuestos por condenados que aspiraban a obtener este beneficio.
En abril, Rabat reunió a su equipo y a asesores técnicos para revisar las alternativas legales disponibles. En esa reunión, no obstante, también le advirtieron sobre las repercusiones políticas de cambiar el criterio que se había aplicado hasta entonces.
En concreto, se le habría sugerido sopesar el aumento de las acciones judiciales frente al costo de otorgar beneficios a condenados por delitos sexuales, en especial en casos de gravedad o con gran repercusión pública. Asimismo, le habrían aconsejado definir un criterio explícito para justificar el rechazo de las solicitudes.
A pesar de las advertencias, el ministro habría dado prioridad a los fundamentos jurídicos sobre los políticos y conservado su posición respecto de cómo aplicar la normativa vigente.
Las advertencias no se informaron a Kast
La investigación destaca que las alertas de carácter político presuntamente no fueron transmitidas al presidente José Antonio Kast.
Según T13, esto concuerda con lo que Rabat declaró el 22 de octubre, cuando afirmó que el mandatario desconocía el asunto, ya que las decisiones sobre las rebajas de condena estaban bajo la responsabilidad del ministro de Justicia.
La tercera advertencia habría tenido lugar en mayo, cuando un funcionario le indicó a Rabat que no debía seguir adelante con la entrega de los beneficios, dados los efectos que esa decisión podía ocasionar.
Aun así, el secretario de Estado habría respaldado nuevamente su postura con argumentos de carácter constitucional.
El reportaje añade que en La Moneda inquieta el impacto político que la polémica podría tener para el Ejecutivo, sobre todo ante la posibilidad de que el ministro sea objeto de una acusación constitucional.
También se sumaría el gasto que implicaría su defensa ante el Congreso. De acuerdo con T13, el Gobierno tendría que pagar cerca de $17 millones para contratar a un abogado que represente a Rabat si se presenta una acusación constitucional.
