El controvertido video de Luis Silva acabó marcando su salida del cargo. El entonces subsecretario de Justicia buscó justificar su intervención en la firma de los decretos que redujeron las penas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores, pero sus declaraciones generaron una nueva dificultad para el Gobierno de José Antonio Kast.
En el video, difundido la noche del jueves, Silva afirmó que al firmar los documentos en calidad de ministro subrogante se atuvo al criterio jurídico definido por su superior, Fernando Rabat.
La controversia no se limitó a lo que explicó, sino que también incluyó cómo lo hizo. Silva admitió que no estimó necesario hablar con el ministro antes de publicar el registro, lo que dejó al descubierto una falta de coordinación en una cartera ya sometida a presión.
La Moneda reaccionó este viernes: el Presidente aceptó la renuncia de Silva y designó para sucederlo a la abogada Josefina Soto Larreátegui.
Con esta decisión, Silva dejó el Ejecutivo, mientras Rabat continúa en su cargo, a pesar de los cuestionamientos opositores y las discrepancias que el caso ha provocado en el oficialismo.
De figura política a perfil más técnico
La designación de Soto no pasó inadvertida. Kast sustituyó a uno de los representantes más conocidos del Partido Republicano por una abogada con trayectoria en el servicio público y bastante menos exposición política.
Silva, apodado el “profe Silva”, se incorporó al Gobierno tras forjar una trayectoria vinculada a la academia y la discusión constitucional. En 2023 obtuvo la mayor votación para el Consejo Constitucional y se convirtió en una de las figuras más visibles de Republicanos.
Su impronta era marcadamente política. Como solía defender sus posturas en público, el exsubsecretario conservó ese estilo incluso cuando la polémica por las rebajas de penas ya afectaba al Ministerio de Justicia.
Por su parte, Soto ha construido gran parte de su carrera fuera de la atención pública, en funciones jurídicas y administrativas durante los dos mandatos de Sebastián Piñera.
Entre 2010 y 2011 fue coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda, cargo que volvió a ocupar desde 2018 hasta 2022. Además, encabezó el gabinete del ministro de Energía entre 2011 y 2014.
Su trayectoria también incluye trabajo como abogada en el ámbito privado y docencia de Derecho Administrativo en la Universidad Católica.
El nombramiento, por tanto, puede entenderse como la opción por una autoridad con más conocimiento del aparato estatal y menos exposición pública, cuando el Gobierno busca recuperar el control de una cartera afectada por la crisis.
Un perfil distinto, pero ligado al mundo republicano
Aunque ambos tienen perfiles diferentes, Kast no eligió a alguien completamente ajeno a su espacio político.
Soto encabezó el Área Municipal de la Fundación Jaime Guzmán y, entre 2022 y 2026, estuvo a cargo del Área de Fiscalización del Centro de Estudios Ideas Republicanas.
Soto también formó parte del proceso constitucional de 2023, aunque en una labor diferente a la de Silva. Él fue consejero electo y ella integró el Comité Técnico de Admisibilidad, instancia que debía verificar que las propuestas se ajustaran a las bases institucionales acordadas para elaborar una nueva Constitución.
Su trayectoria indica que la nueva subsecretaria está familiarizada con el entorno político oficialista, si bien el comunicado del Gobierno no precisó si milita en el partido fundado por Kast. Sus lazos con el mundo republicano, en todo caso, son claros.
La crisis de fondo permanece
La partida de Silva no pone fin, sin embargo, a la crisis que atraviesa Justicia.
Fernando Rabat sigue al frente del ministerio, pese a las críticas por las rebajas de condenas y la presión opositora, que pretende impulsar una acusación constitucional en su contra.
El oficialismo tampoco ha conseguido mostrar una postura unificada. Algunos sectores han defendido que el ministro siga en el cargo, mientras otros han admitido el costo político que supone para el Gobierno mantenerlo.
En estas circunstancias, reemplazar al subsecretario permite a Kast proyectar autoridad luego del episodio del video, sin apartar al principal responsable político de la cartera.
En cualquier caso, la incorporación de Soto inicia una nueva etapa en Justicia. Su experiencia en la administración podría contribuir a reorganizar el trabajo interno, pero el conflicto central no ha cambiado: las rebajas de condenas y el costo político de que Fernando Rabat permanezca en el ministerio.
Por el momento, Silva es quien ha asumido la consecuencia más inmediata de la crisis. Aún está por determinarse si su salida será permanente o si, como otras exautoridades, encontrará más adelante un puesto en el llamado “segundo piso” de La Moneda.
