Polonia atraviesa este sábado una jornada de incertidumbre institucional, después de una noche marcada por la tensión en torno al Tribunal Constitucional (TC). Su control se lo disputan los jueces nombrados por la actual mayoría parlamentaria, encabezada por el primer ministro Donald Tusk, y la dirección respaldada por su adversario político, el presidente Karol Nawrocki.
La crisis se inició el viernes por la tarde, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska comunicó que suspendía de inmediato al presidente del TC, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański, y que asumiría la conducción de la institución.
Más tarde, a solicitud de la propia jueza, la Policía ingresó en la sede. Desde anoche, los agentes impiden que el presidente y el vicepresidente suspendidos entren al edificio, mientras cientos de personas se mantienen reunidas frente a la verja de acceso.
En el transcurso de la noche hubo altercados y choques en el acceso al TC entre agentes antidisturbios, varios diputados opositores y manifestantes.
Nawrocki, quien acortó su visita oficial a Senegal y volvió a la capital polaca ante los acontecimientos, llegó al TC después de la medianoche acompañado por Zbigniew Kapiński, primer presidente del Tribunal Supremo.
En el lugar, denunció “una violación del orden constitucional” y una “toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado”. Además, convocó a las fuerzas parlamentarias a consultas de urgencia para este sábado.
Qué desencadenó los hechos del viernes
Korwin-Piotrowska cuestiona la legitimidad de Święczkowski, a quien acusa de infringir la ley al impedir de manera sistemática que ejerzan los jueces nombrados por el Parlamento actual. Para asumir la dirección, invoca el artículo 12.4 de la ley de 2016 sobre el TC, que establece que, si el presidente del organismo no puede autorizar a otro juez para encabezarlo, esa responsabilidad recae en el magistrado de mayor antigüedad.
Ese criterio es precisamente uno de los aspectos controvertidos. La jueza sostiene que, al suspender al presidente, este quedó sin posibilidad de delegar sus funciones; además, cuenta los años de experiencia jurídica previos a su nombramiento en el TC. Sin embargo, Wojciech Sych, otro integrante del Tribunal, lleva más tiempo formando parte de este.
La autoridad de Korwin-Piotrowska también es objeto de debate: Nawrocki no le tomó juramento, un paso que, de acuerdo con la Presidencia y la dirección del TC, resulta indispensable para que un juez elegido pueda asumir el cargo.
Algunos especialistas en derecho polacos sostienen que un juez por sí solo no tiene atribuciones para suspender al presidente de su Tribunal, y que esa facultad corresponde a la Asamblea General del organismo.
Pese a esas objeciones, la magistrada acusa a Święczkowski y Sochański de infringir la ley al impedir que algunos jueces elegidos por el Parlamento actual desempeñen sus funciones. Por ello, asumió la presidencia del TC y dispuso que el presidente y el vicepresidente quedaran suspendidos de sus atribuciones durante un mes.
Tusk, en tanto, sostiene que los nuevos integrantes del TC fueron elegidos “conforme a la Constitución” y acusa a Nawrocki de haber “abdicado” de su responsabilidad constitucional al rehusarse a tomarles juramento.
De disputa jurídica a crisis institucional
El conflicto que estalló el viernes tiene su origen en la reforma judicial impulsada por el anterior Gobierno, liderado entre 2015 y 2023 por el partido nacionalista y ultraconservador PiS (siglas en polaco de Ley y Justicia). Mediante una serie de reformas legales cuestionadas, el partido incorporó al TC a jueces afines a su ideología.
Organismos jurídicos internacionales, entre ellos la Comisión de Venecia, cuestionaron esas reformas. Bruselas y el Tribunal de Justicia de la UE también las criticaron con dureza y pusieron en duda la independencia del Poder Judicial polaco.
En diciembre de 2017, Bruselas recurrió por primera vez en la historia de la Unión Europea (UE) al procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión. La medida respondió a lo que consideró un “riesgo claro de violación grave del Estado de derecho” debido al control político del Poder Judicial polaco.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la UE sancionó a Polonia con una multa diaria de un millón de euros por conservar la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, considerada un mecanismo gubernamental para controlar y destituir jueces según su voluntad.
El Gobierno actual busca renovar el Tribunal y devolverle legitimidad, pero sus esfuerzos han encontrado la oposición del presidente y de quienes encabezan la institución saliente.
En febrero de 2024, Tusk presentó un plan para fortalecer el Estado de derecho. La Comisión Europea liberó los fondos europeos que estaban retenidos y, en mayo de ese año, anunció que pondría fin al procedimiento del artículo 7, al considerar que ya no había un riesgo claro de violación grave.
No obstante, el legado institucional del PiS —entre otros aspectos, la composición del Tribunal Constitucional— ha generado trabas legales a las iniciativas de Tusk.
El TC lleva años bloqueado, con sus integrantes cuestionando recíprocamente la legitimidad de sus colegas. Esta situación ha desembocado en una crisis institucional cuyo desenlace es incierto.
