Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, cumple una condena efectiva de 5 años y 1 día de cárcel por fraude al fisco y recibió un nuevo revés: se rechazó su petición para acceder a la libertad vigilada.
En el informe enviado por Gendarmería se señala que “no se recomienda” sustituir la pena de cárcel por libertad vigilada intensiva, pues “no cumple con el requisito D”; esto es, “no registra tres bimestres de muy buena o buena conducta”.
El documento también califica su “riesgo general de reincidencia” como “Medio” y detecta “áreas críticas con necesidades de intervención altas” en aspectos como actitud y orientación pro criminal, pares y familia/pareja.
Además, el informe considera “moderada” la necesidad de intervención en patrón antisocial, distorsiones cognitivas y falta de autocrítica. En otras palabras, pese al tiempo que lleva en prisión, no habría alcanzado “una reflexión crítica real sobre el delito de fraude al fisco cometido”.
Las observaciones de Gendarmería
En concreto, la evaluación plantea que la exautoridad suele presentar las conductas sancionadas como requerimientos de gestión o como estrategias de comunicación válidas. También atribuye lo sucedido a un exceso de confianza, que, según el análisis, dificulta que reconozca su responsabilidad y el daño causado al Estado.
Gendarmería incluye asimismo su salida del país y la posterior petición de asilo político entre los antecedentes que apuntan a una evasión de la justicia. Para los evaluadores, esas acciones muestran dificultades para acatar el marco legal cuando se contrapone a sus intereses.
Sobre su entorno, el informe señala que sus personas cercanas le brindan apoyo afectivo y material. No obstante, advierte que ese respaldo no implica que existan herramientas efectivas para cuestionar sus decisiones ni para promover una reflexión sobre la conducta por la que fue condenada.
La evaluación también destaca elementos favorables: su formación profesional e intelectual, sus posibilidades de conseguir trabajo y su capacidad para desenvolverse en entornos estructurados, incluido el penitenciario. Asimismo, describe una participación adecuada en labores y cursos de capacitación durante su permanencia en Países Bajos.
Aun así, el documento estima que esos recursos no bastan para recomendar que cumpla en libertad el tiempo restante de la condena. En particular, sostiene que sería difícil atender de manera eficaz las necesidades de intervención identificadas en los cerca de ocho o nueve meses que quedarían, según el análisis.
Por estas razones, Gendarmería desaconseja reemplazar la pena de cárcel por libertad vigilada intensiva con monitoreo telemático. El informe fija el 14 de julio de 2027 como fecha de término de la condena.
Información de Bárbara Paillal y José Francisco Montecino.
