El dirigente de la UDI Pablo Longueira se refirió a la polémica que involucra al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por los decretos de rebaja de penas. En su postura, diferenció la responsabilidad política del titular de la cartera de los fundamentos legales que justificarían una acusación constitucional en su contra.
En una declaración, Longueira afirmó que Rabat cometió un “grave error político” al emitir los decretos y sostuvo que, por esa razón, “debe hacerse cargo de esa responsabilidad”.
No obstante, el exministro puso límites a la ofensiva opositora y se dirigió en particular a los diputados de su partido. Dijo que pueden criticar la gestión de Rabat e incluso pedir que deje el cargo, pero que no deberían apoyar una acusación constitucional.
“Los diputados de la UDI pueden decidir si consideran errada o no la actuación del ministro y si piden o no al Presidente que renuncie, pero no deben votar a favor de una acusación constitucional”, señaló.
En ese sentido, Longueira sostuvo que la acusación no tendría respaldo jurídico y aludió a los planteamientos de varios juristas y a los pronunciamientos mayoritarios de la Corte Suprema.
“Juristas de distintas tendencias políticas, junto con las decisiones mayoritarias de la Corte Suprema, han señalado claramente que el ministro no ha realizado ningún acto contrario a la Constitución o a la ley”, manifestó.
Por esa razón, instó a los parlamentarios a no apoyar una acusación que, a su parecer, carece de base legal. También criticó el uso de este recurso como arma de confrontación política, en vez de como una herramienta constitucional.
“No podemos continuar tratando la AC como un instrumento político y no jurídico”, recalcó.
En su pronunciamiento, el histórico militante apeló además a los principios que dieron origen a la colectividad y recordó que Jaime Guzmán fundó la UDI como un partido comprometido con la institucionalidad, la ley y el Estado de Derecho.
En ese marco, pidió a sus compañeros de partido que no imiten las prácticas que, según dijo, adopta la izquierda desde la oposición. “No debemos comportarnos como la izquierda ni contribuir a debilitar nuestra institucionalidad”, afirmó.
“Los diputados UDI pueden decidir si estiman que la actuación del ministro fue o no un error político, y si solicitan o no al Pdte. que renuncie; pero no deben votar a favor de una acusación constitucional que, para la izquierda, busca destruir nuestra Constitución”, escribió.
Para cerrar, Longueira reiteró que las discrepancias sobre cómo interpretar el derecho no implican automáticamente una transgresión legal y alertó sobre el daño a la institucionalidad que podría causar el uso infundado de acusaciones constitucionales.
“En este caso puede haber diferencias legítimas en la interpretación jurídica, algo propio del derecho que de ninguna manera constituye una infracción a la ley”, concluyó.
