La comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde y despachó a la Sala el proyecto que pretende hacer más flexible la segunda fase de implementación y traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La iniciativa seguirá su tramitación en el marco del segundo trámite constitucional.
La propuesta, que recibió previamente la aprobación del Senado, apunta a dar mayor gradualidad a la puesta en marcha del nuevo sistema de educación pública. Para ello, permite ajustar el calendario de instalación de los servicios por motivos administrativos y dentro de plazos establecidos.
En particular, el texto autoriza al Presidente de la República a cambiar una sola vez el calendario para instalar los SLEP que aún están pendientes. La modificación deberá formalizarse mediante un decreto fundado del Ministerio de Educación, que también tendrá que ser firmado por el Ministerio de Hacienda.
La iniciativa fija, de todos modos, una fecha límite para concluir la implementación: ningún Servicio Local pendiente podrá iniciar sus funciones después del 31 de diciembre de 2030.
La medida busca proteger la calidad y continuidad del servicio educativo mientras se implementa el Sistema de Educación Pública. Así, tanto el inicio de operaciones de los SLEP como el traspaso de los establecimientos quedarán sujetos a que existan las condiciones necesarias para llevarlos a cabo adecuadamente.
La implementación de los SLEP
La Ley 21.040, promulgada en 2017, creó el nuevo Sistema de Educación Pública y dispuso que la administración de los establecimientos educativos pasara gradualmente de los 345 municipios del país a los Servicios Locales de Educación Pública.
La implementación, no obstante, ha tenido varios obstáculos y, a la fecha, solo 169 municipios han transferido sus establecimientos. Esto significa que apenas la mitad de los SLEP está en régimen y que todavía hay 12 cuya instalación está pendiente.
El proyecto también propone flexibilizar las condiciones para que ciertos municipios sigan administrando sus establecimientos educacionales.
Los municipios que reciban autorización podrán prorrogar esta excepción cada año, siempre que demuestren resultados de aprendizaje mejores que los del SLEP de su territorio y mantengan al día sus compromisos previsionales.
