El diputado Héctor Ulloa (IND-PPD), junto con Zandra Parisi (PDG), Jaime Mulet (FRVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC), presentó el proyecto de ley “¡Con las infancias no!”, que propone presidio perpetuo por el delito de violación y establece la castración química voluntaria como condición para que personas condenadas por delitos sexuales puedan obtener beneficios penitenciarios.
“Hasta ahora, el debate se ha centrado en cuántos años permanece en prisión un agresor sexual. Nosotros planteamos la pregunta de fondo: en qué condiciones vuelve a la calle. Actualmente, sale sin recibir tratamiento alguno. Con esta iniciativa, eso se acaba”, declaró Ulloa.
En particular, la propuesta contempla las siguientes medidas:
–Presidio perpetuo para todos los delitos de violación.
–Presidio perpetuo calificado, la sanción más severa del Código Penal, para los casos más graves de violación contra menores de 14 años: si el agresor reincide, hay más de una víctima, se provocan lesiones graves o el responsable es familiar o cuidador del niño o niña.
–Endurecimiento de las penas para todos los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, entre ellos estupro, abuso sexual, explotación sexual y material de explotación sexual infantil. Además, quedarían excluidos de las penas sustitutivas.
–Castración química voluntaria como condición para optar a la libertad condicional, permisos de salida o indulto particular. Si la persona interrumpe el tratamiento, perderá el beneficio; incluso el Presidente de la República quedaría impedido de exceptuar este requisito al conceder un indulto.
-El tratamiento no permite reducir la condena ni se considera una atenuante.
Ulloa reclama una “respuesta contundente” del Estado frente a las violaciones
Sobre este punto, el diputado Ulloa afirmó que “sorprende lo bajas que son las penas aplicadas en muchos de los casos en que se concedieron beneficios: cinco o seis años, incluso cuando se trata de abusos sexuales atroces contra menores de edad”.
Por esta razón, planteó que “el Estado debe responder con firmeza” ante los delitos de violación, con una sanción “proporcional al daño que provocan: el presidio perpetuo”.
El legislador añadió que, de acuerdo con estudios internacionales mencionados en el proyecto, quienes son condenados por delitos sexuales vuelven a cometer ilícitos de este tipo en una proporción superior a tres veces la registrada entre el resto de las personas condenadas.
En esa línea, sostuvo que “se debe implementar la castración química voluntaria, un tratamiento farmacológico que busca reducir la libido o inhibir la testosterona, como sucede en países como Inglaterra y Dinamarca, para garantizar la protección de las víctimas y de la sociedad en su conjunto”.
“Nadie será forzado a hacerlo. Sin embargo, quien quiera acceder a la libertad antes de terminar su condena deberá recibir el tratamiento. Quien lo rechace tendrá que cumplir íntegramente la pena”, enfatizó.
Parlamentarios valoran el apoyo transversal a la propuesta
El diputado Jaime Mulet también manifestó su respaldo a la iniciativa y destacó que es necesario aplicar sanciones más severas a quienes cometen delitos sexuales.
“La indemnidad sexual de todas las personas, y especialmente la de los menores, es esencial. Por eso, consideramos totalmente necesario elevar las penas mediante este proyecto y contemplar incluso la castración química voluntaria para obtener beneficios. Con mucho gusto respaldamos la propuesta a la que nos convocó el diputado Ulloa”, indicó.
Por su lado, el diputado Patricio Pinilla señaló que espera que la iniciativa sea debatida “con altura de miras” y que se establezca claramente que en Chile los violadores de menores serán perseguidos hasta las últimas consecuencias, con el máximo rigor que permite el sistema penal.
Ulloa destacó asimismo que legisladores de distintas posiciones respaldaran el proyecto: “varios diputados hemos logrado coincidir en torno a la protección de las víctimas, pues creemos que resguardar a niños, niñas y adolescentes debe ser la prioridad de toda política sobre libertad sexual”.
La propuesta agrupa iniciativas anteriores
Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, preparado a petición de los parlamentarios, señala que desde 1990 se han ingresado 21 proyectos para elevar las sanciones por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, pero ninguno ha sido aprobado.
En este escenario, la nueva propuesta pretende integrar esos proyectos en un único cuerpo legal.
“Durante más de dos décadas se han acumulado proyectos sin avanzar. En ese tiempo, los agresores cumplen sus condenas y salen en libertad, mientras sus víctimas cargan con las consecuencias de por vida. Solicitamos que la iniciativa tenga una tramitación urgente”, dijo Ulloa.
La presentación del proyecto ocurre en medio de la polémica por las rebajas de penas que el Ministerio de Justicia concedió a condenados por delitos sexuales contra menores. El caso ha provocado críticas al Gobierno y ha dado lugar a indagaciones de la Justicia y de la Contraloría General de la República.
