El Gobierno informó que inició un sumario administrativo en el Ministerio de Justicia para determinar de qué manera se filtraron los decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. El vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, señaló que la investigación pretende proteger datos delicados de las víctimas, mientras continúa la polémica en torno al ministro Fernando Rabat, quien sigue en el cargo con el respaldo del presidente José Antonio Kast.
La disputa por las reducciones de condena abrió un nuevo frente, ahora centrado en la divulgación de documentos provenientes del Ministerio de Justicia.
En respuesta a las críticas dirigidas al ministro Fernando Rabat, el Ejecutivo confirmó que abrió una investigación interna para averiguar de qué forma se entregaron a los medios los decretos que favorecieron a condenados por delitos sexuales contra menores.
La medida se anunció mientras el secretario de Estado sigue en funciones, pese a las críticas por haber suscrito los documentos que originaron la polémica.
El vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, dio a conocer la investigación y señaló que su propósito es proteger información de carácter sensible.
“Entre los antecedentes hay información sobre víctimas que podría exponerlas a una revictimización u otras situaciones”, afirmó.
El portavoz añadió que, luego de que esos antecedentes circularan en diversos medios, correspondía al ministro comprobar que se estuvieran aplicando las medidas de resguardo necesarias, en particular las relacionadas con las víctimas.
“En efecto, se inició un sumario para establecer cómo se difundió esa información, que en muchos casos incluye datos privados”, ratificó.
El proceso administrativo y las críticas a la continuidad de Rabat
Según la versión oficial, el procedimiento busca proteger la privacidad de las víctimas, un aspecto particularmente delicado en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La investigación administrativa se desarrolla al mismo tiempo que Rabat enfrenta cuestionamientos por haber firmado los decretos y presiones políticas para dejar el gabinete.
Durante la administración actual se firmaron 56 decretos que redujeron condenas: 27 estuvieron vinculados con delitos de abuso sexual contra menores y los otros 29, con diferentes delitos sexuales contra menores.
El caso ha despertado críticas de diversos sectores políticos y ha impulsado propuestas legislativas destinadas a limitar estos beneficios.
Aun así, el presidente José Antonio Kast decidió que el ministro continúe en el cargo, mientras Rabat sostiene que las resoluciones fueron adoptadas conforme a la ley.
Qué busca determinar el sumario
La apertura de una investigación administrativa no supone por sí misma que se impondrá una sanción. El procedimiento apunta a aclarar lo ocurrido y establecer si hubo responsabilidades de funcionarios.
El Ejecutivo explicó que, en esta situación, el objetivo es mantener protegidos los datos privados de las víctimas.
Sin embargo, Arenas no aclaró si el sumario se circunscribe a una posible divulgación de información personal o si también indagará la entrega de los documentos sin autorización.
La diferencia es importante, pues los decretos son resoluciones administrativas del Ministerio de Justicia que han suscitado un extenso debate público.
