La polémica por las rebajas de condena a pederastas sumó un nuevo episodio al conocerse que también beneficiaron al excarabinero Miguel Segundo Arias Navarrete y al exintegrante de la FACH Manuel del Carmen Cabezas Pérez: ambos fueron condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y actualmente están en libertad.
En entrevista con BioBioChile, la diputada Lorena Fries (FA) cuestionó las decisiones y sostuvo que las reducciones de penas otorgadas a violadores y abusadores de niños habrían servido como una fórmula “soterrada” para beneficiar a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Sus críticas también se dirigieron a otras medidas del Gobierno, más allá de los decretos. Mencionó los despidos de jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda y la iniciativa del Ejecutivo que pretende limitar las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad que dirigió en el pasado.
Fries considera que hay un “patrón de regresión” en derechos humanos. También señaló que la reducción de condenas pudo ser una alternativa para evitar la “convulsión” que generan los indultos, una medida que algunos integrantes del oficialismo han solicitado insistentemente.
La parlamentaria se refirió además a la postura desafiante del presidente José Antonio Kast, quien retó a la oposición a impulsar una Acusación Constitucional contra Fernando Rabat, ministro de Justicia.
En ese contexto, afirmó que “esperan que la AC se presente sin los decretos porque eso le da más posibilidades de salir bien parado al ministro”, y calificó esas acciones como “artimañas opacas, poco transparentes y mentirosas por parte de este Gobierno”.
Rebajas de condena y una estrategia “soterrada”
—¿Qué consecuencias tienen para las políticas de derechos humanos y la memoria histórica las excarcelaciones del exuniformado de Carabineros Miguel Segundo Arias Navarrete y del exintegrante de la Fach Manuel del Carmen Cabezas Pérez, ambos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura?
Hay varios aspectos. En primer lugar, en el caso de los violadores y abusadores sexuales, la discusión aún pasa —al menos— por determinar si podían acceder o no a esos beneficios. Durante un tiempo, las cortes tuvieron una mayoría que los concedía; sin embargo, desde mayo de este año, la jurisprudencia de la corte ha comenzado a rechazarlos.
En cuanto a los responsables de violaciones a los derechos humanos, las cortes han desestimado la mayoría de las solicitudes o recursos de amparo presentados por condenados por crímenes de lesa humanidad. Pese a ello, el exsubsecretario Luis Silva y el ministro Fernando Rabat optaron por rebajar las penas, en vez de dejar la decisión en manos de la corte.
En este caso hay una infracción legal evidente, pues los criminales de lesa humanidad deben cumplir requisitos más exigentes para acceder a beneficios intrapenitenciarios, y aquí no se respetó ese estándar.
—Las sentencias de ambos terminaban este año: la de Arias el 14 de diciembre y la de Cabezas el 28 de noviembre. ¿Es posible que eso haya incidido en la resolución?
No, porque aún desconocemos si otros criminales de lesa humanidad obtuvieron rebajas durante estos siete meses. Creo que puede haber más casos. Pienso que hay una estrategia para que, frente a la convulsión que generan tanto el proyecto de conmutación de penas como la presión de los republicanos al Gobierno para que otorgue indultos, esta haya sido una manera encubierta de liberarlos.
De forma mañosa, eso permite avanzar en la agenda del Gobierno. Al mismo tiempo, envía una señal al mundo de los derechos humanos y, sobre todo, a las familias de quienes fueron torturados, secuestrados o víctimas de desaparición forzada.
—¿Interpreta entonces que las rebajas a condenados por delitos sexuales fueron una justificación para liberar a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos?
Eso es lo que entiendo. Si uno observa la cobertura de los medios, en general no se ha prestado demasiada atención a este asunto, aunque sí forma parte de la agenda del Gobierno. Por eso no me sorprendería que se haya buscado que las rebajas a condenados que son criminales de lesa humanidad pasaran inadvertidas.
—El Gobierno ha reconocido responsabilidad política. ¿Cuánto cree en esa admisión, considerando la salida de jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda en marzo, las rebajas de condena y la reciente reforma propuesta para el INDH?
Creo que el presidente Kast admite un costo político, no que se arrepienta, por lo ocurrido con pederastas y violadores. No pienso que haga lo mismo respecto de los criminales de lesa humanidad: no han sido parte del lenguaje empleado en estos últimos diez días. Por eso, no veo arrepentimiento, sino un costo político que hasta ahora no ha tenido consecuencias.
Al revisar la política de derechos humanos de estos siete meses, se aprecia una paralización de medidas y un desarme institucional. Por ejemplo, se detuvo la glosa 03 del presupuesto, que destinaba $384 millones al Poder Judicial para buscar y digitalizar documentos del Plan de Búsqueda. Además, al inicio del Gobierno despidieron a trabajadores especializados, con años de experiencia en derechos humanos y en ese plan.
También me parece razonable preguntarse, a raíz de estas rebajas, si hubo instrucciones —aunque no sabemos de quién, pese a que he enviado un oficio al respecto— para que los abogados del programa de derechos humanos a cargo del Plan de Búsqueda no asistieran a las audiencias en que los condenados solicitaban beneficios intrapenitenciarios.
Se observa un retroceso en materia de derechos humanos en relación con los crímenes de la dictadura. Aún falta conocer qué sucederá con las personas condenadas por el estallido social. También estoy solicitando información sobre ese tema.
—Hay una fuerte presión desde el oficialismo para otorgar indultos. ¿Por qué el Gobierno no los concede abiertamente y, según usted, recurre a un mecanismo “soterrado”?
Es una buena pregunta, porque lo más cuestionable es que se actúe a escondidas y no de manera directa. Creo que no lo hacen abiertamente porque, si bien el Gobierno y en particular el presidente Kast tienen esa agenda, podría generar tensiones dentro de un sector de su propia coalición. No me refiero a los republicanos, sino posiblemente a algunos integrantes de Chile Vamos, especialmente de Renovación Nacional.
Además, las encuestas muestran que la ciudadanía no respalda los indultos. Liberarlos de manera encubierta permite cumplir la agenda y, quizás, evitar que la gente se entere. Pero hoy, con la tecnología y las filtraciones, ya no es posible ocultar las cosas. Así, el presidente queda en una situación complicada y también el ministro de Justicia, quien fue el responsable de dejarlos libres.
—Hace pocos días, Kast desafió a la oposición a presentar la Acusación Constitucional contra el ministro Rabat, aunque reconoció responsabilidad política. ¿Qué lectura hace de eso?
Me parece que el presidente actúa de forma mañosa. Por una parte, apura la presentación de la acusación; por otra, no entrega los decretos que permitirían elaborar un libelo mucho más sólido. Creo que esto terminará perjudicándolo, porque el ministro tiene la obligación de entregar esos documentos y no lo ha hecho.
Quieren que la acusación se presente sin los decretos, pues eso aumentaría las posibilidades de que el ministro Rabat salga bien parado. Son maniobras oscuras, poco transparentes y engañosas por parte de este Gobierno.
La reforma del INDH y el contrapeso frente al Gobierno
—Usted encabezó el INDH y seguramente ha seguido de cerca la reforma que buscaría reducir la autonomía del organismo. ¿Qué propósito cree que hay detrás de quitarle facultades, como la de presentar querellas criminales?
Se está aplicando un criterio que no se ajusta a la realidad. La idea de quitar al Instituto la facultad de querellarse se vincula al estallido social: toman lo ocurrido entonces, lo trasladan al presente y argumentan que hubo demasiadas querellas contra Carabineros, por lo que habría que suprimir esa atribución.
Se ha explicado reiteradamente que, en siete años, el INDH presentó muchas menos querellas y por motivos diversos; no todas fueron contra Carabineros. También hubo acciones relacionadas con la salud y otros ámbitos. Ese razonamiento no se sostiene y solo aviva el enojo de quienes respaldan la reforma por su rechazo al estallido.
Sin embargo, quizá el aspecto más preocupante es que la reforma excluye a las organizaciones de la sociedad civil de la elección directa de los miembros del Consejo. En su lugar, esa facultad quedaría en manos del presidente de la República, quien enviaría al Senado una lista de candidatos para su ratificación. Además, durante la transición, el presidente designaría a los consejeros encargados de establecer jurídicamente el estatuto futuro.
Por un lado, se debilita al Instituto al restringir su capacidad de querellarse y, por otro, se lo somete a una orientación ideológica alineada con el Partido Republicano.
—El director actual del Instituto afirmó que el expresidente Sebastián Piñera nunca planteó suprimir el organismo ni recortarle atribuciones. ¿Lo considera un retroceso, pese a que el Gobierno lleva pocos meses?
Cuesta imaginar qué podrían hacer en cuatro años si en nueve meses ya se observa esta regresión. Durante el estallido social, el presidente Piñera no solo se comunicó con el Instituto y le pidió asumir un rol activo, sino que también aumentó su presupuesto para que pudiera presentar querellas y atender a las víctimas.
—Ante las rebajas de condenas, la reforma del INDH y lo ocurrido con el Plan de Búsqueda, ¿es más indispensable que nunca un organismo independiente que resguarde los derechos fundamentales?
Sin duda. Lo que se pretende es acumular poder y eliminar los contrapesos. En derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos cumple esa función frente al Gobierno. Pensemos en una transición con personas nombradas por el Ejecutivo que deban alzar la voz contra quien las designó: eso no ocurrirá.
Algo parecido sucedió en Venezuela con el Defensor del Pueblo, que terminó siguiendo las instrucciones del presidente y luego pasó a ser fiscal del Ministerio Público, organismo también subordinado al Gobierno de Maduro.
Lo que quiero decir es que, cuando se desconocen las instituciones, se restringe la labor de entidades autónomas y se concentra el poder para evitar cualquier disidencia frente a las posturas del Gobierno, comienza a debilitarse la democracia y se avanza por el camino propio de un Gobierno autoritario.
—¿Qué medidas pretende impulsar la oposición en el Congreso para frenar la aprobación de la reforma al INDH?
Las audiencias ya comenzaron. Me ha llamado la atención que tantas organizaciones vinculadas a distintas áreas de los derechos humanos hayan solicitado participar y hayan expuesto la labor que el INDH realiza en el territorio, especialmente cuando el Estado no puede responder o no cuenta con soluciones para las necesidades de la ciudadanía, lo que deriva en vulneraciones de derechos.
Espero que las organizaciones expresen su postura tanto en el Parlamento como fuera de él. Si la reforma se concreta, Chile perderá ante Naciones Unidas la acreditación de nivel A, que corresponde al nivel más alto. Eso significaría que el Instituto no tendría utilidad.
