Seis procesos vistos por la Corte de Apelaciones de Valparaíso aparecen en una denuncia por posible prevaricación judicial, a raíz de las rebajas de condena que el Ministerio de Justicia concedió a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Raimundo Palamara, abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana, solicitó que se determinen las responsabilidades de quienes aplicaron los criterios objetados, si bien admitió que hay distintas interpretaciones de la normativa.
En medio de la controversia por las rebajas de condena otorgadas durante la gestión del ministro Fernando Rabat a condenados por agresiones sexuales contra menores, una denuncia por eventual prevaricación judicial menciona seis causas que habrían sido conocidas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que se relacionan con estos beneficios.
La Fundación Fuerza Ciudadana presentó la denuncia para determinar si algún juez emitió resoluciones en contra de una ley vigente y explícita con conocimiento de que la estaba vulnerando, lo que, de acreditarse, configuraría el delito de “prevaricación judicial”.
La controversia gira en torno a la reforma de 2022, que limitó las rebajas de condena para quienes fueron sentenciados por delitos sexuales contra menores. El debate consiste en establecer si la restricción también debe regir para delitos cometidos antes de la entrada en vigor del cambio legal.
Palamara, representante legal de la fundación, ratificó que la denuncia incluye las seis causas relacionadas con Valparaíso y solicitó al Ministerio Público investigar a quienes utilizaron los criterios cuestionados.
El abogado de Fuerza Ciudadana solicitó que se examine bajo un mismo estándar a todas las personas que recurrieron a la interpretación impugnada, pues ya se investigan las actuaciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del exsubsecretario Luis Silva.
El abogado, no obstante, reconoció que hay distintas posturas jurídicas al respecto. En su opinión, el Congreso no precisó suficientemente cómo debía aplicarse la reforma a hechos y sentencias anteriores, por lo que la organización decidió presentar una denuncia en lugar de una querella.
Por su parte, el abogado penalista Ariel Manríquez detalló a La Radio las penas que podrían imponerse en caso de que se compruebe el delito.
En cuanto a la magnitud de las rebajas en la región de Valparaíso, una revisión de decretos difundida por el medio “Interferencia” habría detectado a 15 beneficiarios que cumplían sus condenas en cárceles de Valparaíso.
De ellos, cuatro estaban en Limache, otros cuatro en Petorca y cuatro en Casablanca. Los tres restantes se encontraban en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, la cárcel de Los Andes y el Centro de Estudio y Trabajo Camino La Pólvora.
Por ahora, la Fiscalía Centro Norte quedó a cargo de la denuncia y deberá evaluar si los antecedentes permiten determinar responsabilidades penales por las resoluciones cuestionadas.
