Hoy, mañana o en breve. Como si se tratara de una necesidad de recuperar oxígeno ante el desgaste político que sigue provocando la controversia, el momento en que se presentará la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se convirtió en un asunto por sí solo.
“No está claro”, responden fuentes de la oposición al ser consultadas sobre cuándo ingresará el texto. El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, afirma que la acusación está prácticamente lista y que solo faltan ajustes formales.
Si la presentación vuelve a postergarse, podría deberse a alguno de estos motivos: que, al depender principalmente de lo publicado por los medios, estén a la espera de nuevos antecedentes; que busquen mantener la presión sobre el Gobierno para que entregue los decretos; o que pretendan prolongar la incertidumbre de Chile Vamos, el sector oficialista más afectado por la votación.
Chile Vamos frente a la AC contra Rabat: votos inciertos y presión desde La Moneda
Raúl Soto señaló que podrían conseguir algunos votos de ese sector y manifestó —a modo de deseo— que espera contar con todo el respaldo del PDG:
“La redacción está llegando a su etapa final. Estimo que llevamos un 99% de avance. Debemos actuar guiados por principios y no por presiones políticas. También habrá votos oficialistas, especialmente de Chile Vamos, y espero que todo el PDG nos apoye”.
En la centroderecha se percibe cansancio. Los presidentes de los partidos ponen a prueba su liderazgo al intentar ordenar al sector mediante conversaciones directas con el presidente Kast. Sin embargo, en las bancadas, las distintas trayectorias políticas de los parlamentarios y el aumento del rechazo a Rabat en las encuestas dificultan la cohesión.
La diputada de Renovación Nacional y segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, considera que la demora en presentar el libelo podría explicarse por la complejidad de sus fundamentos jurídicos:
“Con los antecedentes conocidos hasta ahora, no es sencillo acreditar una vulneración clara de la Constitución y las leyes por parte del ministro Rabat. Quizás esa sea la razón de tanta demora. Espero que no haya una intención adicional de enturbiar el debate que tendremos sobre el presupuesto nacional”.
La aparición de nuevos decretos eleva la presión sobre Rabat
La Ley de Garantías de la Niñez, el Estatuto de Roma en relación con los crímenes de lesa humanidad y el principio de probidad constituyen los tres pilares del texto de la AC contra Rabat.
El viernes se conoció que un hombre condenado a la expulsión por tráfico, cuya pena había sido reducida mediante un decreto firmado por Rabat, fue detenido nuevamente por tráfico.
El domingo por la noche, Bío Bío Investiga informó que el ministro de Justicia había firmado el 5 de noviembre un decreto que rebajó en diez meses la condena de un hombre sentenciado a cinco años por matar en 2022 a un adulto mayor.
Desde la oposición sostienen que estos hechos no concuerdan con la suspensión de la firma de decretos anunciada por el Gobierno. El socialista Daniel Manoucheri interpeló al oficialismo y afirmó que La Moneda debería ser la que presione para que se entreguen todos los antecedentes:
“Si la derecha está tan apurada, que le pida a Kast que haga públicos los decretos y que se prepare para votar, porque deberá decidir si respalda a las víctimas o protege las decisiones pro-pederastas de este gobierno”.
El PDG muestra divisiones
Dentro del PDG conviven claramente dos posturas. Por ahora predomina la idea de que Rabat debe dejar el cargo y que, si no renuncia, su salida debería producirse mediante una acusación.
Zandra Parisi mantiene una posición más cautelosa frente a esa propuesta. A su juicio, la prioridad debe ser encontrar soluciones, algo que no ocurrirá automáticamente con la salida de Rabat.
“La salida de una autoridad no puede ser el final de la rendición de cuentas. También debemos enfocarnos en cambiar las leyes. En cuanto a la acusación, lo prudente es revisar primero el documento. Como PDG, queremos llegar a una postura compartida”.
El Gobierno enfrenta además un nuevo problema. El viernes, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que aceptó la petición de rebajar la condena de Víctor Alarcón, sentenciado por violar a una menor de 14 años.
La causa podría volver a poner a prueba la defensa de Rabat. Si la Suprema confirma el fallo, el Gobierno deberá responder por una rebaja de pena relacionada con un delito sexual contra una menor, pese a haber anunciado que suspendería estos decretos. En cambio, si el máximo tribunal acepta la apelación del Ejecutivo, surgirán nuevas interrogantes sobre los precedentes judiciales que el propio ministro ha citado para respaldar las rebajas ya otorgadas.
Por este motivo, algunos sectores opositores consideran conveniente aguardar antes de presentar la acusación. Además de los antecedentes que continúan saliendo a la luz, están pendientes las decisiones de la Contraloría sobre la entrega de los decretos que el Ministerio de Justicia aún no ha proporcionado.
Mientras La Moneda intenta ganar margen para alinear a sus parlamentarios, algunos opositores apuestan por una estrategia distinta: extender la incertidumbre, reunir más antecedentes y sostener la presión sobre un ministro que, aunque cuenta con el respaldo presidencial, todavía no logra aclarar qué ocurrirá con su futuro político.
