El diputado Jaime Mulet pidió a los partidos políticos que respondan por su papel en la aprobación de la ley que permite reducir condenas por buena conducta. En una misiva enviada a los presidentes de las colectividades, recordó que José Antonio Kast apoyó la norma que su actual Gobierno pretende derogar. También criticó que el debate se centre en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sin examinar la responsabilidad política de quienes respaldaron la ley.
La controversia por las rebajas de condenas abrió un nuevo frente, con un llamado directo a los partidos y una contradicción relacionada con el Presidente José Antonio Kast.
Jaime Mulet, diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, remitió una carta de 11 páginas a los líderes de las colectividades. En ella, cuestiona las contradicciones del sistema político que se han hecho visibles tras la reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Su cuestionamiento central es que diversos sectores intentan ahora determinar responsabilidades, aunque la Ley 19.856, que contempla reducciones de condena por conducta sobresaliente, recibió un amplio apoyo transversal cuando se aprobó en 2003.
La ley, promovida durante la administración de Ricardo Lagos, tenía como propósito fomentar la rehabilitación y la reinserción social. Sin embargo, en su versión original no dejaba fuera del beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores ni por violaciones a los derechos humanos.
Kast respaldó una ley que su Gobierno ahora quiere derogar
Mulet señala una contradicción que involucra al Presidente José Antonio Kast: cuando ocupaba un escaño como diputado de la UDI, votó por la norma que ahora su Gobierno pretende derogar.
Los registros de la Cámara de Diputados indican que Kast apoyó la iniciativa el 2 de julio de 2002. En la votación general, el proyecto obtuvo 84 votos favorables, cuatro en contra y dos abstenciones.
Mulet distingue tres hitos en el recorrido de la ley: Ricardo Lagos promovió su aprobación, Sebastián Piñera impulsó límites para ciertos delitos sexuales contra menores y José Antonio Kast plantea actualmente derogarla.
A juicio del diputado, cambiar de postura no es necesariamente el problema; lo cuestionable es pasar por alto las decisiones tomadas previamente.
“Cuando corresponda, debe exigirse responsabilidad individual, pero esta no puede servir para esquivar la responsabilidad institucional y política que compartimos”, señala.
Rabat y el peligro del “populismo”
En la carta, Mulet también se refiere a la posible acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de las rebajas de condenas.
El diputado sostiene que el secretario de Estado y los magistrados bajo cuestionamiento deben ser investigados si hay antecedentes suficientes para iniciar indagaciones.
Con todo, advierte que una acusación constitucional debe basarse en infracciones específicas, no en criterios de conveniencia política.
Mulet también objeta la propuesta del Ejecutivo de derogar íntegramente la Ley 19.856 y alerta sobre el efecto de suprimir una herramienta orientada a promover la rehabilitación y la reinserción social.
Si bien admite que los delitos de particular gravedad requieren límites más estrictos, propone analizar si la dificultad radica en el beneficio, sus condiciones o su aplicación, antes de apoyar una derogación completa por “mero populismo”.
En el cierre de la misiva, Mulet vuelve a criticar a los partidos y advierte que negar las decisiones previas deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“La política no necesita dirigentes que se proclamen inocentes todo el tiempo”, plantea.
Mientras el Gobierno impulsa la derogación de la ley y la oposición analiza la responsabilidad de Rabat, Mulet pone sobre la mesa otra interrogante: qué responsabilidad tienen los partidos que aprobaron la norma y hoy objetan sus efectos.
Lee aquí la carta íntegra:
