En las últimas horas se dio a conocer el nombre de la única mujer identificada hasta ahora entre los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron una reducción de sus penas durante el gobierno de José Antonio Kast, luego de la polémica aprobación del Ministerio de Justicia, dirigido por Fernando Rabat.
Según informó 24 horas, se trata de Margarita Angélica Villegas Lagos, de 55 años, quien fue condenada a 15 años de prisión por violación y abuso sexual de menores de 14 años. Los hechos ocurrieron mientras trabajaba como auxiliar de aseo en el Colegio Apoquindo, en la comuna de Lo Barnechea.
En aquella época, ella y su esposo, Esteban Alonso Moya Godoy, de 56 años, residían en una vivienda dentro del establecimiento. Ambos llevaban años trabajando allí como auxiliares cuando, en 2012, comenzó la causa penal que tuvo amplia repercusión mediática.
Según determinó la justicia, los dos condenados trasladaron a las víctimas a esa casa para cometer los abusos. La investigación concluyó que en el lugar se perpetró la violación de dos alumnos y el abuso sexual de otros dos estudiantes.
Le redujeron la condena en 16 meses
Casi 14 años más tarde, y luego del controvertido fallo de la Suprema, el Ministerio de Justicia resolvió el 17 de abril pasado rebajar en 16 meses la pena de la mujer, cuyo cumplimiento inicialmente estaba previsto para el 2 de julio de 2027.
También hay una coincidencia relevante en el caso de su pareja. En diciembre de 2021, Esteban obtuvo el mismo beneficio por decisión de la Suprema. Había sido condenado a 11 años de cárcel y salió en libertad luego de que su pena se redujera 22 meses por buena conducta.
Pero otro aspecto que ha llamado la atención es que el ministro Rabat, el principal blanco de las críticas por estas rebajas, también tuvo una relación con el caso.
Entre 2014 y 2023, las familias de las víctimas presentaron una demanda civil para conseguir una indemnización millonaria del colegio, sus directivos y la pareja condenada.
Por entonces, Fernando Rabat ejercía como abogado y representó a Sebastián Navarrete, uno de los propietarios del colegio. En otras palabras, debía procurar que el establecimiento no tuviera que indemnizar a las familias de los menores afectados, de acuerdo con el medio citado.
Inicialmente, los demandantes solicitaron una indemnización total de $6.400 millones. En primera instancia, el monto se fijó en $1.600 millones, y posteriormente la Corte de Apelaciones lo redujo a $570 millones. La Suprema ratificó esa cifra a comienzos de 2023.
