La semana pasada, cerca de la mitad de la población del país —tres millones de trabajadores y jubilados— despertó sin acceso a sus fondos en Paraguay. Ueno Bank, la mayor entidad digital, había quebrado y el Banco Central la intervino de madrugada, desatando un corralito bancario.
Desde ese momento, las protestas en las calles no han cesado y derivaron en la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, economista titulado en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.
“Son todos cómplices”
Luego de la detención de Peña, su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la presidencia. Para los manifestantes, el cambio fue apenas cosmético, pues todavía no pueden recuperar su dinero. “No reconocemos a Alliana como presidente: todos son cómplices y pertenecen a la misma rosca. El sistema sigue igual y él estará en el poder durante más de un año”, señaló Patricia Jara durante una protesta.
Peña se había convertido en referente y modelo para otros gobiernos de derecha de la región, entre ellos el de Javier Milei en Argentina. Sin embargo, su gobierno no era más que una continuación del Partido Colorado, que ha gobernado el país desde 1954, salvo por un periodo de cuatro años.
“Es una vergüenza y causa indignación: se llevaron el dinero de la caja de jubilaciones, de Itaipú y del Ministerio Fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central están muy involucrados; todos siguen la misma línea. Ahora los funcionarios del Banco Central se indignan, pero durante casi ocho meses ocultaron lo que ocurría”, declaró Carlos Zarza a RFI.
Hacia un nuevo gobierno
“Santi Peña se marchó y Alliana quedó al mando. Confiamos en que actúe y aparte a todos los delincuentes que se apropiaron de nuestros aportes jubilatorios”, dijo a la AFP María Fernandez, de 62 años, durante una manifestación de docentes en Asunción. Aunque el nuevo presidente fue denunciado en la misma investigación que Peña por presuntos nexos con Ueno, no fue imputado y el Congreso abandonó la posibilidad de someterlo a un juicio político.
Pedro Alliana solicitó este lunes la renuncia de todos sus ministros. El nuevo mandatario ya había puesto en marcha cambios en el gobierno y este lunes juramentó a Ariel Martínez como ministro del Interior, a Juan Carlos Baruja al frente de Obras Públicas y a Rolando de Barros como jefe de gabinete.
Además, nombró nuevas autoridades para las áreas de Ambiente y Tecnología, así como para la empresa estatal de electricidad ANDE. También propuso al economista Jorge Schreiner para dirigir el Banco Central (BCP), cargo que debe ser aprobado por el Senado.
Ola de allanamientos
Este lunes, la vivienda de Santiago Peña en Asunción, donde residía el presidente destituido, fue allanada durante casi cinco horas. Ese mismo día, la Fiscalía registró una oficina de Ueno Bank y confiscó documentos relacionados con inversiones de Peña. Con esa información, pidió cooperación para congelar criptoactivos en Luxemburgo, informó el Ministerio Público.
Más temprano, la Fiscalía comunicó que “está trabajando para localizar y asegurar bienes en el extranjero, con el propósito de repatriarlos y compensar a las víctimas” de la caída de Ueno Bank. “Para eso, mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina; además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció colaborar”, agregó.
El lunes también fue allanada la residencia de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central, quien está en prisión preventiva e imputado en la causa. En otro procedimiento se incautaron vehículos de lujo que presuntamente pertenecían a directivos de Ueno. La Justicia investiga dos casos por separado: uno sobre los vínculos de Peña y Carvallo con el banco, y otro centrado en sus directivos, ocho de los cuales permanecen detenidos.
La Fiscalía aún debe abrir una bóveda hallada el domingo durante el registro de otra propiedad de Peña, situada a unos 50 kilómetros de Asunción. La mansión se pagó en parte con préstamos de Ueno y, según la investigación, las cuotas mensuales equivalían a seis veces el sueldo presidencial de Peña.
Desde el jueves, alrededor de 1,7 millones de personas han recibido de vuelta un total de 340 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central divulgadas el lunes. Esta es solo la primera etapa de la restitución y no supone que se haya devuelto todo el dinero depositado en la entidad. Sigue sin resolverse el destino de unos 800 millones de dólares en fondos públicos administrados por el banco, incluidos los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las pensiones.
