Alejandro Irarrázaval, uno de los principales asesores del presidente José Antonio Kast, enfrenta nuevamente cuestionamientos tras revelarse que tiene vínculos de propiedad con una empresa que adeuda una cuantiosa suma al Estado y que fue demandada por la Tesorería General de la República para cobrarla.
De acuerdo con un reportaje de Tele13, el jefe del Segundo Piso de La Moneda posee una participación indirecta en Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., compañía que debe cerca de $149 millones por patentes relacionadas con derechos de aprovechamiento de aguas que no han sido utilizados.
La obligación está pendiente desde 2015. Ante ello, la Tesorería General de la República interpuso una demanda de cobro el 28 de mayo de 2026.
Irarrázaval dejó de administrar la empresa en agosto de 2025, pero conserva una participación indirecta en ella mediante Inversiones San Juan Limitada, sociedad relacionada con él y su esposa.
La información generó cuestionamientos en el ámbito político sobre sus intereses empresariales y posibles conflictos de interés.
La diputada del Partido Comunista, Sofía González, tildó el caso de inaceptable y puso en duda los criterios aplicados por el Gobierno.
“Sin duda, esto es impresentable y seguro que en otro gobierno le habría costado el cargo. Pero bueno, ya sabemos cuáles son los parámetros de la actual administración”, manifestó.
En tanto, personas cercanas a Irarrázaval sostienen que el asesor presidencial ya no puede intervenir en la administración de la agrícola y que los cobros están siendo cuestionados mediante procedimientos administrativos y judiciales.
El diputado del Partido de la Gente, Guillermo Valdés, dijo que estos antecedentes envían una señal inquietante a la ciudadanía y remarcó que la ley debe cumplirse por igual.
“Mientras nuestros agricultores hacen enormes esfuerzos por salir adelante, debemos garantizar que todos cumplan la ley, sin privilegios, sin excepciones”, declaró.
Desde el oficialismo, en cambio, consideran que primero se debe conocer la postura del Ejecutivo antes de formular conclusiones.
Por su lado, la diputada de la UDI Flor Weisse enfatizó que la igualdad ante la ley debe regir para todas las personas, sin importar sus cargos ni responsabilidades.
“Aquí la responsabilidad corre y rige para todos. Igualdad ante la ley, y aquí se tiene que aplicar la justicia para todos”, indicó, y solicitó que las indagaciones avancen rápidamente para aclarar los antecedentes.
Hasta el momento, La Moneda no ha emitido una respuesta oficial sobre el caso, pese a haber recibido consultas.
Sin embargo, dentro del Ejecutivo señalan que es necesario precisar los hechos antes de plantear conclusiones y entregar una respuesta formal.
