Durante la tarde de este jueves, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó desde La Moneda que el Gobierno llegó a un entendimiento con los representantes de los principales gremios de camioneros para terminar la paralización, que llevaba tres días. “Hemos alcanzado un acuerdo con los dirigentes que están aquí y con sus bases para poner término a la paralización que ha afectado al país durante los últimos días”, señaló la autoridad luego de una reunión que se prolongó por más de tres horas.
El acuerdo contempla acciones inmediatas relacionadas con el valor de los combustibles, además de modificaciones tributarias para el sector.
El primer apartado, según el documento difundido por la Oficina del Presidente, establece que se anula el incremento de esta semana: $42 por litro para el diésel y $39 para las gasolinas. A esto se agrega una reducción de $100 por litro al diésel, por lo que la rebaja total de ese combustible alcanza $142. La iniciativa se concretará mediante un proyecto de ley que el Ejecutivo ya presentó ante el Congreso y que, de acuerdo con Alvarado, se espera que “el próximo martes sea ley”.
El segundo componente fija que no se aplicarán nuevos aumentos hasta el 31 de marzo de 2027. Durante ese período, los precios podrán conservarse o bajar, pero no subir. Si tras una disminución el valor vuelve a aumentar, el precio no podrá exceder el límite determinado por las rebajas informadas. Ese tope se calcula tomando el precio del 12 de noviembre y descontando $142 por litro al diésel y $39 a las gasolinas. “Se suspenderán las alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027”, indicó el biministro Alvarado.
Respecto de los impuestos, el acuerdo incrementa las tasas de devolución del impuesto específico al diésel para el transporte de carga por carretera, de acuerdo con la Ley 19.764.
Los porcentajes establecidos son de 90% para ventas anuales de hasta 2.400 UF, 90% para el rango entre 2.400 y 6.000 UF, 65% para las empresas que venden entre 6.000 y 20.000 UF y 50% para aquellas con ventas superiores a 20.000 UF. La versión revisada eleva las tasas frente a la propuesta inicial, que contemplaba 80%, 70%, 52,5% y 31%, en ese orden.
El cuarto apartado de la minuta se refiere a los buses. La proporción de recuperación del peaje sube de 35% a 70%, otorgando así un beneficio directo a este segmento del transporte público y de pasajeros. También se conformará una mesa de trabajo del Gobierno con el sector para “atender requerimientos de carácter puntual”, según explicó el secretario de Estado después del anuncio.
El quinto y último apartado suprime el deber de los transportistas de registrar en el Formulario 29 (F29) el débito del impuesto específico cuando este arroja un resultado negativo. En vez de ello, se establecerá una cuenta de compensación, que se utilizará cuando se genere un impuesto específico positivo. “Se implementa un mecanismo para eliminar el impacto del impuesto negativo al reintegro del Impuesto Específico a los Combustibles”, precisó el acuerdo difundido por los gremios.
Nuevos tramos: cómo cambian y qué efecto tendrán en las empresas
El ajuste de los tramos para devolver el impuesto específico busca reducir la presión financiera sobre los transportistas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), destacó que el acuerdo prioriza a ese grupo: “siempre el foco nuestro ha estado en defender al pequeño camionero, que desde el bencinazo de marzo se ha ido quedando sin trabajo y con la angustia de no poder operar por las sucesivas alzas del diésel”.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estimó que el acuerdo tendrá un costo fiscal cercano a US$500 millones y sostuvo que no modifica los objetivos fiscales del Ejecutivo. “El costo es relevante, del orden de los US$500 millones, no solo este año, sino que este año y el que sigue, principalmente cayendo en el año que sigue. Es un costo asumible, totalmente dentro de lo que son nuestros objetivos de consolidación fiscal”, declaró tras la firma del acuerdo en La Moneda.
Posturas divididas y una paralización que continúa en parte
El acuerdo fue suscrito por las directivas de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), ChileTransporte y federaciones regionales. En cambio, varias organizaciones más pequeñas rechazaron la propuesta y anunciaron que seguirán movilizadas en ciertos sectores del país, sobre todo en zonas del norte y del sur, así como en la Ruta 68 rumbo a la región de Valparaíso.
Entre las agrupaciones que no firmaron el entendimiento, el portavoz de No + TAG, Andrés Alarcón, afirmó: “tuvimos una reunión ahora donde no se pudo llegar a un acuerdo. Lamentablemente el Gobierno no está ofreciendo nada con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo”.
Por ello, organizaciones como este movimiento y distintos camioneros independientes sostienen que las medidas dejan fuera a algunos integrantes del transporte y que mantendrán las paralizaciones hasta obtener respuestas concretas.
El Ejecutivo, en tanto, señala que las disposiciones rigen para el transporte de carga por carretera en general, sin diferenciar entre gremios que firmaron y los que no. Sin embargo, en las rutas se observa una situación dividida: mientras las principales organizaciones respaldan el acuerdo y piden terminar la paralización, otros grupos siguen movilizados.
En definitiva, el conjunto de medidas acordado constituye el esfuerzo más tangible del Ejecutivo para frenar el aumento persistente del diésel y reducir la tensión en el transporte de carga. La rebaja de $142 por litro, la suspensión de alzas hasta marzo de 2027 y los nuevos porcentajes de devolución de impuestos definen un pacto que, por ahora, convive con una paralización que no ha terminado por completo.
