La empresaria chilena Marta Pentzke Muñoz, exheredera y antigua propietaria de la histórica conservera Dos Caballos, enfrenta dos demandas que superan los 7 mil millones de pesos. El caso incluye la “desaparición” de más de 4 millones de tarros que estaban en prenda y pertenecían a acreedores. Según la acusación, Pentzke los retiró antes de que la compañía quebrara en 2019 y luego fuera vendida.
Antecedentes reunidos por la Unidad de Investigación de Bío Bío indican que los recursos, presentados por acreedores nacionales y extranjeros, se interpusieron después de que la empresaria admitiera haberse quedado con los productos que respaldaban préstamos.
Los documentos judiciales revisados por este medio sitúan los hechos en octubre de 2019, dos meses antes de que se declarara la quiebra de Dos Caballos, empresa familiar creada en 1906 por el inmigrante alemán Ernesto Pentzke.
La fiscalía sostiene que, en ese momento, la sociedad enfrentaba “una compleja situación económica y financiera”, conocida por sus gerentes generales y el directorio. Recortes de prensa dan cuenta de una deuda que rondaba los $69 mil millones, contexto en que los bancos no estuvieron dispuestos a respaldar una reorganización.
La investigación señala que Marta optó por retirar las latas de las bodegas de San Felipe donde estaban almacenadas, “para venderlas, entregarlas a terceros o sacarlas de la esfera de custodia”, pese a saber que se encontraban depositadas y que necesitaba autorización legal para disponer de ellas.
Garantías solo en los registros
El caso se origina en el mecanismo de financiamiento conocido como warrant. La conservera guardaba sus productos en instalaciones administradas por la empresa almacenista Storage S.A. y entregaba vales a sus prestamistas. Dichos documentos respaldaban los créditos y establecían que la mercancía no podía retirarse sin el consentimiento de los acreedores.
Sin embargo, los productos fueron retirados.
La ausencia de las latas fue detectada por el liquidador que se hizo cargo de la empresa después de su quiebra.
“Al asumir el liquidador (…) pudo comprobar que las existencias de productos enlatados eran muy inferiores a las que constaban como warrantizadas. Se levantaron las actas correspondientes y se verificó el retiro de mercancía amparada por warrant sin autorización de los acreedores prendarios”, señala la acusación.
Se calcula que la cantidad sustraída alcanzó aproximadamente 4,2 millones de latas.
Un warrant es un instrumento de crédito que constituye una garantía real. Dicho de forma sencilla, permite a una compañía respaldar un préstamo bancario con mercancía propia que mantiene almacenada. Opera de manera similar a entregar un bien en prenda: si la empresa incumple el pago, el banco queda legalmente facultado para vender esos productos y recuperar lo adeudado.
La sentencia
La supuesta desaparición de las latas derivó en una causa penal contra la familia. En una audiencia realizada en marzo de este año, Marta fue declarada culpable, en calidad de autora, por el delito consumado de sustracción de especies entregadas en prenda (warrants).
Tras reconocer su responsabilidad, recibió una condena de 541 días de presidio. No obstante, cumple la pena en libertad, bajo el beneficio de remisión condicional, con la obligación de “presentarse en el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente”.
El proceso contra Marta se desarrolló con la misma discreción que ha caracterizado su presencia pública. A diferencia de empresarios chilenos que participan activamente en organizaciones gremiales como la Sofofa o la CPC, ella y su familia mantuvieron un perfil estrictamente corporativo. Esto, pese a que intervino en las decisiones de una empresa que por décadas encabezó las exportaciones de conservas de frutas y hortalizas de Chile y Latinoamérica. Su trayectoria le permitió acumular una fortuna, tanto por Dos Caballos como por las compañías familiares que durante años abastecieron a la Junaeb.
“San Felipe sin Pentzke muere”, decía un cartel de vecinos cuando la compañía se precipitó hacia la crisis en 2019.
A pesar de su relevancia en el mundo empresarial, Marta tampoco acostumbraba aparecer en los medios. Personas que la conocen atribuyen esa distancia, quizás, al desagrado que le provoca la prensa.
“Inocencia”
Los hermanos Alberto y Patricio Pentzke también figuran como imputados en esta causa penal, que continúa en el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Francisco Cox, abogado de Alberto, sostiene que su cliente es inocente. Según explica, el empresario dejó la presidencia del directorio en febrero de 2019, mientras que “las acusaciones tanto del fiscal como de los querellantes indican que en octubre de 2019 se produce el faltante”.
“Es decir, ocho meses después de que mi representado dejara la Presidencia [de la empresa]. Para entonces, además, ya no tenía oficina. Siempre trabajó en Edensa, otra compañía que ni siquiera funcionaba en el mismo lugar”, asegura el abogado.
Su hermano expresó una posición parecida, aunque de forma más breve, por medio de su abogada, Verónica Rosenblut: “Efectivamente existe una causa penal en cuyo próximo juicio oral demostraremos que el Sr. Patricio Pentzke M. no ha cometido delito alguno”.
Los US$5 millones
Después de la condena, Marta Pentzke también fue demandada en el ámbito civil. Los demandantes buscan que restituya el valor de las latas que retiró. La acción de mayor cuantía fue presentada por 14 sociedades y acreedores que tenían vales de prenda de la conservera.
Entre los demandantes están Inversiones Carsi, Addwise Servicios Financieros, Asesorías e Inversiones JPAG y K42 Investment. Solicitan que Marta pague una indemnización superior a los 5 millones de dólares —cerca de 4.900 millones de pesos—, luego de detectar la falta de más de 3,8 millones de tarros de duraznos y otros 263 mil de pulpa de fruta.
De acuerdo con la demanda presentada por el abogado José Rojas, Inversiones Carsi fue la más perjudicada y reclama unos $1.600 millones. JPAG y Addwise, por su parte, exigen alrededor de $600 millones cada una.
Los US$2 millones y un departamento de lujo
La compañía peruana Perufarma S.A. reclama otros 2 millones de dólares. En su demanda explica que contaba con un vale de prenda por más de 1,8 millones de tarros de conserva, principalmente duraznos y cóctel de frutas. El documento se emitió en abril de 2019, medio año antes de que estallara la crisis financiera de Dos Caballos.
La demanda, suscrita por el abogado Matías Hiriart Bertrand, afirma que toda la mercancía que respaldaba ese vale fue retirada. En un proceso paralelo, el abogado acusó a Alberto Pentzke Muñoz de recurrir a sociedades familiares para esconder su patrimonio. En términos simples, el escrito sostiene que la maniobra pretendía evitar que respondiera ante los acreedores afectados por las “operaciones comerciales fraudulentas” relacionadas con los warrants.
La acción cuestiona la “venta” de un amplio departamento ubicado en avenida Presidente Riesco, que incluye bodega y cuatro estacionamientos. El abogado demandante afirma que el precio habría sido muy inferior al valor real de la propiedad y señala como compradores a Almamax SpA, sociedad relacionada con los hijos de Alberto.
El escrito objeta que la propiedad se vendiera por 30.500 UF —aproximadamente $1.200 millones—, cuando, según la parte demandante, su valor real supera las 50.000 UF, equivalentes a cerca de $2.000 millones.
La demanda agrega que los poderes notariales utilizados por Almamax fueron otorgados el día anterior a la operación y que la sociedad comparte domicilio con el empresario: el mismo departamento objeto de la venta. También indica que Almamax constituyó en julio de 2025 una filial, Almamax USD SpA, y designó a Alberto Pentzke como gerente general, lo que para Perufarma demostraría que él conservó el control.
Por estos antecedentes, Perufarma presentó además una querella criminal contra Alberto Pentzke, Almamax y sus dos hijos, por la presunta celebración de un contrato simulado. La causa se encuentra en trámite ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
“Operaciones reales”
Francisco Cox, representante de Alberto, afirma que la acción pauliana relacionada con el departamento y la querella por contrato simulado “no pueden prosperar”, pues, según él, no hubo ocultamiento. A su juicio, se trata de “la planificación patrimonial de una persona de más de 80 años”.
“Todas las operaciones son reales y no tenía ninguna prohibición para hacerla. Además, el querellante omite que su supuesta acción civil está prescrita, como lo han establecido dos informes en derecho”, sostiene el abogado.
Bío Bío contactó al abogado de Marta para obtener su versión, pero no recibió respuesta antes del cierre de esta edición. La audiencia de preparación del juicio oral contra los hermanos Alberto y Patricio Pentzke, por la sustracción de las latas sujetas a warrant, quedó fijada para el 5 de enero de 2027.
La empresa fue vendida después de declararse en quiebra.
