La oposición debe sortear el reto de conseguir los respaldos necesarios para aprobar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Por ahora suma 65 votos, frente a los 78 requeridos, y la atención está centrada en el Partido de la Gente, que todavía no resuelve si apoyará el libelo.
La acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, plantea un desafío para la oposición, que deberá reunir los votos suficientes para que la Cámara de Diputadas y Diputados apruebe el libelo.
Tras 16 días de diálogos y discrepancias entre los distintos sectores opositores, el escrito fue presentado finalmente el jueves 12 de noviembre.
El documento fue firmado por diez legisladores pertenecientes a seis partidos y pretende determinar la responsabilidad del ministro por las reducciones de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad.
La acusación está estructurada en tres capítulos.
El primero impugna los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; el segundo se refiere a las reducciones concedidas a responsables de crímenes de lesa humanidad, y el tercero señala posibles transgresiones al principio de probidad.
El jefe de bancada de los diputados socialistas, Raúl Leiva, valoró la coordinación entre los sectores que hizo posible presentar el libelo.
“Se trata de un hecho sin precedentes que permitió coordinar a toda la oposición, convencida en los planos jurídico y político de que estamos actuando correctamente. Confiamos en que las diputadas y los diputados de esta Cámara den curso a la acusación constitucional”, afirmó.
Una vez ingresada la acusación, la atención se enfocó en los 14 diputados del Partido de la Gente. La oposición tiene inicialmente 65 votos y necesita 78 para aprobar el libelo, de modo que debe conseguir al menos 13 respaldos adicionales.
Por ahora, el PDG no ha fijado una postura. Su bancada busca examinar todos los antecedentes antes de decidir, y entre las opciones que se consideran está permitir que cada parlamentario vote según su criterio.
El jefe de bancada, Juan Valenzuela, admitió que hay críticas políticas a la gestión de Rabat, aunque señaló que estas no implican necesariamente una vulneración constitucional.
“En el plano jurídico, que es otro aspecto que debemos considerar, algunas voces autorizadas han señalado que podría haber un reproche moral, pero no una infracción constitucional. Por eso nos corresponde analizar los capítulos incluidos en el libelo”, explicó.
Junto con intentar sumar los votos del PDG, la oposición sigue de cerca a legisladores oficialistas que han expresado objeciones a la gestión del Ministerio de Justicia. Una eventual abstención o inasistencia podría alterar el resultado de la votación.
Por su parte, el Gobierno ha respaldado al ministro y ha puesto en duda los argumentos de la acusación. El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, describió el libelo como “liviano” y “mal preparado”, y dijo confiar en la defensa que presente Rabat.
“El ministro Rabat no incurrió en ningún acto ilegal ni inconstitucional. Al contrario, actuó conforme a la Constitución y a la ley, por lo que, a nuestro entender, la acusación no reúne los requisitos necesarios para que se pueda votar a favor”, sostuvo.
La tramitación comenzará oficialmente en la Cámara el próximo lunes, cuando se dé cuenta del ingreso de la acusación y se integre la comisión revisora. Luego se iniciará otra fase de análisis jurídico y conversaciones políticas que determinarán el futuro del ministro.
