La oposición respaldó la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, debido a las reducciones de condena concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y por violaciones a los derechos humanos. Los diputados sostuvieron que el secretario de Estado transgredió la ley y proporcionó antecedentes engañosos al Congreso. También criticaron al presidente José Antonio Kast por conservarlo en el puesto.
Después de presentar el libelo, compuesto por 189 páginas y tres capítulos de acusación, los legisladores destacaron el trabajo conjunto de los partidos opositores e instaron a otras bancadas a apoyar la iniciativa.
El diputado socialista Raúl Leiva señaló que la presentación se sustenta en razones políticas y jurídicas, y recalcó que fue promovida por la oposición en su conjunto.
“Se trata de un hecho sin precedentes que consiguió reunir a toda la oposición, convencida en lo político y jurídico de que estamos actuando correctamente”, dijo. Añadió que espera que la Cámara respalde la acusación.
Por su lado, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider dirigió sus críticas al Ejecutivo y sostuvo que, por medio del ministro Rabat, “el gobierno del presidente Kast abandonó a las víctimas”.
También afirmó que el ministro entregó datos falsos al explicar sus decisiones ante el Congreso y pidió que se determinen las responsabilidades pertinentes.
En qué consisten los tres capítulos
Al detallar los argumentos del libelo, el diputado comunista Marco Barraza indicó que sus tres capítulos abordan las rebajas de condena a agresores sexuales de menores, los beneficios concedidos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y un posible incumplimiento del deber de probidad.
En relación con este último cargo, afirmó que el ministro infringió el artículo 8 de la Constitución al entregar información que, según los diputados, no concordaba con los antecedentes disponibles.
La diputada PPD Andrea Parra también puso en duda las razones que Rabat presentó para fundamentar las resoluciones del Ministerio de Justicia.
“La Corte Suprema no forzó al ministro Rabat a adoptar esas decisiones”, declaró, y recalcó que el secretario de Estado debía ceñirse a las atribuciones que le confiere la ley.
Leiva agregó que Rabat está bajo varios cuestionamientos, incluida una indagación de Contraloría y denuncias presentadas ante el Ministerio Público, además de la responsabilidad constitucional que los diputados pretenden determinar.
Críticas a Kast y petición de apoyo al libelo
Los parlamentarios también cuestionaron al presidente José Antonio Kast por no haber pedido la renuncia de Rabat en medio de la polémica.
El diputado del FA Jorge Brito planteó que, si el mandatario resolvió mantener al ministro, corresponde al Congreso decidir si continúa en el cargo.
“Si Kast confirmó al ministro, le toca a este Congreso removerlo”, sostuvo. Añadió que Rabat podrá presentar su defensa durante el proceso de la acusación.
En ese sentido, el diputado Luis Malla pidió a legisladores de todas las fuerzas políticas que apoyen la propuesta y dijo que el debate debe enfocarse en las víctimas, por encima de las diferencias partidarias.
A su vez, la diputada Daniela Serrano defendió el tiempo empleado en elaborar el documento y aseguró que fue preparado mediante un proceso coordinado y riguroso.
La parlamentaria anticipó que el próximo lunes la acusación constitucional será presentada oficialmente ante la Cámara, con lo que comenzará su tramitación legislativa.
