Paola Plaza, ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, impuso presidio perpetuo al teniente coronel en retiro del Ejército Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares, como autor de 17 homicidios calificados cometidos en octubre de 1973 en las Termas de Chihuío, comuna de Futrono, región de Los Ríos.
Las víctimas, campesinos y trabajadores forestales del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, incluían a Fernando Adrián Mora Gutiérrez, quien tenía 17 años.
Junto con dictar la condena, la magistrada dispuso que el condenado ingresara a prisión y se mantuviera privado de libertad durante la tramitación del proceso, aunque se trata de un fallo de primera instancia. Para resolverlo, tuvo en cuenta la gravedad de los hechos y la extensión de la pena.
Condenan a presidio perpetuo a exmilitar por la matanza de Chihuío
Según los hechos acreditados durante la investigación, las detenciones arbitrarias de campesinos y trabajadores de la zona comenzaron en septiembre de 1973, en el contexto de la persecución política ejercida por la dictadura.
El 9 de octubre de ese año, cerca de 90 efectivos de los regimientos de Caballería N° 2 Cazadores y de Artillería Motorizada N° 2 Maturana, ambos asentados en Valdivia, se desplazaron a Futrono y a localidades rurales cercanas.
La operación incluyó arrestos de trabajadores en Futrono, Curriñe y Chabranco. En ciertos casos, funcionarios de Carabineros los entregaron a los militares; en otros, los integrantes de la comitiva los detuvieron durante el trayecto.
Los 17 campesinos y trabajadores forestales fueron llevados a las Termas de Chihuío y mantenidos atados con alambres en dependencias de la casa patronal de un fundo.
La noche del 9 de octubre los sacaron del recinto y los condujeron a una zona boscosa, aproximadamente a 500 metros del inmueble. De acuerdo con lo establecido en la investigación, allí los ejecutaron con ráfagas de fusil.
Los cuerpos quedaron en el lugar durante varios días antes de ser sepultados en secreto en tres fosas comunes. Tiempo después, personas que no han sido identificadas retiraron los restos para ocultar las pruebas del crimen.
En diligencias arqueológicas y judiciales posteriores se recuperaron fragmentos de huesos, prendas de vestir y pertenencias de las víctimas. Pese a ello, todavía se desconoce dónde están los restos que fueron removidos, y sus familias no han podido darles sepultura.
En su sentencia, la magistrada impuso a Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares presidio perpetuo por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez, menor de 17 años.
