Karin Salgado trabajó durante 14 años cuidando pacientes en el Hospital Herminda Martin de Chillán. Su muerte, ocurrida el 12 de noviembre de 2019, puso en debate el acoso laboral y dio origen a la ley que lleva su nombre. Siete años más tarde, aún queda una tarea pendiente: lograr que las instituciones, además de investigar y sancionar los malos tratos, puedan prevenirlos y resguardar a sus trabajadores antes de que el daño sea irreversible.
A los niños de Pediatría los llamaba sus “pacientitos”. También cuidaba a dos perros que vivían en el hospital, a los que puso por nombre Martín y Herminda. Esos son algunos de los recuerdos que sus colegas atesoran de Karin Salgado, técnica en enfermería que llevaba 14 años en el principal centro asistencial de Ñuble.
Gran parte de su vida estuvo dedicada a atender a otras personas. Sin embargo, en sus últimos años de trabajo vivió conflictos que tuvieron un profundo impacto en su vida.
Lo que vivió reveló una problemática que trasciende su caso: muchas instituciones tienen dificultades para identificar los malos tratos, actuar a tiempo y proteger a quienes los denuncian. Esa es la deuda que sigue vigente siete años después, a pesar de los avances legislativos: que ningún trabajador tenga que enfrentar el acoso sin una respuesta efectiva.
La situación se inició en enero de 2018, tras una denuncia por hurto de insumos que dio paso a una investigación administrativa. Al principio Karin fue citada como testigo, pero finalmente recibió una sanción. Más adelante la trasladaron a la bodega de farmacia, lo que también significó una disminución de sus ingresos.
En un escrito presentado ante Contraloría, señaló que dependía exclusivamente de su sueldo y que le resultaba difícil pagar sus gastos básicos. A las tensiones laborales se añadió la inquietud por cómo llegar a fin de mes.
Finalmente, Karin murió por suicidio el 12 de noviembre de 2019, a los 40 años.
Su fallecimiento impactó a sus compañeros, quienes se organizaron para movilizarse y pedir respuestas. El caso trascendió el hospital y expuso una realidad que por mucho tiempo se había considerado normal: los malos tratos, el miedo a denunciar a una jefatura y la desprotección que pueden sentir los trabajadores.
En 2021, BioBioChile publicó una investigación que reconstruyó el sumario, las dificultades que enfrentó Karin y los testimonios de personas que la conocieron. En esos recuerdos también surgió su preocupación por los demás; incluso colaboró para que una niña abandonada en el centro asistencial encontrara una familia adoptiva.
De una tragedia ocurrida en Chillán a una ley para todo el país
La familia de Karin Salgado y las personas que respaldaron su causa procuraron que lo sucedido se tradujera en cambios para resguardar a otros trabajadores.
Al cabo de casi cinco años, la Ley 21.643, llamada Ley Karin, entró en vigor el 1 de agosto de 2024.
La ley exige a empleadores e instituciones públicas adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Además, dispone que existan protocolos preventivos y mecanismos para recibir denuncias, y establece que una sola conducta puede ser considerada acoso laboral si reúne las condiciones previstas por la ley.
Fue un cambio importante en espacios donde frases como “así es el jefe” o “siempre se ha trabajado de esta manera” servían para excusar humillaciones y malos tratos.
La norma asignó nuevas obligaciones a las organizaciones, aunque su implementación también puso de manifiesto lo complejo que es modificar conductas arraigadas.
Numerosas denuncias y retos para poner en práctica la ley
Entre el 1 de agosto de 2024 y el 30 de junio de 2026, la Dirección del Trabajo contabilizó 92.643 ingresos relacionados con eventuales situaciones comprendidas en la Ley Karin.
Un total de 32.565 se clasificó para proseguir su tramitación conforme a la normativa, y 14.658 pasó a investigación. En ese lapso finalizaron 8.528 investigaciones y en 1.551 se determinó administrativamente que hubo hechos vulneratorios.
Las mujeres presentaron el 66,7% de las denuncias que llegaron a investigación, mientras que el 86,7% de las materias investigadas correspondió a acoso laboral.
Es necesario, no obstante, considerar algunas precisiones al leer estas cifras. Los ingresos no representan necesariamente casos confirmados ni personas diferentes. Del mismo modo, que una investigación no consiga comprobar los hechos denunciados no quiere decir que la denuncia fuera falsa.
Estas cifras ayudan a entender cómo opera el sistema, pero por sí solas no permiten saber cuánto acoso se ha prevenido.
Tras más de dos años de vigencia, la aplicación de la ley ha sido objeto de críticas por la lentitud de las investigaciones, los obstáculos para reunir antecedentes y las interrogantes sobre algunos procedimientos.
Ante esa situación, el Gobierno promovió ajustes reglamentarios y el 29 de octubre volvió a presentar ante Contraloría el reglamento que busca aclarar, entre otros aspectos, cómo abordar denuncias incompletas y las investigaciones que siguen abiertas cuando concluye una relación laboral.
Aun así, los cambios administrativos no bastan para solucionar lo que sucede en los espacios de trabajo.
Un protocolo puede indicar el canal para denunciar, pero no necesariamente hará que alguien se sienta protegido al hacerlo. Una capacitación puede detallar qué se considera acoso, sin que eso garantice un cambio en la conducta de una jefatura.
Ese es uno de los principales retos de la Ley Karin: hacer que la prevención sea parte de las relaciones laborales de todos los días, en lugar de reducirla a cumplir con una exigencia formal.
Siete años después, la deuda que Chile aún tiene con Karin Salgado
Karin no llegó a conocer la ley que hoy lleva su nombre. Tampoco pudo prever que su historia alcanzaría al Congreso y que, con el paso de los años, miles de trabajadores contarían con una herramienta para denunciar el acoso.
Pero sus conocidos la recuerdan por mucho más que una ley: por los niños a quienes decía sus “pacientitos”, por los perros que cuidaba en el hospital y por la atención que dedicaba a los demás durante buena parte de su vida.
Esos detalles ayudan a recordar a Karin más allá de la tragedia que sufrió. Su nombre pertenecía a una mujer y compañera de trabajo, alguien que también merecía que la escucharan y la protegieran.
Siete años más tarde, el país cuenta con una ley nacida del dolor y del empeño de quienes lucharon para que su historia no fuera olvidada.
Pero la deuda continúa. El legado de Karin Salgado no debería evaluarse únicamente según cuántas denuncias se investigan o cuántas sanciones se imponen, sino también por cuántas personas pueden regresar a casa sin llevarse el miedo, la angustia o las humillaciones de su jornada laboral.
Tal vez ese sea el homenaje más valioso que todavía se le debe: lograr que ninguna otra persona tenga que morir para que su voz sea escuchada.
