Quince días después de anunciarlo, la oposición presentó finalmente la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La acusación invoca la causal de infracción de la Constitución o las leyes, establecida en el artículo 52 N° 2, letra b), de la Carta Fundamental. Con su presentación comienza un proceso que podría concluir con la destitución del secretario de Estado, si el libelo obtiene respaldo en la Cámara y luego en el Senado.
Los cuestionamientos de la oposición se refieren tanto a las rebajas de penas para agresores sexuales de menores como a los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad. También plantean posibles incumplimientos en la entrega de antecedentes necesarios para fiscalizar esas decisiones.
Al respecto, el subsecretario de la Segegob y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, señaló en TVN: “Por fin presentaron (la acusación constitucional); llevábamos más de 15 días con esta teleserie política”.
También cuestionó los argumentos incluidos en el libelo y afirmó: “Hicieron un texto, hasta conozco bastante liviano, que no configura ninguna de las causales de una acusación constitucional”.
“El ministro dará su respuesta; es un jurista de peso y confiamos en que le irá bien en esta acusación constitucional. Una acusación tan liviana, mal preparada e ideológicamente sesgada, creo que no puede triunfar en el Congreso”, concluyó.
A continuación, revisa los tres capítulos de la acusación constitucional:
Capítulo I:
Reducciones de penas que la ley no permitía
El primer capítulo cuestiona las 56 rebajas de condena que el Ministerio otorgó entre junio y septiembre a personas sentenciadas por violación y abuso sexual de menores. Según la minuta, la Ley N° 21.421, de 2022, “los excluye expresamente del beneficio”. La acusación identifica 22 decretos que se hicieron públicos y recalca que “ninguno se dictó por orden de un tribunal en la causa respectiva”.
El escrito afirma que el ministro concedió las rebajas “pese a que el artículo 17, letra e), de la Ley N° 19.856, modificado por la Ley N° 21.421, lo prohíbe expresamente”. Añade que la norma establece que esos beneficios “no tendrán lugar en caso alguno” para tales delitos y que el reglamento dispone emitir un decreto de rechazo cuando se presenta esa causal.
La minuta también acusa al ministro de no haber atendido el interés superior del niño. Explica que el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.430 establecen la obligación de darle prioridad. “Ningún decreto lo pondera, y no consta que las víctimas fueran escuchadas o informadas”, sostiene el documento.
El libelo plantea, además, que el ministro incurrió en abuso de poder al extender a todos los casos fallos favorables dictados para algunos condenados. “Las sentencias sólo obligan en la causa que resuelven”, indica, y agrega que Rabat justificó su decisión apelando a la eficiencia y a “la conveniencia de evitar la judicialización”. También lo acusa de intervenir en causas pendientes y de infringir la ley por omisión al paralizar la tramitación de las postulaciones.
Capítulo II:
Tres exagentes de la dictadura quedaron en libertad
El segundo capítulo examina la reducción de las penas de tres exagentes del Estado condenados por delitos de lesa humanidad. La minuta sostiene que el Ministerio se limitó a aplicar la Ley N° 19.856 y no realizó la evaluación individual exigida por la Constitución y los tratados, que debía considerar si los condenados colaboraron con la justicia, reconocieron los hechos, contribuyeron a reparar a las víctimas y qué consecuencias tendría su liberación para ellas. Uno de los beneficiados recibió condena por el secuestro de cinco personas que continúan desaparecidas.
De acuerdo con el documento, los decretos señalan que el Ministerio “no está habilitado para denegar el beneficio (…) fundado en la gravedad del delito”. En respuesta, la minuta recuerda que “la Comisión Interamericana le pidió a Chile justamente lo contrario”. También acusa al ministro de apartarse sin dar razones del criterio ministerial: en 2025 se rechazaron solicitudes de coautores del mismo crimen, decisión respaldada por la Corte Suprema, mientras que Rabat concedió el beneficio en 2026.
La minuta afirma que el ministro estaba facultado para resolver en sentido opuesto. “La ley le encarga otorgar o rechazar el beneficio, su ley orgánica le encarga revisar la normativa a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, y su ministerio rechazó estas rebajas en 2025”, señala el escrito.
El texto advierte que la rebaja de condena no puede revertirse y que los tres condenados ya se encuentran en libertad. Añade que una nueva reducción de estas penas podría generar otra responsabilidad internacional para el Estado y perjudica a las familias de personas desaparecidas. Asimismo, recalca que la decisión fue adoptada por el ministerio cuya función es proteger los derechos humanos.
Capítulo III:
Los antecedentes entregados al Congreso
El capítulo final aborda la información proporcionada por el ministro al Congreso. La minuta señala que, ante la Comisión de Constitución del Senado el 27 de octubre y frente a la Sala de la Cámara el 28 de octubre, Rabat sostuvo que su cartera “simplemente formaliza” las decisiones de las comisiones de reducción de condenas y que la Corte Suprema lo obligaba a actuar así. Además, mostró un decreto de la administración anterior que, según el documento, no era comparable.
El libelo considera que esa actuación vulneró el principio de probidad. Para ello cita el artículo 8° de la Constitución, que exige su observancia estricta, y el artículo 52 de la Ley N° 18.575, que establece el deber de mantener “un desempeño honesto y leal de la función o cargo”. “No hay desempeño honesto cuando un ministro informa a otro poder del Estado hechos falsos o incompletos”, sostiene el texto.
La minuta añade que el ministro entregó información falsa al órgano encargado de fiscalizarlo, durante sesiones televisadas. Indica que algunos parlamentarios presentaron el decreto de 2025 como si la víctima fuera una niña y que Rabat sabía que los casos no eran comparables, pues su ministerio litigó esos amparos y tenía el decreto en sus archivos. “No corrigió ni rectificó la información”, señala el documento revisado por este medio.
