El diputado y timonel del PPD, Raúl Soto, afirmó que la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, podría reunir votos del Partido de la Gente y apoyos de Chile Vamos. Según anticipó, estos podrían expresarse mediante votos favorables, abstenciones o ausencias durante la votación.
“Yo creo que los votos están”, dijo este lunes, al tiempo que defendió los argumentos del libelo y acusó al ministro de modificar el criterio utilizado para conceder rebajas de condena.
Este lunes 16 de noviembre, la Cámara de Diputadas y Diputados inicia la tramitación de la acusación y debe sortear a los integrantes de la comisión que la analizará.
Soto prevé apoyos de Chile Vamos a la AC contra Rabat
El presidente del PPD señaló que los apoyos se definirán conforme los parlamentarios revisen los argumentos incluidos en el documento.
“Yo creo que van a estar todos los votos de la oposición”, declaró hoy a Radio Agricultura. También estimó que podrían incorporarse otros sectores, como el PDG: “Creo que va a estar una mayoría de votos del partido de la gente”.
Soto igualmente previó que algunos diputados de Chile Vamos podrían colaborar, pero no mencionó nombres ni precisó cuántos serían.
“Creo que vamos a tener colaboración también de algunos parlamentarios de Chile, vamos”, dijo. “Hay distintas formas de colaborar; puede ser votando a favor, puede ser absteniendo, puede ser no votando, saliendo de la sala”, agregó.
Cuestiona el cambio de criterio y las explicaciones de Rabat
El libelo se refiere a rebajas de condena otorgadas a responsables de delitos sexuales contra menores, beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y eventuales faltas a la probidad relacionadas con los antecedentes proporcionados al Congreso.
Soto criticó que Rabat se apartara del criterio de gobiernos anteriores y entregara beneficios a partir de una interpretación que, sostuvo, correspondía determinar a los tribunales.
“El ministro de Justicia no puede atribuirse facultades jurisdiccionales que le corresponden a los tribunales de justicia”, afirmó.
Además, acusó al secretario de Estado de que “actuó de mala fe y mintió”, y puso en duda sus explicaciones respecto de las obligaciones jurídicas que debía considerar al resolver las solicitudes.
El Gobierno ha sostenido que los decretos se ajustan a la ley, mientras que el presidente José Antonio Kast ha reiterado su apoyo al ministro. La oposición, por su parte, pretende determinar responsabilidades a través del mecanismo constitucional.
“Creemos que esta acusación constitucional es lo suficientemente robusta en términos jurídicos y también políticos”, sostuvo Soto.
El diputado dijo confiar en que el libelo superará su paso por la Cámara, aunque reconoció que más adelante deberán afrontar otra decisión en el Senado. “Esta acusación constitucional tiene altas probabilidades de llegar a buen puerto”, concluyó.




