Han transcurrido cinco décadas desde que las víctimas, todas dirigentes o militantes del Partido Comunista, fueron secuestradas y trasladadas al centro de exterminio de Simón Bolívar. También han pasado más de siete años desde que Adriana Rivas, exagente de la DINA y quien fuera secretaria de Manuel Contreras, quedó detenida en Australia tras una solicitud de extradición presentada por Chile.
Aunque varias resoluciones han dado luz verde a su entrega, Rivas aún no regresa al país, donde ya había sido procesada.
Este jueves, los familiares de siete detenidos desaparecidos volverán a reunirse frente a una pantalla. A más de 11 mil kilómetros de distancia, el Pleno de la Corte Federal de Australia examinará otra apelación de “la Chany”, quien durante años ha eludido a la justicia chilena.
“Este año se cumplen 50 años desde que nuestros familiares fueron detenidos por la DINA y trasladados al cuartel de exterminio de Simón Bolívar. Medio siglo es una vida entera. Algunos de nosotros ya fallecieron, pero quienes seguimos aquí continuamos exigiendo justicia”, afirma a BioBioChile María Luisa Ortiz, hija de Juan Fernando Ortiz Letelier, detenido desaparecido.
La labor de la secretaria de Manuel Contreras en Simón Bolívar
Adriana Rivas recibió formación como agente y trabajó junto a Manuel Contreras, jefe de la DINA, el organismo represivo de la dictadura de Pinochet. Además, tuvo nexos con el cuartel de Simón Bolívar, donde funcionaba la brigada Lautaro, dedicada a perseguir a dirigentes comunistas.
Durante años, Rivas ha negado haber intervenido en detenciones o torturas, mientras su defensa la presenta como una secretaria encargada de labores administrativas. Los abogados querellantes, en cambio, afirman que su función era otra y la califican como una “secretaria operativa” que participaba activamente en arrestos y traslados.
Chile pide su extradición por siete delitos de secuestro calificado, investigados en las causas conocidas como Conferencia I y Conferencia II.
Las víctimas son Víctor Manuel Díaz López, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Fernando Navarro Allende, Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic y Héctor Véliz Ramírez.
La DINA persiguió a todos por su actividad política y los secuestró en el marco de una ofensiva contra la dirección clandestina del Partido Comunista. Reinalda tenía 29 años y estaba embarazada cuando fue detenida, el 15 de diciembre de 1976.
La investigación determinó que los siete fueron trasladados al cuartel Simón Bolívar, un lugar donde, de acuerdo con los testimonios incluidos en la causa, ningún detenido sobrevivió.
Procesamiento, escape y arresto en Australia
En febrero de 2007, Adriana Rivas fue procesada como presunta coautora del secuestro calificado de Víctor Díaz, en el caso Conferencia I. El 31 de agosto de 2009 enfrentó un nuevo procesamiento, esta vez como supuesta coautora de los otros seis secuestros calificados investigados en Conferencia II.
Se le imputa haber actuado como coautora, una figura que comprende a quienes acuerdan cometer un delito y proporcionan los medios para llevarlo a cabo, o lo presencian sin impedirlo pese a ser parte del plan.
Los demás agentes involucrados en Conferencia I y II fueron sometidos a juicio y condenados. El proceso contra Rivas, en cambio, quedó sin resolver por un motivo específico: huyó en 2012, antes de que se le formularan cargos y fuera juzgada.
Después de su fuga, se emitieron órdenes de detención y captura internacional contra Adriana. La tramitación formal de la solicitud de extradición comenzó en 2013 y, a principios de 2014, la Corte Suprema determinó que correspondía solicitar su entrega.
En 2016 fue declarada rebelde. La causa quedó bajo un sobreseimiento temporal y parcial, lo que significa que no fue absuelta ni se puso fin definitivo a su caso.
Rivas permanece detenida en Australia desde febrero de 2019. En 2024, el Gobierno australiano autorizó su extradición, pero su defensa interpuso nuevos recursos. El más reciente fue desestimado en abril por el juez Michael Lee, quien sostuvo que Chile la reclama por siete secuestros calificados y que corresponde a la justicia chilena establecer su responsabilidad.
El Pleno de la Corte Federal de Australia revisará este miércoles la apelación contra esa decisión.
Si Adriana Rivas vuelve a Chile, se dejará sin efecto su condición de rebelde y se reanudará el antiguo proceso penal. El tribunal podría disponer nuevas diligencias y, una vez concluida la investigación, decidir si presenta una acusación. A continuación se desarrollaría el plenario —es decir, el juicio— y se dictaría una sentencia de primera instancia, que podría ser revisada por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
Una audiencia decisiva podría definir la extradición de Adriana Rivas
María Luisa Ortiz ha pasado por esta situación en otras ocasiones. Junto a otras familias, ha seguido por internet una serie de audiencias celebradas al otro lado del mundo. Cada resolución parecía aproximar el retorno de Rivas, pero luego surgía una nueva impugnación.
“Los tribunales han rechazado sus apelaciones cada vez y han establecido que puede ser extraditada a Chile. Aun así, ella siempre encuentra una vía para apelar otra vez y acudir a la siguiente instancia”, afirma.
Este miércoles volverán a conectarse. “Estaremos presentes, y seguiremos en cada instancia que haga falta hasta que se haga justicia y ella enfrente a los tribunales en Chile”, agrega.
Francisco Ugás, abogado de las familias de las víctimas de Conferencia II, comparte esa esperanza.
“Confiamos en que la audiencia ante el Pleno de la Corte Federal de Australia sea la última y que la justicia de ese país finalmente haga efectiva la extradición de Adriana Rivas”, manifestó.
Ugás sostiene que la demora no debe contarse solo desde el inicio del procedimiento de extradición. El plazo se remonta a 1976, cuando agentes de la dictadura secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a las víctimas.
“Las familias de las víctimas, sus equipos jurídicos y la sociedad chilena en su conjunto necesitamos terminar con este prolongado periodo de impunidad, que se extiende desde 1976 hasta hoy, y conseguir que Rivas sea entregada a la justicia chilena para ser juzgada”, señaló.




