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Chile
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Más de $3,8 billones. Esa es la cifra que, según informó el Poder Judicial, los tribunales han ordenado pagar en pensiones de alimentos adeudadas desde que se aprobó la llamada Ley Papito Corazón, que esta semana cumple cuatro años. Un billón, en Chile, equivale a un millón de millones de pesos.
Detrás de ese número hay familias, sobre todo madres, que por años no recibieron el dinero que les correspondía para criar a sus hijos. Ese fue el punto de partida de una entrevista Carolina Araya, abogada y directora de Derecho de la UDLA, en la que se repasó qué ha cambiado y qué falta.
La ley creó herramientas pensadas para que cobrar deje de ser una carrera de obstáculos. La primera, llamada procedimiento especial de cobro, faculta al tribunal de familia para ubicar y embargar los saldos que el deudor tenga en bancos y en otros instrumentos financieros.
Si eso no alcanza para cubrir lo adeudado, existe el procedimiento extraordinario, que abre la puerta a los fondos de pensiones del deudor, es decir, a sus ahorros previsionales en la AFP. Las preguntas planteadas en la conversación apuntaron a cuándo se puede pedir, qué requisitos exige y qué pasa si el obligado tiene pocos ahorros o está cerca de jubilar.
También se abordó el primer paso de quien recién enfrenta el problema, el papel de la mediación familiar (una instancia previa para intentar un acuerdo) y cómo se fija el monto cuando el obligado dice estar sin empleo, trabaja de manera informal o declara menos ingresos de los reales.
Otro pilar es el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que desde su creación acumula más de 728 mil inscripciones, aunque una parte importante ya fue cancelada. Estar en la lista trae consecuencias concretas, y la entrevista buscó aclarar qué restricciones enfrenta quien figura ahí, como trabas para pedir créditos, vender bienes o renovar documentos.
Con todo, la ley no resuelve todos los casos. Hay mujeres que llevan años esperando y que, pese a haber pedido la retención de fondos, no logran recuperar el dinero porque el deudor aparentemente no tiene recursos.
La conversación puso sobre la mesa situaciones especialmente complejas, como las de progenitores que saltan de empleo en empleo, esconden lo que ganan, pasan propiedades a nombre de terceros o se radican fuera del país. Se preguntó qué herramientas existen para perseguir otros bienes, pedir medidas de apremio (acciones para presionar al deudor a pagar) o exigir nuevas diligencias para que el proceso no se estanque.