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Informe de la UDP advierte falta de claridad legal para desalojar campamentos y cuestiona la Ley de Usurpaciones

foto Gustavo Donat Sandoval
Escrito por:Gustavo Donat SandovalPeriodista. Editor de prensa de BioBioChile.

La falta de garantías para las familias afectadas por desalojos de campamentos y la inexistencia de procedimientos que permitan comprobar si estas se respetan figuran entre las principales falencias detectadas por un estudio de la Universidad Diego Portales (UDP). El análisis también pone en duda las consecuencias de la Ley de Usurpaciones en estos procesos.

El trabajo, conocido por BioBioChile, integra el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2026. Aunque reconoce avances de la Corte Suprema al definir condiciones básicas para los desalojos, plantea que la actuación estatal sigue sin ajustarse de manera suficiente a las normas internacionales sobre el derecho a una vivienda adecuada.

La abogada Tatiana Torres Montenegro estuvo a cargo del capítulo, que revisó 22 fallos de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones dictados entre enero de 2022 y julio de 2026, junto con la normativa vigente y su aplicación por los tribunales.

Una de las conclusiones del estudio es que en Chile no existe una ley que prohíba de forma explícita los desalojos forzosos, según la definición del derecho internacional, ni que garantice la protección de las personas afectadas antes, durante y después de su ejecución.

La preocupación cobra importancia ante las cifras del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo-Chile: 447 de los 1.428 campamentos contabilizados en el país estaban amenazados con un desalojo. Un 55,2% de estos había recibido, según lo informado, una notificación oficial.

Ley de Usurpaciones: distintas modalidades para ejecutar desalojos

Entre los hallazgos centrales del análisis están las diferencias entre las vías judiciales que se emplean para resolver disputas entre dueños de terrenos y familias que los ocupan sin autorización.

El informe reconoce que la Corte Suprema ha fijado algunas condiciones para llevar adelante desalojos. No obstante, señala que las garantías se enfocan principalmente en la ejecución y no consideran de forma suficiente lo que ocurre antes y después, ni establecen cómo verificar que se cumplan.

El panorama se complejiza con la Ley 21.633, denominada Ley de Usurpaciones, que añadió el artículo 157 ter al Código Procesal Penal. La norma faculta a solicitar ante un tribunal el desalojo de un inmueble ocupado en cualquier fase de la investigación, incluso antes de que se formalice.

Marcela Zúñiga, editora general del Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP, indicó que recuperar terrenos ocupados ilegalmente es un propósito legítimo, pero recalcó que esa finalidad no libera al Estado de sus deberes en materia de derechos humanos.

“El Estado puede legítimamente recuperar terrenos ocupados de manera ilegal; el Informe no cuestiona ese propósito, sino la forma de llevarlo a cabo”, afirmó.

La académica señaló que hoy existen dos mecanismos para efectuar desalojos, y que las protecciones que ofrecen a las personas afectadas son diferentes.

“Actualmente hay dos procedimientos de desalojo, y el más nuevo es el que contempla menos resguardos. Habitualmente, quienes son desalojados no están identificados ni reciben notificación, carecen de abogado y no tienen oportunidad de ser escuchados”, sostuvo.

Zúñiga añadió que no hay un catastro oficial para establecer el número de desalojos realizados ni para saber si las familias recibieron soluciones de vivienda y medidas de resguardo.

Protecciones establecidas por el derecho internacional

Según el estudio, la ausencia de reglas específicas hace que aspectos importantes de los desalojos dependan de cada decisión judicial, sin un mecanismo general para vigilar el cumplimiento de las medidas de protección a las familias.

Entre los problemas señalados están la forma de notificar a las personas, las oportunidades que tienen para exponer su situación antes de que se resuelva el caso y las condiciones de vivienda que enfrentan tras dejar el terreno.

En este escenario, Zúñiga sostuvo que los derechos humanos deben incorporarse al diseño y la puesta en práctica de todas las políticas públicas, incluidas las que buscan recuperar propiedades ocupadas.

“Corresponde evaluar si la medida es necesaria y proporcional, si garantiza el debido proceso y si puede dejar a alguien sin vivienda. Que el fin sea legítimo no justifica cualquier método para conseguirlo”, expresó.

La editora destacó además que la Corte Suprema ha incorporado estándares internacionales para fijar condiciones a la ejecución de desalojos, aunque advirtió que el alcance de estos avances es limitado.

“El capítulo también advierte que ese fallo tiene límites: se ocupa únicamente de la ejecución del desalojo y no indica cómo comprobar que las condiciones se cumplan”, explicó.

Propuestas del informe de la UDP

En respuesta a sus hallazgos, el estudio propone aprobar una ley que detalle las garantías que deben regir los desalojos, modificar algunos puntos de la Ley de Usurpaciones y poner en marcha un registro público para documentar cómo se ordenan y llevan a cabo estos procedimientos.

Asimismo, plantea diferenciar las ocupaciones motivadas por la falta de vivienda de aquellas asociadas al lucro o a delitos, y fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, mujeres y otros grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Zúñiga sintetizó tres medidas destacadas del capítulo: promulgar una ley con garantías y condiciones apropiadas para el reasentamiento, revisar la Ley 21.633 y establecer un registro oficial de desalojos.

“No está en discusión que el Estado pueda recuperar un terreno. La cuestión desde los derechos humanos es de qué manera lo hace, qué garantías y supervisión existen, y cuál será el destino de las familias desalojadas”, concluyó.