La Mesa del Senado se pronunció este jueves sobre la polémica generada por el retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes viajaron a Asia con el presidente José Antonio Kast. El caso surgió luego de que Órdenes afirmara que su firma fue usada sin su autorización para gestionar el trámite, que podía modificar los votos requeridos para aprobar algunas partidas del Presupuesto 2027.
En una declaración suscrita por Paulina Núñez e Iván Moreira, presidenta y vicepresidente de la Cámara Alta, la Mesa indicó que no se ha establecido que exista una falsificación. Añadió que la Secretaría recibió documentos firmados, aunque esa recepción no acredita que los parlamentarios hayan autorizado su ingreso.
La Corporación informó que examinará la solicitud de Órdenes y que entregará antecedentes a la Fiscalía si esta los solicita. En paralelo, una querella pretende aclarar si el senador Juan Luis Castro intervino en la tramitación del documento objetado.
El origen de la polémica por los permisos
El caso se inició con el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza. Radio Bío Bío informó que Castro, en su calidad de jefe del comité del Socialismo Democrático, gestionó el trámite sin contar con la autorización de ambos senadores, según lo que estos han señalado.
Órdenes afirmó que no firmó ni presentó un documento para retirar su permiso y que tampoco facultó a alguien para emplear su firma con ese fin.
El asunto tiene consecuencias que exceden el trámite administrativo, pues los permisos afectan el cálculo de los quórums. Su retiro podía elevar el número de votos que el Gobierno requería para aprobar ciertas materias presupuestarias. Los dos permisos fueron restablecidos el miércoles.
El Senado afirma que no se ha acreditado una falsificación de firmas
Ante las críticas, Núñez y Moreira llamaron a no dar por probada una falsificación: “No se ha confirmado que haya ocurrido una falsificación de firmas durante la tramitación de estos permisos; incluso, uno de los senadores involucrados lo ha descartado públicamente. Por ello, no corresponde presentar como acreditado un hecho que aún no ha sido establecido”.
El texto plantea que lo sucedido con Órdenes debe ser aclarado y que “las instancias competentes tendrán que establecer si existen responsabilidades”.
La Mesa detalló que la Secretaría recibió los permisos con sus respectivas firmas conforme al procedimiento habitual. No obstante, precisó que esa gestión tiene un alcance limitado:
“La recepción es un trámite administrativo: no supone validar las autorizaciones para presentar los documentos ni comprobar las circunstancias en que fueron firmados”.
También sostuvo que “cada comité parlamentario debe coordinarse con el senador o senadora correspondiente para presentar la documentación pertinente”.
Examen de la solicitud y apoyo a la Fiscalía
La Mesa comunicó que revisará la petición de Órdenes, planteada durante la sesión del miércoles.
“En nuestra calidad de Mesa del Senado, examinaremos la solicitud presentada ayer en la Sala para revisar lo ocurrido y determinar qué medidas institucionales corresponden”, señaló, sin especificar la apertura de un sumario ni otras acciones concretas.
En relación con la investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público, indicó que “hasta ahora, el Senado no ha recibido una comunicación oficial ni una notificación formal sobre esa investigación”.
Asimismo, afirmó que, cuando llegue una comunicación y se soliciten antecedentes, “la Corporación prestará plena colaboración a la Fiscalía”.
Este jueves, la Fundación Fuerza Ciudadana interpuso una querella contra Castro y contra quienes puedan resultar responsables. La acción pretende esclarecer cómo se elaboró el documento, de qué manera se utilizó la firma de Órdenes y qué efectos pudo tener el retiro de los permisos en las votaciones presupuestarias.




