Este jueves concluyeron ante el Tribunal Constitucional (TC) los alegatos sobre la legalidad de exigir buena conducta a los abogados. La audiencia duró cerca de una hora y media y se concentró en los planteamientos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que intervino en representación de la Corte Suprema.
Sebastián Soto, abogado del CDE, sostuvo que el requisito de buena conducta debe conservarse como condición para ejercer la profesión.
Esto, aunque el TC ha emitido anteriormente nueve fallos que declararon inconstitucional exigir un certificado que acredite esa condición para que los abogados obtengan su título profesional.
Una vez concluida la vista de la causa, el pleno deliberará para llegar a un acuerdo. Los ministros disponen de 30 días para dictar sentencia y resolver si se elimina o se mantiene esta exigencia del Código Orgánico de Tribunales.
Sin embargo, al tratarse de la eventual expulsión de una norma, se requiere el respaldo de cuatro quintos del pleno: es decir, ocho de los diez ministros deben votar a favor para resolver la controversia.
En ese contexto, Soto planteó que el estándar ético debe mantenerse, a raíz de los recientes escándalos de jueces, abogados y ministros relacionados con asuntos de probidad.
“La ética pertenece a un ámbito distinto del derecho penal. A veces alguien puede no incurrir en delitos y, aun así, actuar de forma contraria a la ética. Esa autonomía también debe protegerse y, a nuestro juicio, el requisito de buena conducta contribuye a ello”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, sostuvo que si el TC declara inconstitucional el requisito de buena conducta, la Corte Suprema no debería continuar otorgando los títulos de abogado. A su juicio, esa tarea tendría que quedar exclusivamente en manos de las universidades, como sucede con las demás profesiones.
“En la práctica, dejaríamos el título de abogado en manos de la Corte Suprema, pero sin permitirle realizar indagaciones vinculadas con el mérito de la conducta de los postulantes”, explicó.
Pablo Alarcón Jaña, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae, señaló que las modificaciones constitucionales de 2005 encomendaron al Poder Legislativo establecer los criterios éticos y las conductas exigibles a los profesionales para ejercer, una tarea que aún sigue pendiente.
“En 2005, cuando se introdujeron cambios sustanciales a la Constitución Política de la República, se dispuso en el artículo 19, número 16, que el legislador debía establecer parámetros éticos para todas las profesiones, no únicamente para la abogacía. Han transcurrido más de 21 años y esa norma todavía no se dicta. Esto refleja, lamentablemente, el escaso interés del legislador en la materia”, indicó.
El relator del TC, José Francisco Leyton, explicó que la Corte Suprema puede solicitar los antecedentes que considere necesarios respecto de los postulantes, aunque esa facultad tiene límites. Entre otros, deben excluirse datos sobre convicciones políticas o religiosas.
“La evaluación de antecedentes personales está sujeta a límites constitucionales. Por ello, la facultad de la Excelentísima Corte Suprema para realizar las averiguaciones que estime pertinentes debe interpretarse de manera restrictiva”, señaló.
También agregó: “En todos los casos, esas indagaciones deben ser pertinentes, necesarias y proporcionales al objetivo de comprobar la idoneidad profesional de la o el postulante”.
Ahora resta conocer el fallo del TC, que determinará si se modifica o se precisa la norma sobre la buena conducta exigida a los abogados.





